Precisó que “es muy fácil” lograr “incidir en las comisiones de postulación” que llevan el listado de los candidatos al pleno del Congreso, por la forma en que el proceso de elección está diseñado constitucionalmente en Guatemala.
Añadió que el “reconocimiento” se obtuvo durante “una investigación contra un presidente del Congreso de la República de Guatemala, ya condenado por tráfico de influencias”, quien intentó que una jueza de apelaciones resolviera un amparo a favor de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
“La magistrada tuvo el buen cuidado de grabar toda la conversación, en las que el presidente del Congreso le afirmaba que por la elección de magistrados no se preocupara” porque “esto ya lo tenían definido entre el partido Líder y Patriota”, acotó.
Velásquez afirmó que otro factor que influye en este fenómeno es la “concentración del poder judicial” en la CSJ, que posee las “funciones administrativas y jurisdiccionales”.
Sostuvo que esta concentración “hace que todo el nivel inferior de esa corte, es decir salas de Apelaciones y jueces, esté sometido a la influencia perniciosa” que “se ejerce por fuera de los procesos”.
“No es la competencia funcional que normalmente tiene el superior jerárquico respecto del inferior” en la revisión de recursos que se interponen, “acá es por fuera de la controversia procesal”, acotó Velásquez.
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Recordó que entre 2015 y 2016 el organismo que encabeza impulsó una reforma constitucional del sistema de Justicia para separar estas funciones jurisdiccionales y administrativas, pero el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, “dijo que era una injerencia indebida” de la Cicig.
“El proceso de discusión y aprobación del proyecto de reforma constitucional quedó estacionado en el Congreso de la República, en donde todavía se encuentra sin ninguna definición”, subrayó.
El jefe del organismo de las Naciones Unidas se encuentra fuera de Guatemala desde que en septiembre pasado el presidente Morales le prohibió el ingreso por considerarlo como una amenaza para la seguridad.
La Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país centroamericano, ha resuelto que el jurista colombiano sí puede entrar, pero el Gobierno se mantiene firme en su decisión.
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