A diferencia de la propuesta anterior, la que ahora plantea el Ejecutivo es voluminosa —139 artículos, en contraste con los cinco en la anterior—, técnicamente más compleja y se presenta como una ley nueva.
Sin embargo, al profundizar el análisis, el Icefi concluye que esta primera impresión es engañosa. En realidad, la gran mayoría del texto de la iniciativa 6141 coincide con la Ley de Contrataciones del Estado actual, decreto del Congreso 57-92, por lo que, en realidad, no es una ley nueva, sino otra reforma más.
La cantidad de artículos o aspectos nuevos es mínima, algunos con una redacción igual o muy parecida, en la que solamente se introducen correcciones de redacción u ortografía. En otros casos, algunos de los cambios ordenan ciertas materias e introducen criterios que derivan de la aplicación práctica de la ley, pero que no alteran ni modifican de manera sustancial la estructura de la Ley de Contrataciones del Estado actual.
Aislando los textos replicados o esencialmente iguales, entre otros, el Icefi identificó los siguientes como cambios de fondo: la atención de las demandas de algunos sectores para actualizar los montos a partir de los cuales son obligatorias ciertas modalidades de adquisición pública; el reemplazo de las juntas de adjudicación por comisiones de evaluación; cambios en la definición de autoridades responsables; nuevas reglas para el caso de proveedor único; normativa nueva para la enajenación de bienes del Estado; cambios a las normas para establecer precios de referencia; y, mecanismos para atender emergencias, entre otros. A criterio del Instituto, estas propuestas merecen analizarse y discutirse para evaluar el impacto que tendría su aprobación.
La discusión de estas propuestas debe ser amplia e integral. Por ejemplo, para el Icefi, si el Gobierno está solicitando actualizar al alza los montos límite entre modalidades de adquisición pública argumentando el efecto de la inflación, igual argumento debería aplicarse a otros ámbitos como el salario mínimo, porque el aumento de los precios afecta tanto la forma en que compran y contratan el Gobierno como los trabajadores.
Además, el Icefi no ve con buenos ojos todos los cambios de fondo propuestos. Considera como propuestas peligrosas o en extremo vulnerables a actos de corrupción y abusos el caso de excepción específico para las municipalidades y la supresión del certificado de disponibilidad presupuestaria como requisito para casos en los que se permite la omisión del contrato, entre otras.
Por esta razón, el Icefi se suma a las críticas por la prisa injustificada con la que la iniciativa 6141 está avanzando en su ruta parlamentaria de aprobación en el Congreso de la República. En particular, el Icefi considera inaceptable que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) solamente dedicó dos días hábiles para emitir su dictamen favorable con modificaciones, por lo que en su comunicado publicado el 5 de octubre recomendó al Pleno del Congreso devolver la iniciativa de ley a la CFPM, para que se estudie y analice con la debida profundidad y rigor técnico.
Pese a ello, ese mismo día, la alianza oficialista le dio trámite en su segundo debate, con lo cual la aprobación final y redacción por artículos podría ocurrir la semana próxima. Estas anomalías alimentan la desconfianza hacia el oficialismo y agudizan el descontento de la ciudadanía, que cotidianamente ve escándalos de fraudes y corrupción demasiado frecuentes en las compras y las contrataciones que realizan las entidades públicas.
Pero, para el Icefi la principal falencia de la propuesta es no enmarcarse en un esfuerzo de una reforma estructural hacia un nuevo y mejor sistema de adquisiciones públicas, entendido como un conjunto de principios, normas, procesos, instituciones y sujetos, no todos del sector público, que interactúan de forma ordenada con el objetivo de que las entidades estatales compren bienes y contraten servicios de manera honesta, eficiente y eficaz, de conformidad con los estándares internacionales más modernos en la materia.
El objetivo debe ser una reforma estructural que logre un sistema nacional de adquisiciones públicas que abarque los desafíos del servicio civil, fortaleciendo el personal a cargo de las unidades de compras, los procesos de planificación para que los planes compras se definan a partir de evaluar las necesidades, o la aprobación de una ley de competencia, para subsanar fallas en mercados privados como los de medicamentos o de contratos de obra pública.
