Coinciden estas fechas con los 10 años de la vigencia de la Cicig. ¿Qué le deja en 10 años Cicig a Guatemala?
Ha sido un aporte importante. De un lado, lo que significa una experiencia tan novedosa como un mecanismo de contribución desde la comunidad internacional con un país en un tema específico de justicia, y que es, sobre todo, visto también desde la otra parte, desde el país, un país que llega a un punto de reconocer que sería adecuada una colaboración internacional para solucionar un problema de impunidad constante que mantenía.
Lo que ha contribuido en cuanto a avances legislativos ha sido importante, que se ha modernizado la legislación. Todavía falta mucho, pero se ha modernizado la legislación, las herramientas de investigación, la posibilidad de, por ejemplo, -tener- los métodos especiales de investigación. Que, no obstante, solo uno de ellos está desarrollado, en todo caso, el que existan y que, de acuerdo con lo que he escuchado de la Fiscal General, está para desarrollarse lo de las entregas vigiladas y los agentes encubiertos, que son los tres métodos especiales de investigación junto a las interceptaciones telefónicas.
Mientras exista la posibilidad de seguir trabajando de acuerdo con mis convicciones, y mis convicciones son de justicia, de no favoritismo, de no preferencia, de no ocultamiento de la verdad, mientras pueda seguir haciendo eso, yo voy a permanecer, es decir que yo no renuncio.
Me parece también un punto importante con la presencia de la Cicig, haber puesto a la justicia en el orden del día de la preocupación nacional. No hay en realidad una solución todavía para la justicia, un fortalecimiento, un mejor funcionamiento, una mejor organización, una mejor arquitectura del sistema de justicia, pero sí ha puesto el tema de manera muy constante. Eso es importante para un país.
Desafortunadamente personas interesadas en que la justicia no funcione son los que se encargan de distorsionar también las discusiones sobre la justicia, pero que un país se sienta a reflexionar cuál es el sistema de justicia que debería tener, de qué manera la justicia es, sin duda, un soporte de la democracia. No se podría hablar de estado de Derecho sin una justicia que funcione adecuadamente, y adecuadamente supone, entre muchas otras cosas, la independencia.
Hay, además, en los otros aspectos de investigación que no habría necesidad de mencionar ahora, pero sí solo para destacar que lo que se ha logrado a través de la investigación criminal, no solo en la investigación en concreto, no solo en la desarticulación específica de una estructura, sino en incrementar también niveles de competencia del Ministerio Público.
Fiscales que miran ahora la investigación desde una perspectiva diferente, que saben que la investigación no se hace desde un escritorio, ni esperando que alguien les cuente historias, sino que hay que ser muy proactivo y que hay muchas fuentes de información que siempre hay que explotar.
Yo recuerdo todavía una vez, debió ser en septiembre del 2014, un caso específico de un funcionario judicial que estaba en algún restaurante con el señor Arnoldo Medrano, y que le preguntaron a él: “¿Y usted, siendo un funcionario judicial, usted, qué está haciendo con Arnoldo Medrano tan cuestionado?”, y dice: “porque estoy aspirando a ser magistrado y él es un hombre que me puede ayudar”.
La misma fortaleza que van adquiriendo fiscales que se sienten empoderados, que ya reconocen lo que son, porque es que ser fiscal es un cargo muy importante de un país, como ser juez, son cargos realmente de gran trascendencia, y que tienen un gran poder. Saberse con ese poder, naturalmente utilizado adecuadamente, pero saberse con ese poder y que pueden adelantar una investigación con probabilidades de que esa investigación sí vaya a fructificar frente a muchas decepciones anteriores…. Yo he hablado con muchos fiscales, jueces y con muchas personas durante estos cuatro años que llevo en el país, y muchos comentando de las decepciones, de las frustraciones, de lo que se de pronto se tenía pero la investigación se quedaba ahí abajo, que lograban escalar en estructuras, niveles superiores, pero todo eso se… probablemente por todo el juego de influencias y de impunidad, entonces había algún chivo expiatorio que era el que pagaba y era como si se hubiera solucionado el tema que se investigaba, pero realmente los grandes responsables siempre quedaban atrás, escondidos.
Entonces, a todo eso ha contribuido bastante la presencia de la Cicig en el país.
¿Qué lectura le da a la situación del país en las últimas tres semanas?
Yo he venido insistiendo, tal vez desde mediados del año pasado, que todavía no se había llegado al punto de quiebre, que todavía era posible un retroceso, que no se había logrado ese punto de no retorno que es indispensable en todos estos procesos de construcción de estado de Derecho y específicamente en el tema de justicia.
Decía desde entonces que había muchos sectores, de muchas especies, que tenían interés en que las investigaciones se frenaran o en que no se continuaran. Y decía que no solo eran los sectores del Mariscal Zavala, hay personas muy preocupadas por su situación que venían desde el pasado intentando frenar. Una manera de frenar es la campaña que fue tan fuerte, que ha sido realmente una campaña feroz, especialmente contra la Fiscal General y contra mí. De la campaña de deslegitimación, porque es una actividad persistente, constante, diaria, que además requiere de muchos recursos, y que no es por amor al arte, no es porque sea en convicción de muchos, sino porque creo que hay frente a intereses de muchas personas por evitar que la justicia actúe debidamente, que entonces casi que se crean unas divisiones en estas empresas criminales, casi que son unas divisiones de impunidad.
