De este total, 50 son por posibles casos de corrupción o malversación de fondos y se concentran en 37 entidades estatales. El Ministerio de Salud es el que más denuncias acumula, con ocho, seguido de la municipalidad de La Libertad, Petén, con tres.
Mientras que el Ministerio de Educación, Ferrocarriles de Guatemala, el Comité Olímpico Guatemalteco y la Municipalidad de San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, suman dos.
En resumen, las auditorías practicadas el año pasado por la CGC derivaron en 17 denuncias en contra de comunas; cinco, por sospechas de mal uso de recursos públicos, en entidades relacionadas al deporte, y tres en ministerios del Organismo Ejecutivo.
Las 50 denuncias que se presentaron al MP son por casos de posible malversación de recursos públicos por un monto de Q506.9 millones, hizo saber la CGC en su Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, 2022.
Denuncias y sanciones
Mónica Monge, asesora del despacho superior de CGC, precisó que “cuando existe la posible comisión de un delito, la obligación de la Contraloría es presentar la denuncia ante el Ministerio Público”.
Indicó que, aparte de las 50 denuncias penales, en 2022 se impusieron cuatro mil 322 sanciones económicas por Q92.5 millones, y se efectuaron 29 formulaciones de cargos por Q10.8 millones, estas segundas terminan en denuncias civiles, en donde si un juez así lo determina se obliga a un funcionario a devolver el dinero.
Añadió que aparte de las auditorías incluidas en el informe también se efectuaron más a entidades como los ministerios de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, al de Desarrollo Social, entre otros, a solicitud del MP.
Probidad
Por aparte, la subcontraloría de Probidad presentó otras 45 denuncias penales, estas por la presentación extemporánea o con alguna inconsistencia de las declaraciones juradas patrimoniales que todo funcionario que maneja o administran fondos públicos debe presentar 30 días después de asumir un cargo y 30 días después de dejarlo, según la Ley de Probidad.
Al respecto de las 95 denuncias, el MP, emitió un comunicado en el que asegura que se dio tramite a dichas denuncias “de conformidad con lo que establece la ley, emprendiendo las acciones correspondientes para cada caso”.
Solo una multa
El MP destacó que “gran parte de estas denuncias” corresponden al incumplimiento de presentar la declaración jurada patrimonial, aunque el informe de la CGC precisa que más de la mitad están relacionadas con el mal manejo de recursos.
Además, según el MP, las denuncias relacionadas con las referidas declaraciones “se tramitan por un juicio de faltas y son sancionadas con multa”.
Sin embargo, Carlos Emilio Morales, subcontralor de Probidad, destacó la importancia de presentar estas denuncias, ya que la declaración jurada patrimonial se estableció con un instrumento de transparencia que sirve al MP para conocer cuál era el patrimonio de un funcionario antes y después de dejar un cargo.
“Si hubiera incrementado su patrimonio por encima de los ingresos que la persona tenía por su salario, el MP establecerá si hay indicios para perseguir otro tipo de delitos”, indicó el subcontralor.
El incumplimiento de este requisito legal puede dar pie a investigaciones de delitos como lavado de dinero o enriquecimiento ilícito.
Algunas denuncias
Dentro de las denuncias que presentó el MP, destacan la del Hospital Nacional de Chimaltenango, donde la auditoría permitió verificar que 770 compras de equipo médico se adjudicaron mediante la modalidad de compra directa con lo cual se obvió las cotización o licitaciones que correspondían.
Además, se constató que 580 equipos de 949 no estaba en las instalaciones del hospital, puesto que no fue entregado por el proveedor, pese a que se les desembolsó más de Q67.7 millones.
En el Instituto de Fomento Municipal se detectó que varios vehículos no estaban en las instalaciones. Los responsables aseguraron que habían sido robados, pero no mostraron ningún documento de respaldo que justificara el faltante, e incluso, se pagó el impuesto de circulación del año pasado.
En la Municipalidad de Samayac, Suchitepéquez, se determinó que el alcalde efectuó préstamos por Q1.9 millones, pero se comprobó que las actas de aprobación no contaban con el voto requerido por el concejo.
En la comuna de La Libertad, Petén, la CGC determinó la ejecución de varios proyectos adjudicados a la empresa Constructora SG por un monto de Q4.1 millones. La empresa no cumplió con el contrato.
En la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, la auditoría dio cuenta de que se incumplió con destinar las recaudaciones de los fondos privativos a las municipales de las riberas y tampoco se utilizaron para atender los gastos administrativos para impulsar programas de investigación y fomento, como lo establece la normativa.
La denuncia presentada en el MP fue por Q13.9 millones.
