Argumentos
Juan Ramón Lau, ponente de una de las propuestas dictaminadas y aprobadas en primera lectura, indicó que su se busca reformar el artículo 268 del Código Procesal Penal, porque la ley dice que las personas que estén en prisión un año sin ser juzgadas debe ser excarcelada.
“Pero existe el inconveniente que hay una prórroga indefinida, entonces, lo que se pide es que después de que una persona esté detenida se solicité y apruebe únicamente una prórroga de seis meses más”, afirmó Lau.
Lau indicó que si las personas retardan el proceso, las prórrogas sí se podrían considerar. Advirtió, además, que “la Comisión de Legislación agregó algo para los que cumplan más de 70 años”.
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“Eso es algo que no voy a avalar y le voy a solicitar a mi bancada que no la apoye porque consideramos que la reforma que propuse es suficiente. Yo respondó por mi propuesta que viene siendo discutida desde hace tiempo”, afirmó Lau.
Luis Hernández Azmitia, del bloque Movimiento Reformador, quien es el ponente de la segunda iniciativa con la cual se elaboró el dictamen, señaló que la iniciativa va en función de mejorar las condiciones del Sistema Penitenciario.
“El sistema penitenciario está con un 346 por ciento de hacinamiento y el 55 por ciento de esa población es por prisión preventiva. Al Estado le cuesta Q261.5 millones mantener a esa población en prisión preventiva”, afirmó el congresista.
Hernández Azmitia señaló que este hacinamiento no permite trabajar en la reinserción social de las personas y aseguró que durante esta administración gubernamental “no se ha reinsertado a un solo reo a la sociedad”.
Rechazan críticas
El diputado Hernández Azmitia fue consultado sobre las críticas que han surgido por esta iniciativa pues se considera que podría beneficiar a personas señaladas en casos de corrupción.
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“Les pediría que revisen la iniciativa de ley y el dictamen. En la iniciativa planteo ciertas restricciones para que no se aborden ciertos ilícitos, por ejemplo, está fuera la parte de la corrupción”, explicó Hernández Azmitia.
Agregó que que son alrededor de 290 casos son los que tienen nexos con corrupción del 55 por ciento de la población que está en prisión preventiva, que son más de 21 mil personas. “No está compuesta para esos ilícito, sino porque hoy tenemos un problema, que es el hacinamiento”, puntualizó.
Juan Ramón Lau también fue consultado al respecto y señaló que esta iniciativa no está dirigida a nadie en especial.
“Está dirigida a todos los seres humanos que están en prisión y no les resuelven su situación jurídica y no a nadie en específico”, afirmó el congresista.
Destacó que muchas personas han muerto en prisión preventiva y padecido enfermedades y los jueces “han ignorado esos Derechos Humanos que tienen todos los guatemaltecos”.
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