Yo puse todo de mi parte contribuyendo con el presidente para que en las iniciativas que él tuviera, relacionadas naturalmente con el mandato, es decir que tuviera que ver con el tema de justicia, apoyar. Nunca he tenido una confrontación con él.
El departamento de impunidad de una empresa criminal, así como hay un departamento de sobornos, hay un departamento de tráfico de influencias, hay otro de sicarios o acciones violentas, en una gran empresa criminal también existe otro departamento de impunidad.
Y se produce una coyuntura específica. Yo no voy a hablar del tema particular de la declaratoria del non grato, porque me parece en este momento realmente innecesario, aquí el problema no es de confrontaciones, no es de contradicciones, nosotros asumimos desde la Cicig nuestra labor de investigación, y hemos seguido a partir del 27 de agosto -día en que el presidente lo declara non grato y ordena su expulsión-, hemos seguido y el 28 y el 29 y hemos seguido hasta hoy haciendo el trabajo que nos corresponde.
Pero todo eso que veíamos desde el año pasado, por unas circunstancias especiales, afloran, y entonces aparecen y creo que juegan mucho a esto, aparece como si el país se hubiera polarizado y que entonces estábamos frente a la gran confrontación “y es uno o es otro”, y de eso no se trata, se trata del tema de la justicia.
En esto de la polarización lo que yo he visto es que precisamente todos esos sectores que mencionaba el año pasado, aún este año, que han aflorado, muchos de estos se quitaron la máscara, otros que venían actuando fuertemente. Entonces, cuando salen todos a flote, son los que pretenden mostrar como si hubiera un sector del país contra otro sector del país, y creo que eso en realidad no existe.
Pero vimos incluso afuera de Cicig dos grupos uno en apoyo y otro aplaudiendo la declaratoria de expulsión…
Sí, y también se veía buses amarillos que venían y salían, y algunos Quetzales que, en vez del que sube al bus paga un pasaje, le daban el Quetzal a quien subía al bus, lo cual significa que estas personas no estaban en la confrontación.
Además, he tenido la oportunidad de verlo de manera directa. He salido a la calle, he caminado y la reacción de la gente… ninguna persona me ha lanzado una expresión injuriosa, ni siquiera de rechazo; por el contrario, lo mismo como ha ocurrido antes del 27 de agosto. Es decir, de las personas agradeciendo la labor que se viene desempeñando, que hay que continuar en la lucha contra la corrupción, que nos tomemos una foto, que la familia está agradecida.
Creo que la supuesta polarización es artificial, como es artificial este otro dilema que han querido plantear de “sí Cicig, no Iván”. Lo que me ha sorprendido tremendamente es que personas que durante 10 años se han opuesto a la Cicig los haya visto aquí ahora al frente de la Comisión apoyando la Cicig, pero que no esté yo. Se ha logrado la transformación entonces grande en el país que hasta los opositores de Cicig ahora se convirtieron pro Cicig.
También se ha querido decir, de parte de ciertos sectores, que parte del malestar contra la Cicig es que ha sido selectiva e incluso ideológica, diciendo que es de izquierda. ¿Qué responde a eso?
Hay mucha crítica interesada también. Que sea ideológicamente, absolutamente no, y siempre he dicho: nuestra ideología es la de la verdad, la de la justicia. Nosotros estamos por eso y eso es lo que nos guía y esa es nuestra convicción.
Siempre hay unas insatisfacciones, pero también de sectores interesados que están afectados en un momento y dicen “y por qué a mí sí y al otro no”, y “por qué si todos hicimos esto, apenas nos están atacando a nosotros, es que como los otros deben ser aliados”. Y cuando se hace algo contra esos otros, entonces dicen “ah, pero lo hicieron seguramente por excusa, pero por qué no estos otros”.
Siempre hay alguien que falta, y en realidad las investigaciones son y deben ser tan extensas que es mucho lo que falta.
El tema particular de la UNE (Unidad Nacional de la Esperanza), por ejemplo, que la Cicig ha protegido a la UNE porque la UNE ha protegido a la Cicig y hay una especie de acuerdo entre los dos. Entonces, cuando en una de las investigaciones del 2015 resulta vinculado Gustavo Alejos, que es un símbolo de la UNE, dicen “ah no, pero es que eso era porque estaba con el (Partido) Patriota, porque tenía cosas con el Patriota”.
Si uno revisa mejor el convenio de constitución de la Cicig, uno encuentra que el Estado guatemalteco se compromete a adoptar las propuestas de políticas públicas que la Cicig formule para el fortalecimiento institucional. Entonces no es una intromisión indebida de la Cicig, que además, tampoco legisla.
Cuando se ha hecho y hay diputados de la UNE o exUNE que se encuentran privados de libertad, entonces dicen “lo que pasa es que esos ya no… por qué no lo hacen contra estos otros que sí son más fuertes”, y son exdiputados que se encuentran privados de libertad y tenían un peso en ese partido. Nosotros no nos fijamos en el tema de los partidos.
