Contar con mejores filtros para escoger entre los candidatos más idóneos es uno de los aspectos en que coinciden especialistas en el sector justicia y actores políticos que discuten las posibles reformas.
La discusión también gira alrededor de la reciente sanción que Estados Unidos impuso a la actual fiscal general, Consuelo Porras, al incluirla en la lista Engel de personas que no favorecen el combate a la corrupción con sus conductas antidemocráticas.
La discusión no es nueva, surge cada vez que está por finalizar el mandato de alguna de las autoridades que se rige bajo el proceso de las comisiones de postulación. Cualquiera de las seis que se deben elegir a través de este proceso:
- Fiscal General del MP.
- Procurador de los Derechos Humanos (PDH).
- Magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ).
- Magistrados de Cortes de Apelaciones.
- Contralor General de Cuentas (CGC).
- Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En 2015 el exdiputado Oliverio García Rodas presentó la iniciativa 5004, una propuesta de ley que buscaba mejorar las comisiones de postulación, pero pese a que la iniciativa obtuvo dictamen favorable de dos comisiones legislativas jamás avanzó en el Pleno para su aprobación.
Actualmente la Comisión de Reformas al Sector Justicia trabaja en un proyecto similar, escuchó a las universidades nacionales y hará un ejercicio similar con los actores públicos que integran las postuladoras con el fin de integrar una iniciativa para finales de octubre.
“Nosotros estamos dialogando con las bancadas, nuestra comisión tiene representantes de nueve de las 19 bancadas que existen. Esperamos tener el consenso necesario para que esta iniciativa de ley pueda ser aprobada de manera ágil, de lo contrario aquellos que se opongan van a quedar expuestos como aquellos que quieren tener un Estado cooptado por la corrupción y la impunidad”, señaló Osmundo Ponce, presidente de la mesa de trabajo.
Aunque la intención sea buena, a decir de algunas organizaciones este tipo de trabajo tuvo que hacerse antes ya que las discusiones parlamentarias están por centrarse en el presupuesto y Junta Directiva del 2022, donde una buena solución, aseguran, sería impulsar el proyecto ya dictaminado que también cuenta con el aporte de los postuladores.
Los cambios
Para blindar a totalidad las comisiones de postulación se necesitarían de cambios a la propia Constitución, pero para al menos mejorar el proceso de selección basta con cambiar algunos artículos de la ley ordinaria.
Eso según Carmen Aída Ibarra, titular de Movimiento Projusticia, organización que fiscaliza cada uno de los procesos de renovación de autoridades en donde se aplica la Ley de Comisiones de Postulación.
Ibarra señaló que actualmente las postuladoras operan cuatro meses antes del cambio de autoridades, cuando lo prudente sería hacer un proceso de selección profundo y sin prisas para lo que se necesitan entre ocho a 10 meses.
El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) es clave en las comisiones y cuenta con representación en cada una de ellas, pero es necesario que quienes sean electos lo hagan por méritos profesionales y morales, más no escudados en ostentosas campañas.
“Cualquiera que sea el proceso electoral del Cang vemos danzar millones y no sabemos quién está financiando eso, los abogados tendrían que ser los primeros en establecer una exigencia para frenar ese financiamiento electoral anónimo y regular lo no controlado, por lo menos establecer que deben debelar sus fuentes de financiamiento y que no pueden hacer campaña con muchos meses de anticipación”, indicó.
El contar con profesionales con valores y ética es la clave, “el problema realmente es el amaño en la manipulación, en las negociaciones espurias que hay en los procesos de postulación, todo esto no tiene lugar porque la ley lo permita, son situaciones negativas que se dan porque las personas que integran las comisiones y que llevan a la practica la legislación carecen de valores y se prestan a las negociaciones espurias y venden sus votos”, señaló.
Este último punto también lo comparte Sebastián Morales, de Guatemala Visible, quien estima que aunque se cuente con la mejor Ley de Comisiones de Postulación se hará poco o nada si sus integrantes carecen de valores.
“Es importante aclarar requisitos para que los comisionados puedan participar, que las personas que están representando a distintos sectores sean personas éticas y honorables porque hasta ahora la legislación va a que se elijan a personas correctas, pero qué pasa si quienes eligen no cumplen con esas credenciales, hay muchas cosas que se deben evaluar”, precisó.
El Movimiento Cívico Nacional (MCN) también considera oportunas algunas reformas, entre ellas medidas que eviten el conflicto de interés entre los comisionados, regular los procesos de entrevistas y hasta la forma en que son calificados los aspirantes.
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La próxima postuladora
Aunque el Pleno de diputados no ha cumplido con la renovación de magistrados para la CSJ y Cortes de Apelaciones, el trabajo de esas comisiones de postulación terminó.
Por los plazos constitucionales el próximo cambió será el de Fiscal General, el periodo de cuatro años de María Consuelo Porras al frente del MP finalizará en mayo de 2022.
Esa postuladora es integrada por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades nacionales, presidentes de la Junta Directiva y Tribunal de Honor del Cang y son liderados por el presidente de la CSJ.
Esta última instancia se encuentra en un impase y continua con los magistrados que concluyeron su periodo constitucional hace casi dos años, extremo que levanta sospechas en las organizaciones que integran Alianza por las Reformas.
“Parece que otro de los motivos por el que el Congreso no quiere elegir Cortes es porque quieren que Silvia Patricia Valdés, presidenta de la CSJ, sea quien presida la Comisión de Postulación para Fiscal General. Hay una serie de factores que se pueden trabajar, pero ya al estar cerca el proceso y ver cómo avanza la ciudadanía debe de presentar objeciones si lo considera oportuno”, señaló Álvaro Montenegro, de Alianza por las Reformas.
