Diversas voces coinciden en que los ataques a la prensa independiente son de los primeros mecanismos utilizados por los gobiernos que se perfilan a ser dictatoriales, aunque hayan sido electos por el voto popular.
Esto pasó en países como Venezuela y Nicaragua, cuyos gobiernos son considerados autoritarios por buena parte de la comunidad internacional; y pareciera estar ocurriendo en países como El Salvador, y también en Guatemala.
Acá, en los últimos meses se ha visto cómo se ha agudizado la persecución en contra de periodistas, mientras que funcionarias y políticas han manipulado la Ley de Femicidio para evitar que la prensa investigue posibles irregularidades que las rodean.
El informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) divulgado el mes pasado da cuenta de persecución judicial en contra de periodistas, estigmatización por parte de presidente Alejandro Giammattei, hostigamiento y agresiones en el país. Asimismo, denuncia obstáculos para el ejercicio de la profesión.
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) en su reciente informe de mayo denunció que el país pasa por “uno de los periodos de mayor represión estatal” en contra de las voces críticas, entre ellas la prensa.
Indicó que solo de enero a mayo de este año se han producido 29 agresiones o limitaciones al ejercicio periodístico “que en su mayoría son responsabilidad de funcionarios estatales y agentes de las fuerzas de seguridad pública”.
“Vemos cómo Guatemala se encamina a convertirse en un Estado autoritario”, señal la APG en su informe, al citar también la “cooptación de las cortes” y la “instrumentalización del Ministerio Público”, por parte del poder Ejecutivo.
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Así comienzan
En Venezuela pasó lo mismo. Con los años del chavismo en el poder se recrudeció el encarcelamiento de opositores y la censura de medios.
Sonia Osorio, quien preside la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (Apevex), relató que los ataques a la prensa en Venezuela empezaron tan pronto como Hugo Chávez asumió la presidencia, en 1999, haciendo comentarios públicos en contra de los medios que criticaban a su gestión.
Después se aprobaron leyes para poder judicializar a los comunicadores y ya no se renovaban los permisos para transmitir a los medios críticos. Un antes y un después en esta guerra, dice Osorio, fue el cierre del canal RCTV, el cual fue clausurado para transmitir programas propagandísticos oficiales.
El tono de los ataques fue subiendo con multas millonarias en contra de los medios y la limitación de papel para que funcionaran los medios escritos, lo que también se acompañó de la autocensura, propiciada por la persecución de periodistas, algunos de los cuales desaparecían por días.
La Apevex estima que unos mil periodistas venezolanos se han visto forzados a salir al exilio. Hoy en día, los únicos medios impresos que circulan son del Gobierno y solo quedan algunas emisoras de radio que transmiten sabidos de los riesgos que enferntan.
Sitios de internet han sido bloqueados por orden judicial y hay muchos periodistas que están en prisión, pero que no han sido acusados formalmente.
La Nicaragua de Daniel Ortega
En Nicaragua, la situación es similar. Decenas de opositores políticos han sido encarcelados y los medios de comunicación enfrentan el embate gubernamental que ha llevado a la SIP a decir que en ese país se ejerce el periodismo cada vez en “condiciones más adversas y hostiles”.
En estos últimos meses, al menos 75 periodistas y dueños de medios independientes se vieron obligados al exilio y solo de octubre a marzo pasado se contabilizaron 661 ataques contra el gremio.
La justicia nicaragüense, fiel al gobierno de Daniel Ortega, ha condenado por “traición a la patria” y “menoscabo a la integridad nacional” a decenas de periodistas y opositores. Ambos delitos fueron incluidos en un paquete de leyes aprobado a finales del 2020.
Esta crisis de la libertad de expresión comenzó a agravarse con la segunda llegada a la Presidencia de Ortega, en enero del 2007 —antes ya había gobernado el país de 1985 a 1990—, comenta el sociólogo nicaragüense y analista político Oscar René Vargas.
En ese año se comenzó un proceso de restringir la libertad, no solo de prensa, sino de pensamiento y de expresión, destaca. Recuerda que el régimen ocultaba información que se suponía trascendental para el país, como los acuerdos de cooperación con Venezuela o el financiamiento de China para la construcción de un canal seco que atravesaría el país.
Paulatinamente aumentaron los obstáculos al ejercicio periodístico y otros derechos ciudadanos, hasta que en 2018 estalló la represión, llevada a cabo por el régimen para aplacar multitudinarias manifestaciones ciudadanas.
Desde entonces, “el Gobierno utiliza tres maneras de reprimir”, afirma Vargas, “la represión militar, el encarcelamiento de la gente u obligándola al exilio y el cierre de medios y la persecución de periodistas independientes”.
Estas medidas represivas parecen haberle dado resultado a Ortega puesto que la gente tiene miedo, incluso de hablar en público sobre ciertos temas que pueden incomodar al Gobierno.