Nunca hay una indicación para los compañeros de decir “vamos a ver qué hay de fulano de tal”, “tenemos que dirigir contra este”, esas instrucciones no se dan.
Van las investigaciones y surgen nombres. Por ejemplo, cuando optamos por el tema de las plazas fantasmas en el Congreso como uno de los temas que debía investigarse no hicimos una lista. “Vamos a ver de aquí a cuáles son los que vamos a poder comprometer con esto y cuidado con vincular a alguien de tal partido”, ese no es un procedimiento que se utilice.
Se presentó ahora el antejuicio contra el secretario general de la UNE para el año 2015 por el financiamiento electoral ilícito, “ah, pero fue contra ese y por qué no fue contra la señora -Sandra Torres-“. Siempre hay un pretexto para acusar en ese sentido.
Pero hay además una razón en esto de la selectividad. Para plantearla más en términos generales, la Cicig no tiene la capacidad de investigar todo, pero tampoco tiene la obligación de investigar todo, porque la Cicig no es Ministerio Público, la Cicig es una organización que surge por el acuerdo de Naciones Unidas con el gobierno de Guatemala para que apoye al Ministerio Público en las investigaciones, pero en las investigaciones que con fiscal general se determinan. Un apoyo que la fiscal general le solicita a la Cicig o un apoyo que la Cicig le ofrece a la fiscal general.
De manera que frente a los miles de delitos que se producen en el país, muchos de esos, un altísimo porcentaje, 95 por ciento, no tienen que ver con el mandato, pero además, de todo lo otro, no existe una capacidad suficiente para abarcarlo, y en ningún caso hubo criterio de estos, de una selectividad perversa.
Hay muchos casos, siempre que se quiere preguntar, y es una inquietud además ávida, no digamos además de personas que tienen un prejuicio o predisposición frente a la Comisión, sino es una inquietud válida de los ciudadanos, que los ciudadanos digan “y este caso por qué todavía no”, “y si escuchamos esto, por qué será que no ha salido”, “por qué no sale Transurbano”, “por qué no sale Odebrecht”, “para cuándo tal cosa”.
Lo que yo puedo asegurar y lo he asegurado siempre, y hemos actuado de acuerdo con esto, es que tenemos toda nuestra voluntad, nuestra capacidad, nuestro compromiso en adelantar buenas y serias investigaciones, y eso lo estamos haciendo.
“¿Cuándo será el turno de este o este tema?”, depende mucho de los hallazgos que se van encontrando, de la estructuración de los casos. Nosotros no anunciamos casos, no decimos “vamos a investigar tal asunto para ver qué resulta”. Nosotros decimos “aquí ya está el caso”, “hemos adelantado en la investigación y aquí están unos resultados”, y los presentamos porque tanto la Fiscal General como yo tenemos la convicción de que existen los elementos probatorios suficientes para entender demostrado eso que se está afirmando.
Entonces, mantenemos ese compromiso, y lo que la ciudadanía puede esperar es que cada que tengamos un nuevo caso será presentado, que nosotros no guardamos casos, que no controlamos casos, que no buscamos oportunidades. Cuando los casos se van estructurando van saliendo.
Es como en el tema, para citar un caso reciente, cuando se hacía todo lo del Patriota, de las investigaciones del 2015 y 2016, siempre era la inquietud “y por qué están protegiendo a Alejandro Sinibaldi”, “y para cuándo Sinibaldi”, “y qué es lo que se pactó con Sinibaldi”. Pues el 14 de julio se presentó un caso muy importante que no solo vinculaba a Alejandro Sinibaldi, sino a muchas otras personas, y de ahí también van a surgir muchos otros casos.
Entonces, si se revisara cada una de las investigaciones nuestras, e inclusive en la cronología de los reclamos y de las investigaciones, no surgen en el momento en que la opinión pública o la ciudadanía está reclamando, porque nosotros no podemos responder tampoco a eso, porque si respondiéramos a eso estaríamos haciendo algo que es censurable, que es el populismo investigativo. Así como hay un populismo judicial o un populismo legislativo, tener un populismo investigativo es muy grave también en nuestro proyecto de construcción de un estado de Derecho con una justicia fuerte.
Esta supuesta polarización que quieren hacer creer que existe, ¿cree que es un plan B al no lograr su expulsión para causarle desgaste?
Eso en realidad también lo han planteado desde el año pasado y cuando algunas personas utilizan mi nacionalidad como si fuera una censura: “y el colombiano qué piensa”, “y aquí está el colombiano”. Eso lo venían afirmando y ahora también, algunos lo siguen repitiendo en ese sentido de decir “es que este es extranjero” y entonces “aquí cómo estamos en manos de un extranjero”.
Esa sola expresión, además, debería ser vergonzosa para quienes la lanzan, y no corresponde nada a la realidad. Yo he dicho y en foros en los que se presenta la experiencia de la Cicig tanto en el país como fuera del país, he expresado que con la Cicig fueron unos muy buenos arquitectos los que diseñaron la estructura de esta forma de cooperación internacional, porque la Cicig no es un órgano de sustitución de autoridades nacionales.
