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El próximo 14 de abril se renueva el tribunal constitucional, en medio de una serie de reclamos que apuntan a una politización de la justicia, por lo que es necesario que cada nuevo magistrado, tanto titulares como suplentes, garanticen independencia desde el primer día de su gestión, según las conclusiones que arrojó el conversatorio Desafíos de la nueva CC, convocado por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), GuateÍntegra, Movimiento Cívico Nacional (MCN) y Guatemala Visible.
Entre los principales retos que enfrentará la próxima magistratura está el de borrar del imaginario social la vinculación de la CC con fallos ideológicos, para lo cual es necesario que cada sentencia esté blindada con un fundamento legal que impida que esos comentarios salgan a luz, dijeron los expertos en el sector de justicia.
Aunque existan acciones de amparo pendientes de resolver en la próxima CC, los analistas consideran que eso no retrasará su toma de posesión, lo que permite, en un primer momento, asegurar que esta vez sí se van a respetar los plazos legales, a diferencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que pasa por un dilatado y lento proceso de renovación.
Para los próximos procesos es necesario poder medir con precisión la idoneidad de los candidatos, aspecto que, a criterio de Guatemala Visible, no se tomó en cuenta para el actual proceso de designación y elección de la Corte.
Magistrados con autocontrol
Entre las quejas sobre la magistratura saliente está que hubo abuso de poder al interferir en decisiones de Estado que no le competían, por lo que en lugar de jugar un papel de pesos y contrapesos pasó a convertirse en un cuarto poder no oficial, según José Echeverría, presidente ejecutivo del MCN.
“La nueva CC va a tener que autolimitarse en ciertas decisiones que son competencia de los otros órganos del Estado. Pongo de ejemplo que la función de reglamentación que le compete al órgano Ejecutivo, de una ley o convenio ratificado, según el parámetro y la jerarquía que establece la Constitución, le compete al órgano Ejecutivo. Entonces, en ese control jurisdiccional de la CC va a ser sumamente importante que se acote específicamente a sus funciones, teniendo como marco la misma Constitución y estructura que rige al Estado guatemalteco”, argumentó.
La limitación a la que hace referencia Echeverría también debe ser interna, de acuerdo con Marielos Fuentes, directora de Guatemala Visible, ya que sería “imperdonable” que un magistrado sea juez y parte de alguna causa judicial en la que podría recibir algún tipo de beneficio con su voto a favor o en contra.
“Si hay conflicto de intereses deben inhibirse, no hay mucha vuelta que se le deba dar al asunto. La ley lo prevé y es por eso que tenemos a los cinco magistrados suplentes. El reto o desafío será que estos magistrados reconozcan ese conflicto de intereses y sepan dar ese espacio a uno de los suplentes, para que las resoluciones sigan siendo apegadas a derecho. No es apartarse del asunto, sino al contrario, darle más importancia, cediendo el espacio para uno de los magistrados suplentes, para que la resolución no favorezca por alguna situación a alguno de los titulares”, señaló.
Estrictos y justos
En el foro también se discutió sobre los temas que deben discutirse en la CC sin abanderar una lucha social, que podría endurecer las sombras que ya pesan sobre la Corte.
“A la CC ni le corresponde liderar ni dirigir la lucha contra el comunismo ni la lucha contra la corrupción. Perdón que lo diga así, es que hay un matiz tan amplio dentro de la polarización en que a la CC le tiene que quedar claro, asegurarse de que cada uno de los distintos entes o autoridades públicas cumplan con lo que le corresponde, no valorarlo”, indicó Pablo Hurtado, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes).
Para la integrante de ONU Mujeres y exministra de Trabajo Leticia Teleguario, la CC ha emitido una postura clara en los últimos años en muchos aspectos nacionales, jurisprudencia con la que debe continuar.
“La Corte jugó un papel importante de peso y contrapeso, que es lo que en diferentes momentos requerimos de parte de ellos, porque el resultado fue evidente para todos. Entonces pienso que a partir del 14 de abril viene una nueva oportunidad, pero también grandes desafíos en torno a que esperamos que no sea una CC que retroceda en su jurisprudencia, sino al contrario, que fortalezca al estado de Derecho y que hasta cierto punto permita devolver esa confianza a la ciudadanía”, precisó.
Tareas pendientes
Aunque falten aún tres años, una de las principales responsabilidades que tendrá esta magistratura será velar por el proceso de elecciones generales del 2023. En el pasado proceso fue en la CC que se decidió la inscripción de varios candidatos a puestos de elección popular.
También tendrá que emitir opinión acerca de las propuestas de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, documento que fue entregado hace algunas semanas por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y que ya evalúan diputados.
La CC asumirá a mediados del próximo mes con cerca de una decena de impugnaciones pendientes que, a criterio de las fuentes consultadas, no representan peligro para la toma de posesión, pero sí hacen necesaria su pronta resolución, para evitar que comiencen con dudas, por más mínimas que estas sean.