Vargas alerta de que perseguir, censurar o atacar a la prensa es un síntoma del debilitamiento de una democracia. El trabajo periodístico “es importante porque permite a la gente informarse, pensar y tener una visión diferente a la versión oficial”, añadió.
En El Salvador
El Salvador también atraviesa por un periodo difícil en el cual se obstaculiza el ejercicio periodístico en la búsqueda, recepción y divulgación de información.
Aunque este país siempre enfrentó retos en cuanto a la libertad de expresión y de prensa, fue con la llegada al poder de Nayib Bukele, en 2019, que la situación empeoró.
Los periodistas considerados por el Gobierno como “incómodos”, afirma, no tienen acceso a las fuentes gubernamentales, la pauta comercial oficial se otorga solo a medios afines, se bloquean las solicitudes de información y al menos van cinco resoluciones judiciales que han obligado a medios digitales a retirar noticias de sus portales.
La Apes registró el año pasado 220 agresiones contra periodistas, casi el doble el 2020, y se conoce de al menos cinco comunicadores que han sido perseguidos cuando salen de sus oficinas.
Este incremento de las denuncias “va acompañado de un discurso de odio y de ataque contra la prensa”, por parte de Bukele, que trata de ubicar a los periodistas como los enemigos a través de deslegitimar su trabajo, indicó Valencia.
Además, el año pasado se reformó la Ley de Delitos Informáticos que advierte a los periodistas que antes de hacer investigaciones con bases de datos documentales deben de contar con un permiso del Gobierno para usarlas.
Otras reforma, a la Ley Antipandillas y al Código Penal, prohíbe a los medios divulgar mensajes que, a criterio de un juzgador, provengan de pandillas.
El año pasado también hubo un intento de aprobar una ley para controlar a organizaciones no gubernamentales, según Serafín, para ahogar financieramente a medios independientes que tienen otro modelo de negocio y que escapan al control del Gobierno por medio de su pauta publicitaria.
En El Salvador la política de comunicación es la permanente confrontación con la prensa. Bukele no tiene oposición política por eso necesita construir una y lo ha hecho con los medios “porque son los que investigan y estorban”, dice Valencia.
“Pero, para que exista democracia, debe existir libertad de expresión y de prensa, es un pilar fundamental”, concluye.
¿En esa dirección?
En Guatemala hay quienes temen que en el país la situación se ha agravado aceleradamente en los últimos años. Aparte de la persecución contra periodistas, en febrero de 2020 el Congreso también aprobó una ley cuyo fin, afirman los detractores, es controlar a las oenegés.
“Vamos en retroceso, los periodistas siguen perdiendo aceleradamente espacios de libertad y de tener acceso y de dar información”, apuntó Ruth del Valle, quien está a cargo de la unidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos que defiende a periodistas.
Del Valle cree que se han destruido las instituciones democráticas y son inoperantes cuando deben defender a periodistas, pero muy activas cuando se trata de acusarlos judicialmente.
Al perder la libertad de prensa, añade, “perdemos democracia, perdemos libertad y la posibilidad de ejercer otros derechos”.
Osorio de Apevex comenta: “Parece ser la misma fórmula —de Venezuela— que están implementando —en Guatemala—, y que es la que se implementó en Cuba, que intentó hacer Rafael Correa en Ecuador y que está aplicando Nicaragua”.
“Los periodistas debemos unirnos para denunciar y defender las tres libertades fundamentales: de prensa, de información y de expresión”, resaltó.
Periodismo y justicia
En Guatemala, sobre todo en los últimos años, la justicia no siempre ha jugado a favor de la libertad de expresión y de prensa.
El caso más reciente es el de la denuncia por violencia contra la mujer que el 11 de mayo presentó Dina Alejandra Bosch Ochoa, hija de la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, en contra de José Rubén Zamora, Gerson Ortiz y Cristian Veliz, periodistas de El Periódico, medio que publicó el 22 de abril que Bosch Ochoa había renovado su contrato con el Tribunal Supremo Electoral, por un salario mensual de Q20 mil.
Utilizando la Ley de Femicidio, otras mujeres que ejercen política también han intentado obstaculizar el trabajo de la prensa a través de la justicia. Sandra Jovel, Alejandra Carrillo y Sandra Torres, son algunas de ellas.
Por aparte, en abril pasado, Prensa Libre publicó un artículo acerca del temor de jueces de efectuar su trabajo, tras lo cual, el Ministerio Público inició una investigación e intentó que la autora del trabajo revelara las fuentes que le habían hablado bajo anonimato, con lo que pretendían infringir el principio de protección de fuentes confidenciales.
También hay casos judiciales abiertos en contra de Juan Luis Font, presentador del programa Con Criterio y de los periodistas independientes Marvin del Cid y Sonny Figueroa.