La Cicig no puede hacer nada si no está con el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el que tiene la titularidad de la acción. La Cicig puede tener la mejor investigación, una investigación como un edificio de grande y de sólido, y no podría hacer nada, quedaría como un informe de prensa, como una investigación periodística, si no fuera porque el Ministerio Público, trabajando con nosotros, apoyado por nosotros, presenta la investigación ante los jueces.
Siempre lo que he sostenido, tanto en el país como fuera del país, cuando se habla de un proyecto como este, es que tiene la gran virtud que no es un órgano de sustitución, sino que es un órgano de colaboración y apoyo, y que como órgano de apoyo busca, y esa ha sido siempre la finalidad, busca que las instituciones nacionales se fortalezcan, pero no solo en el fortalecimiento con el trabajo investigativo, porque es también otro error que se tiene en varios sectores, cuál es el mandato de la Cicig, y si se revisa el convenio.
No, yo he insistido que yo tengo una convicción y trabajo por la convicción. Estoy muy agradecido con Guatemala en realidad. Muy agradecido con Guatemala porque ha permitido que esa convicción de justicia, esa convicción de que se puede establecer en nuestros países verdaderos estados de derecho, me ha permitido intentar hacer algo aquí.
De la justicia siempre hemos tenido que son, o de la acción integral de la justicia que busca no solo la justicia como una forma de afectación de impunidad, es decir, la justicia como una imposición de consecuencias a alguien que comete conductas ilícitas, sino también que busca la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.
Esos cuatro elementos, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, están en el mandato que se le confirió a la Cicig. La garantía de no repetición significa generar un sistema en el que esas causas que han dado origen a las estructuras criminales puedan desaparecer.
De hecho, una de las críticas del gobierno es que ha presionado por las reformas constitucionales
Por ejemplo, las reformas constitucionales en el tema de justicia, tienen que ver con las garantías de no repetición. ¿Por qué circunstancia? Hablamos de la tradicional impunidad en el país, de cuando los órganos de justicia podían ser manipulados de acuerdo con los intereses de sectores de poder de toda naturaleza, poder lícito y poder ilícito, y que una de las razones eran por la manera como se seleccionaban los altos funcionarios, los magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, estuvimos discutiendo bastante durante el 2014 a propósito las comisiones de postulación que finalmente seleccionaron los magistrados de cómo fueron las influencias perniciosas que se daban…
El mapa es extenso, hay un problema nacional y uno regional o local. Hay una confluencia en esos elementos y además una historia del país. Tendríamos que hablar de las tres cosas y creo que ni un seminario sería suficiente. Lo que sí sé es que naturalmente son poderosas, tiene capacidad de daño, pueden hacer casi que cualquier cosa, y que como lo dije en 2015, se resisten a desaparecer.
Yo recuerdo todavía una vez, debió ser en septiembre del 2014, en una conferencia pública… hemos visto de qué manera se ha pretendido incidir respecto de las comisiones de postulación y de la selección actual para jueces y magistrados, y recordaba un caso específico de un funcionario judicial que estaba en algún restaurante con el señor Arnoldo Medrano, y que le preguntaron a él: “¿Y usted, siendo un funcionario judicial usted, qué está haciendo con Arnoldo Medrano tan cuestionado?”, y dice: “porque estoy aspirando a ser magistrado y él es un hombre que me puede ayudar”.
Ya vimos con el último caso de Arnoldo Medrano cómo es la captura de la administración municipal, no solo de Chinautla.
Volviendo al tema, qué es lo que se busca cuando se plantea que tiene que existir una carrera judicial que garantice que los más idóneos, los más capaces y de reconocida honorabilidad sean los que lleguen a los cargos de la administración de justicia. Eliminar todas esas posibilidades de incidencia perniciosa que afecta la independencia de jueces y magistrados, y eso es generar las condiciones y garantías para la no repetición.
Por eso nos comprometimos con la reforma constitucional al sistema de justicia, pero nos comprometimos… eso tiene otra historia en la que naturalmente fue visto por todos.
El señor presidente de la República asumió un liderazgo en la formulación de la propuesta, y pidió un acompañamiento de varias instituciones que efectivamente se hizo. Así, de esa manera, si uno mira ese cuarto componente de las garantías de no repetición, puede entenderse muchas acciones de la Cicig que no están en el campo estricto de la investigación, porque es que la investigación no es el único objeto para el que fue constituida la Cicig.
Inclusive, si uno revisa mejor el convenio de constitución de la Cicig, uno encuentra que el Estado guatemalteco se compromete a adoptar las propuestas de políticas públicas que la Cicig formule para el fortalecimiento institucional. Entonces no es una intromisión indebida de la Cicig, que además, tampoco legisla.
¿Cuál es la inconformidad de los diputados que dicen que usted los presionó por las reformas constitucionales?
