El documento, que forma parte de los Informes nacionales del 2020 sobre prácticas de derechos humanos del Departamento de Estado incluye siete secciones en las que se analizan algunos casos concretos; por ejemplo, se menciona la muerte de Édgar Ic Pérez, quien fue víctima de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando regresaba de su trabajo durante el toque de queda impuesto por el Gobierno ante la pandemia de coronavirus.
Además, la Unidad para la Protección de Defensores de Derechos Humanos reveló que “al menos 14 miembros de grupos activistas rurales e indígenas fueron asesinados o murieron en circunstancias controvertidas entre enero y agosto”.
Según el informe, “algunos de los asesinatos parecían tener una motivación política”. En 2019 fueron asesinados 15 activistas o defensores de los derechos humanos.
También lea: “Tres Quiebres” se pone a disposición de la DEA si le confirman vínculos con el narcotráfico
También resalta las dificultades de la Prensa para hacer su trabajo, y cita el caso del periodista Sonny Figueroa, quien “denunció acoso luego de haber publicado un informe en el que denunciaba que el director del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, incurría en nepotismo. Figueroa terminó en prisión.
“Los reporteros que cubren el crimen organizado, incluidos sus vínculos con funcionarios públicos corruptos, reconocieron practicar la autocensura debido al peligro que crea el periodismo de investigación para ellos y sus familias”, refiere.
El 27 de febrero del 2020, hombres armados entraron en la casa del periodista Bryan Guerra y lo mataron. Previo al incidente, Guerra había denunciado amenazas en las redes sociales. El 10 de noviembre, asaltantes no en motocicletas atacaron al director de televisión Mario Ortega en Puerto San José, Escuintla, y cinco días después murió en un hospital.
Corrupción
La corrupción y la falta de transparencia en el Gobierno también ocupa un lugar en el informe, puesto que “los funcionarios con frecuencia se involucran en prácticas corruptas con impunidad. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año, incluido el lavado de dinero, el financiamiento ilegal de partidos políticos y el soborno”.
Se menciona al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, al excandidato presidencial Manuel Baldizón, al expresidente Álvaro Colom y su exjefe de gabinete Gustavo Alejos. También figuran el expresidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Baldetti y su jefe de gabinete Juan Carlos Monzón.
También lea: “Patroncito, pa’ eso estamos”: Feci revela caso donde policías habrían encubierto a autor de un ataque armado a cambio de Q10 mil
“La impunidad siguió siendo generalizada. La corrupción, los esfuerzos concertados de los actores delictivos organizados y la falta de voluntad política dificultaron la investigación y el enjuiciamiento de los delitos”, dice una parte del informe.
Elección de cortes
El informe señala que en Guatemala no hubo juicios justos, pese a que la ley establece un poder judicial independiente, pero “en general, el sistema judicial no proporcionó juicios justos ni oportunos debido a la ineficacia, la corrupción y la intimidación de jueces, fiscales y testigos”.
Destaca los vicios en el proceso de elección de cortes, el cual “sufrió una manipulación generalizada de los comités de selección por parte de políticos, operadores judiciales y otros ciudadanos influyentes, lo que resultó en un poder judicial que carecía de total independencia”.
También lea: Baja cantidad de pruebas para covid-19 y Salud reporta otros 278 contagios
El documento agrega que, en septiembre de 2019, la Corte de Constitucionalidad (CC) detuvo el proceso de selección de magistrados de la CSJ y de Apelaciones, porque “no se siguieron los procedimientos formales de evaluación dentro de los comités de selección”.
Añade que “los comités de selección entregaron una lista al Congreso de 270 candidatos a Corte de Apelación el 14 de febrero y una lista de 26 candidatos a la CSJ el 19 de febrero”.
Detalles
El informe se compone de siete secciones en las que se menciona casos de “ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales organizadas por funcionarios gubernamentales.
También revela “condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales, arresto y detención arbitrarios, serios problemas con la independencia del poder judicial, graves restricciones a la prensa, incluida la violencia, amenazas de violencia o detenciones o enjuiciamientos injustificados contra periodistas”.
También lea: MAGA investiga entrega de alimentos a través de diputado de Valor
Incluye casos de “corrupción generalizada, falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia contra la mujer; delitos de violencia o amenazas de violencia dirigidos a personas con discapacidad, miembros de grupos indígenas y personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales y uso de trabajo forzoso, incluido el trabajo infantil”.
Otros casos
Tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes
“Según el portal en línea Conduct in UN Field Missions, en febrero se hizo una denuncia de que el personal de mantenimiento de la paz guatemalteco desplegado en una misión de la ONU violaron a una niña. En octubre, el gobierno estaba investigando la acusación”.
Condiciones de prisiones y centros de detención
“El hacinamiento en las cárceles fue un problema. Al 8 de octubre, según las autoridades penitenciarias, había 25 mil 691 reclusos, incluidas 2 mil 883 mujeres, recluidos en instalaciones diseñadas para albergar a 6 mil 997 personas.
También lea: Cultura exonera de pago a la Presidencia, Congreso y otras dependencias por uso del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Libertades de reunión y asociación pacíficas
“El 11 de febrero, el Congreso aprobó la Ley de Reforma de las ONG, que permite al Gobierno cancelar el registro de las ONG que considere que perturban el orden social o infringen las regulaciones”.
Protección de refugiados
“El gobierno cooperó con el ACNUR y otras organizaciones humanitarias para brindar protección y asistencia a los refugiados, refugiados que regresan, solicitantes de asilo, apátridas u otras personas de interés”.
Siete secciones
- Sección 1: Respeto por la integridad de la persona, incluida la privación arbitraria de la vida y otros homicidios ilegales o por motivos políticos.
- Sección 2. Respeto por las libertades civiles, que incluye: libertad de expresión, incluso para la prensa.
- Sección 3. Libertad para participar en el proceso político
- Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el Gobierno
- Sección 5. Actitud gubernamental con respecto a la investigación internacional y no gubernamental de presuntos abusos de los derechos humanos
- Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas
- Sección 7. Derechos de los trabajadores
Departamento de Estado, EE. UU., Violaciones a los derechos humanos, Derechos Humanos
