Que sea una corte libre de presiones políticas y apegada al Derecho es lo que espera el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) de la nueva CC.
“En esto los mensajes han sido muy claros y ya se han dicho aquí: no queremos una corte de corrupción ni de clientelismo, y yo añadiría que no queremos una corte ideologizada. Hemos aprendido de la manera más dura en los últimos cinco años lo que significa tener una CC que ha sido muy cuestionada en ese aspecto”, comentó Roberto Ardón, director ejecutivo del Cacif.
Cumplir con la ley
Los magistrados deben velar por que se respeten sus resoluciones, pero ellos también deben respetar la Carta Magna, cumpliendo con los límites que claramente les dicta, expuso José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional (MCN).
“Que haga lo que la ley le faculta y lo que la Constitución les dicta hacer, y no más. Puede ser un problema muy grande que se haga un cuarto poder sin frenos y contrapesos. Los magistrados sí están sujetos a la ley, se puede evaluar cómo actúan y se puede ir delimitando para los próximos años cuál es verdaderamente el rol de la CC, y no como un jugador político que tiene la última palabra y que ya nadie puede cuestionar”, afirmó.
Debe guardar distancia
La Asociación en Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes) apunta que, además de evaluar el proceso de designación, se debe entrar a valorar los resultados, ya que es imprescindible que la nueva CC haga que se respeten sus resoluciones, demostrando un fundamento netamente jurídico.
“Las decisiones de la Corte siempre van a ser políticas, porque su principal herramienta de trabajo es la Constitución Política de la República de Guatemala, y debe velar por el orden político, pero lo debe tomar con procesos jurídicos, no al revés, tomando decisiones políticas para después ponerle el tacuche jurídico”, agregó Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de Asíes.
Designaciones dudosas
“Una Corte de Constitucionalidad independiente no es imposible, pero en último proceso hay dudas sobre algunas designaciones”, señaló Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades).
“Es un proceso viciado, con muchos actores de por medio, muchos intereses que reflejan esa captura del Estado. Si vamos a ver quiénes son los órganos electores, tenemos una Corte Suprema de Justicia que lleva más de un año de forma ilegal, un Congreso cuya cuarta parte está vinculada con el crimen organizado y sabemos qué tipo de magistrados quieren; un Consejo Superior Universitario con dos electores con orden de captura, un Colegio de Abogados donde hay candidatos señalados, y el presidente, que ha hecho totalmente opaco el proceso de selección. Creo que estamos enfrentando un proceso bien oscuro”, dijo De León.