Vamos para el último tiempo con la presidencia actual del Congreso. Se venía todo el proceso del 2016, se presentó la primera votación si mal no recuerdo el 28 de noviembre, con los resultados que conocimos, ya venía la nueva Junta Directiva, estaba definido que Óscar Chinchilla iba a ser el nuevo presidente del Congreso, y el presidente de entonces, Mario Taracena, y el presidente nuevo, Óscar Chinchilla, nos pidió a la Secretaría Técnica, ellos dos, que tuviéramos una reunión de evaluación de lo que estaba hasta ese momento.
En esa reunión el presidente Chinchilla dijo: “a mí me interesaría que ustedes pudieran seguir acompañándonos, yo estoy convencido de las reformas, yo defiendo las reformas, he dicho públicamente voy a seguir diciendo: yo creo que esta es una reforma positiva para el país, entonces les pido que ustedes nos sigan acompañando”. Naturalmente estamos a disposición, hemos tenido una historia en la discusión, tenemos un conocimiento, estamos a su disposición.
Hacia enero, finales de enero, empezaron algunos diputados proponiendo enmiendas y algunos estuvieron discutiendo enmiendas, entonces el presidente Chinchilla dice: “¿ustedes nos podrían apoyar para una discusión con los jefes de bloque?”. Claro, en dónde la hacemos, y dice el presidente Chinchilla: “¿las podemos hacer en la Cicig?”. Dijimos que sí que había espacio y no hay problema.
He salido a la calle, he caminado y la reacción de la gente… ninguna persona me ha lanzado una expresión injuriosa, ni siquiera de rechazo; por el contrario, lo mismo como ha ocurrido antes del 27 de agosto -cuado Jimmy Morales intentó expulsarlo-.
Entonces, “defina para ver cómo no discutir con todos los jefes de bloque conjuntamente, sino por grupos”, para que fuera mucho más fluida la discusión y una mucho mayor posibilidad de participar en la discusión y en el análisis.
¿Por grupos?, ¿solo jefes de bloque o también otros diputados?
En ese momento eran solo jefes de bloque, pero venían con otros diputados. Entonces, se programó por el presidente del Congreso hacer una primera reunión con algunos, una segunda reunión con estos otros. Todas las reuniones eran presididas por el presidente del Congreso, y nosotros estábamos ahí en la reunión, presentaban unos proyectos de enmienda, discutían los diputados, de pronto nos decían: “¿qué opinan sobre esto?”, o algunos de nosotros decíamos: “noten que si hacen esto tendrían que reformar esto otro también, porque los artículos están entrelazados”.
Los diputados salían, en general, muy satisfechos de las reuniones, decían que estaban avanzando bastante.
Llegó el 7 de febrero, me parece que es una fecha que tienen las enmiendas que finalmente propusieron, elaboradas absolutamente por los jefes de bloque. Después de hacer todo esto en las diversas reuniones, el presidente Chinchilla ya se reunió solo con los jefes de bloque para determinar, como no eran discusiones de todos al mismo tiempo, entonces como para decir: “en la primera reunión hubo enmiendas de esta naturaleza, ustedes qué piensan”, y llegaron a unos textos que propusieron.
Hubo, después de alguna dificultad, tal vez en el mes de marzo o abril, no recuerdo bien, una reunión que la Junta Directiva realizó en algún hotel con todos los jefes de bloque, y nos invitó a todos los miembros de la Secretaría Técnica, porque la idea era que iban ellos a discutir sobre las iniciativas, si había algunas otras enmiendas o iban a corregir algunas, y querían simplemente, en caso de necesidad, escuchar la posición de nosotros, esa ha sido nuestra participación, la única participación.
Ningún diputado se quejó de haber sido presionado, ni siquiera alguno de los diputados que ahora ha dicho que sí se sintió coaccionado, pero que no denunció. Estuvo aquí con otros miembros de su partido, de su bancada, y algunos de esos miembros muy activos, con muy buen criterio exponiendo muy buenos razonamientos, introdujo muchas modificaciones, un miembro de su propia bancada. Que después ya se diga que hay una presión…
Un argumento del presidente y otros sectores es que la Cicig ha violentado la presunción de inocencias en las conferencias de prensa al citar delitos, ¿Qué comenta de eso?
El sistema procesal guatemalteco es el sistema oral, el sistema acusatorio que es público, excepto cuando por determinadas circunstancias el juez declara reservada la audiencia. Eso significa que cualquier persona que quisiera ir a una audiencia pública podría presentarse, no hay restricciones, es lo que permitió, por ejemplo, en el 2015, que mucho noticieros de televisión, muchas estaciones de radio, transmitieran en directo, por ejemplo, el caso La Línea, porque son actuaciones públicas, además que tiene filosóficamente, buscando los orígenes que nos plantean desde la antigua Grecia, el sistema penal acusatorio tiene una gran virtud que se destaca, y es la transparencia porque el juez actúa de cara a la sociedad que es la que se afecta o beneficia con sus decisiones.
Cuando nosotros hacemos la conferencia de prensa el día en que se producen los procedimientos de captura o se va a producir o se está produciendo la actuación judicial, lo que nosotros pretendemos es transmitir también con toda transparencia a la comunidad, a la ciudadanía, algo que hemos encontrado como una actividad delictiva. Nunca condenamos, nunca utilizamos adjetivos de desaprobación, aunque haya sido el peor de lo delitos, somos respetuosos, pero creemos que la población tiene derecho a conocer, y a conocer además una amplia información desde la fuente, que la podría hacer más veraz. No digamos entonces, que nosotros como para decir que nos tienen que creer porque lo estamos diciendo nosotros, pero nosotros si tenemos un compromiso con la verdad.
Cuando presentamos el caso lo presentamos muy ajustado, nunca hemos presentado en ninguna de las conferencias de prensa, por ejemplo, una comunicación telefónica, de pronto hemos aludido o se ha transcrito un pequeño párrafo que sustenta algo para decir que la comunicación de este con este, que en lo que se hablaba de tal asunto, pero hemos sido muy respetuosos de las personas.
Leía ayer a algún columnista que decía que en la presunción de inocencia el comprometido absolutamente era el juez, que frente a una posición de acusación y una posición de defensa era el que tenía que persuadirse que quien acusaba era el que tenía la prueba y todos los elementos, porque mientras tanto tenía que presumir la inocencia de esa persona.
La presunción de inocencia es algo que se va desvirtuando gradualmente. Desde el momento en que un juez expide una orden de captura la presunción de inocencia se está desvirtuando, porque ahí significa que el juez escuchó del Ministerio Público unos argumentos, vio unos elementos probatorios que decían esa persona sí podría tener un compromiso, entonces está bien, autorizo que se le capture. Se le captura y va a primera declaración, el Ministerio Público presenta la imputación, la defensa argumenta, el propio imputado declara, si es de su interés, de su deseo, la defensa presenta su argumentación y el juez dice: “me ha persuadido los indicios que presenta el Ministerio Público y lo ligo a proceso”.
Eso quiere decir que la presunción de inocencia se disminuyó otro poquito. Así vamos en la acusación, cuando el Ministerio Público acusa y el juez acepta la acusación y va pasar ya para el juicio, eso quiere decir que el juez también ya entendió, estuvo de acuerdo que sí había una prueba suficiente para llevar a juicio a una persona, que esa presunción de inocencia se iba reduciendo, hasta que llega al momento definitivo, y el momento definitivo no es la sentencia de primera instancia, allí por lo menos un juez entendió desvirtuada la presunción de inocencia y por eso condena, pero después todavía hay la posibilidad de un recurso y el juez de segunda instancia, la sala de apelaciones, va a revisar todavía desde la presunción de inocencia el caso y encuentra que lo que el juez de primera instancia examinó, que las pruebas que fueron presentadas sí tenían esa contundencia para declarar responsable a una persona y dice: condenada. Allí ya se desvirtuó totalmente la presunción de inocencia.
Cuando nosotros hablamos no estamos condenando a nadie, estamos presentando un caso, lo estanos presentando objetivamente. Casi no hay conceptos que nosotros dijéramos como juicios de valor que realizamos, a veces algunos de manera más genérica, por ejemplo cuando hablamos de financiamiento electora ilícito, un juicio de valor es que este es un grave problema para el país y que es un grave problema que afecta la democracia y que es necesario que el próximo proceso electoral del 2019 sea lo más transparente posible y que pretendemos contribuir desde la investigación criminal, con las investigaciones de todos los partidos que intervinieron en campaña en el 2015, a contribuir al saneamiento de los vicios electorales que han existido en el país, eso podría tenerse como un juicio de valor pero le estamos diciendo además de manera genérica que no podría reprocharse como que se estuviera reprochando esa presunción de inocencia.
En definitiva, el asunto es este, un derecho de la sociedad a conocer la acción del Ministerio Público, una presentación objetiva que se hace de un caso y que siempre lo hacemos luego de que se ha ejecutado una orden judicial. Nosotros no estamos diciendo hoy de un caso de la semana entrante, que aquí está todo esto, cómo esta persona realizó esas acciones y etcétera, sino solo después que preliminarmente le fueron presentados a un juez que ordenó la captura de las personas.
La conferencia de prensa del 25 de agosto en la tarde -donde se pide que se le quite el derecho de antejuicio al Presidente Morales-, coincide con la hora en la que el Mandatario se iba a reunir con el secretario general de la ONU. ¿Cómo califica este hecho?
Si ese fuera el criterio, ¿por qué más bien no se hizo antes que entrara a la reunión en Naciones Unidas?. Si se buscaba un efecto con eso, o si se pensara en la relación con la reunión en Naciones Unidas, ¿por qué no esperar para después, de acuerdo con el resultado que hubiera en Naciones Unidas?. Siempre hay posibilidad de suspicacia respecto a las oportunidades y eso es casi que imposible de evitar.
En el 2015 estaba el gran problema con el antejuicio formulado contra el entonces presidente Pérez Molina, faltaban unos días para la primera vuelta presidencial y entonces muchos decían que eso era a propósito de interferir en las elecciones, “por eso es que escogieron que fuera la semana anterior para que se realizará eso”. Este es un asunto, para mí, plenamente superado porque lo he padecido desde 1992. En 1992 yo era procurador de Antioquia y como procurador tenía unas funciones de investigar disciplinariamente funcionarios públicos. Estaba investigando un nivel de diputados que en Colombia se conocen como diputados, pero que no son congresistas, sino que son miembros de asambleas departamentales, entonces había una elección como 15 días de cuando ya teníamos nosotros la investigación.
Esa fue la primera vez de cuestionamiento, por qué lo sacaron 15 días antes y no después, y desde entonces está la misma respuesta que podría dar como lo hice en el caso del expresidente Pérez Molina, ¿Cuándo es oportuno?, porque si es antes es para afectar las elecciones, si es después de la primera vuelta es porque se dio algún resultado en la primera vuelta y se quería afectar la segunda vuelta. Si es después de la segunda vuelta es porque tal vez se quería generar un clima especial de zozobra, de caos o alterar la tranquilidad antes de que se posicione el nuevo presidente. Si es después de la posesión del nuevo presidente es para dañarle sus primeros 100 días de mandato. ¿Cuándo es oportuno presentar una investigación de esa naturaleza?.
Cuando la Cicig le confirma que sigue al frente de la Cicig, usted advertía que había que ponerle mucha atención a la elección del nuevo Fiscal General ¿Es esto una primera ofensiva de esas mafias que usted advertía que se iban a activar?
No podría vincularlo de esa manera tan directa. Lo que yo sí puedo asegurar es que quienes están interesados en la impunidad, están interesados en poder incidir en la elección de fiscal. Creo que debe ser una preocupación nacional, no una preocupación de la Cicig o del comisionado, sino una preocupación nacional. El país ha tenido muestras en el pasado y no solo respecto de elección de Fiscal General sino de elección de altos funcionarios de la justicia, ha tenido muestras en el pasado de la capacidad de incidencia de sectores de poder, legal e ilegal, que pretenden tener personas afines a sus intereses, y este es un momento muy particular en el país, creo que es como algunos lo han señalado.
Se decía en el 2015 esta es la oportunidad de Guatemala, la oportunidad de oro, si se deja pasar esta oportunidad quién sabe cuántas décadas después podrá intentar hacerse algo, es la oportunidad por reestablecer un verdadero estado de derecho que implica que la cooptación que se ha hecho del estado y allí están las pruebas, porque no es un problema teórico, no es ni siquiera de argumentación, es un problema de hechos, que los hemos puesto sobre la mesa ante los jueces desde el 2014, porque tampoco es del 2015. Cuando en el 2014 presentamos el caso del Sistema Penitenciario, ese es un caso de cooptación del estado, y que después cuando Byron Lima publica los 36 recomendados para el Sistema Penitenciario y que de los 36 el Gobierno nombró más de 16, ese es un caso típico de cooptación de estado. Eso lo hemos presentado con todas las investigaciones.
Esta es una realidad que está apoyada en los hechos, y esos hechos muestran que hay un Estado cooptado y que es necesario superar ese estado de captura del Estado.
No se podría hablar de estado de Derecho sin una justicia que funcione adecuadamente, y adecuadamente supone, entre muchas otras cosas, la independencia.
Para superar ese estado de captura del Estado se requiere de un Ministerio Público que tenga la independencia, la capacidad, el valor suficiente y cómo seguir enfrentando todas estas mafias. Como se requiere un organismo Judicial, fuerte, valiente y muy independiente que también sea capaz de decidir en casos se condena, independientemente del poder, de la fuerza, de la prestancia de la persona que sea objeto de persecución penal.
¿Cuáles son las mafias que se sienten acorraladas?, ¿Cómo son?
El mapa es extenso, hay un problema nacional y uno regional o local. Hay una confluencia en esos elementos y además una historia del país. Tendríamos que hablar de las tres cosas y creo que ni un seminario sería suficiente. Lo que sí sé es que naturalmente son poderosas, tiene capacidad de daño, pueden hacer casi que cualquier cosa, y que como lo dije en 2015, se resisten a desaparecer.
¿Ha pensado luego de estas semanas convulsas un “hasta aquí, mejor me voy a descansar”?
No, yo he insistido que yo tengo una convicción y trabajo por la convicción. Estoy muy agradecido con Guatemala en realidad. Muy agradecido con Guatemala porque ha permitido que esa convicción de justicia, esa convicción de que se puede establecer en nuestros países verdaderos estados de derecho, me ha permitido intentar hacer algo aquí.
Recordaba, tal vez en la conferencia de prensa del 25 de agosto, cuando me preguntaron algo así como que si pensaba renunciar, que yo no pienso renunciar. Renuncié una vez el 27 de agosto del 2012 a la Corte Suprema de Justicia -en Colombia- en las investigaciones que adelantaba por la parapolítica, porque había una sala penal, como decir en Guatemala una Cámara penal, una sala penal en la que existía una desconfianza que ahora estoy entendiendo porqué, que generó un mal ambiente que ya no era posible seguir trabajando. Digo que ya estoy entendiendo porque estamos, por fortuna en Colombia, en un proceso de descubrimiento de la gran corrupción judicial que compromete a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y precisamente en el ojo del huracán de hoy, de la gran corrupción judicial en Colombia, está quien, para el 27 de agosto del 2012, era el presidente de la Cámara Penal.
Entonces yo decía el 25 de agosto, que además qué casualidad, el 27 de agosto renuncio a la corte allá y cinco años después soy declarado no grato en Guatemala, mientras exista la posibilidad de seguir trabajando de acuerdo con mis convicciones, y mis convicciones son de justicia, de no favoritismo, de no preferencia, de no ocultamiento de la verdad, mientras pueda seguir haciendo eso, yo voy a permanecer, es decir que yo no renuncio.
¿Qué ocurrirá en el futuro?, no sabemos, pero lo que sí sé es que cuando no se puedan hacer las cosas, cuando no haya un camino para seguir contribuyendo en la construcción, o no exista el camino o yo sea tan débil o tan cobarde o acomodado como para no desarrollarlo, entonces allí sí renuncio. Mientras pueda seguir actuando de acuerdo con mi convicción y el Secretario General de Naciones Unidas lo determine, yo sigo prestando la colaboración en la que estamos ahora.
Nos encontramos en un momento de discusión que ha debido plantear el Gobierno de Guatemala en los términos del convenio de constitución de la Cicig con Naciones Unidas y en medio de esa controversia que se debe dirimir de acuerdo con la decisión de la Corte de Constitucionalidad, pero de acuerdo con el convenio, seguramente que uno de los temas tendrá que ser este relacionado con mi permanencia.
El acuerdo dice que cualquier controversia sobre la aplicación o interpretación de ese convenio o sobre el funcionamiento será dirimida por discusiones entre las partes, por amigable composición entre las partes.
Si el señor presidente continúa considerando que yo soy un factor negativo, supongo que planteará en medio de esas discusiones el tema y que eso debería ser objeto de discusión en ese escenario. Además entiendo que hay otras inquietudes y por eso yo no podría asegurar nada porque realmente no conozco nada y estoy por fuera de esas discusiones, pero según entiendo por lo que públicamente se ha conocido, habría interés en que la Cicig asumiera alguna otra clase de investigaciones o tuviera alguna variación en el mandato. Para todo eso está previsto el artículo 12 del mandato.
¿Le sorprendió la decisión del presidente el 27 de agosto?
Claro, me sorprendió.
¿Se sentaría a hablar con el presidente?
Yo nunca he tenido una contradicción personal con el Presidente de la República. Algunos inclusive reprochaban que algún periodista dijo alguna vez que yo expresaba confianza en el presidente, lo dijo públicamente en alguna columna. En realidad, la coyuntura del 2015 generó una expectativa de transformación en el país, de transformación positiva. Todos en la idea de que era la gran oportunidad de reconstrucción de ese estado amable para todos. Yo puse todo de mi parte contribuyendo con el presidente para que en las iniciativas que él tuviera, relacionadas naturalmente con el mandato, es decir que tuviera que ver con el tema de justicia, apoyar. Nunca he tenido una confrontación con él.
Dije en alguna oportunidad: entiendo el sentimiento de un padre y un hermano, pero todos debían saber que cuando hablamos de convicción, de justicia, que cuando hablamos de que nadie está por encima de la ley, que cuando hablamos de hacer lo que se debe hacer en la lucha contra la impunidad, lo hablamos de verdad, que no son discursos. Inclusive lo he dicho en reuniones públicas y privadas de cómo personas que tenían conmigo alguna relación más directa, como algún magistrado con el que conversábamos y compartíamos inquietudes de justicia y de independencia judicial y de funcionamiento de la justicia, un día fue denunciado por un hecho de corrupción y hubo que proceder y hay una acusación todavía, ya fue acusado, todavía no ha concluido el proceso.
Él no podría decir: “que tan traidor, si nosotros nos sentábamos a conversar”. El hecho que conversemos no significa que yo oculte o que deje de hacer las cosas. Esa es una comprensión que todos deberían tener. Tal vez de las situaciones más ingratas, hablando en términos íntimos, personales, es una de las situaciones más ingratas, porque yo tengo un compromiso y es un compromiso que no es con una persona individualmente considerada.
Algunas personas creen en todo lo que ha ocurrido del 2012 hasta acá, algunas personas creen que porque podamos estar en una reunión, podamos discutir de algún tema, podamos tener citas acá en la comisión, o reuniones más amplias, están exentos, que es un seguro, no. El único seguro es la honestidad.
Digo que es una situación tan ingrata, porque uno dice: “¡qué lástima!”. Por ejemplo, para citar un nombre, y con esto concluyo definitivamente, yo tenía muy buenas y agradables conversaciones con Mauricio López Bonilla, y eran conversaciones amplísimas. Mauricio López Bonilla conoce el país increíblemente, parece historiador y tiene una manera de analizar las cosas. Hablábamos por horas, él enseñándome, pero cuando llegó el momento que había algo en su contra, yo no podía decir “si esta es la persona con la que tanto converso de problemas del país”. Eso para uno también es doloroso que personas con las que se entabla y mucho más yo, extranjero, solo aquí, entablo alguna relación más cotidiana y resulta comprometida en algo y hay que proceder contra esa persona, dice uno ¡qué lástima!.
Lo que nunca quisiera es tener que explicar por qué no hice algo que debiera hacer.
