En Aeronáutica tachan ahora ese contrato de “sucio”, pues lo firmado contempla 10 mil metros cuadrados de espacio donde la compañía puede colocar anuncios por 10 años, aunque existe una cláusula en la que se indica que el tiempo comienza a correr cuando la empresa instale el último mueble —stand, pantalla, kiosco o cartelera— de publicidad, situación que no ha ocurrido, según Aeronáutica. Además, deben aproximadamente Q1.9 millones.
Carlos Velásquez, director de la DGAC, señala que se tiene información que en la empresa tiene acciones Sinibaldi.
La entidad se ha beneficiado estos años de los anunciantes que los contratan para pautar dentro de la terminal aérea.
“Todavía tienen el descaro de pelear en recursos legales para que no los saquemos, esto porque les notificamos la recisión anticipada del contrato que viene de 2013. Hay un recurso de revocatoria a una demanda que planteamos y no queremos conciliación con ellos”, explicó.
Vínculos oscuros
La empresa Media Airport System fue constituida el 7 de junio del 2006 ante el Registro Mercantil por José Guillermo Yupe Ramírez y René Felipe Cardona Pérez, con un capital de Q50 mil, que cuatro años después fue modificado a Q50 millones.
Ambas personas también aparecen como socias en la empresa offshore Summerhill Holdings, Sociedad Anónima, creada en noviembre del 2005 en Panamá, por el bufete de abogados Mossack-Fonseca, supuestamente a solicitud de Sinibaldi. Yupe Ramírez figura como tesorero y director, mientras que Cardona Pérez es secretario.
En la misma entidad, fuera de plaza, Aneliese Mercedes Herrera Monterroso está registrada como presidenta de la compañía. En los expedientes de empleados del Ministerio de Comunicaciones, en el renglón 029 de la administración de Sinibaldi, Herrera Monterroso figuró como coordinadora administrativa del despacho superior, con un salario de Q22 mil 400 mensuales.
La empresa fuera del sistema financiero local, asentada en Panamá, le habría servido al exministro para la venta de un negocio de publicidad del que era propietario.
En el caso de Yupe Ramírez, los registros del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Guatecompras) demuestran que prestó servicios profesionales para el Ministerio de Comunicaciones en el 2013, por un total de Q13 mil 500.
Su función supuestamente fue elaborar el plan anual de auditoría de la extinta Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo).
Lo irregular
Una investigación del Ministerio Público y la declaración de Víctor Hugo Hernández, excontador de Juan Carlos Monzón, quien era el secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, reveló que la empresa Vista Servicios Electrónicos, Sociedad Anónima, adquirió dos propiedades del expresidente Otto Pérez Molina, la primera fue una casa en Izabal y la otra una finca en Zaragoza, Chimaltenango, que desde el 2012 se comenzó a ampliar con la adquisición de más terrenos comprados por Vista Servicios.
De acuerdo al Registro Mercantil, esta última empresa fue constituida en febrero del 2009 por José Guillermo Yupe Ramírez —fundador de Media Airport System— y José Romero Méndez, con un capital de Q200 mil.
Se llamó a la empresa Media Airport System desde las 16 horas, hasta que indicaron que la persona a cargo de información ya se había retirado y atendería hasta el lunes.
Contrato cuestionado
La compañía es la única que puede colocar anuncios dentro de la terminal aérea.
- La Dirección General de Aeronáutica Civil aceptó en el 2013 contratar a Media Airport System para colocar publicidad dentro del Aeropuerto La Aurora.
- El contrato tiene vigencia de 10 años y una cobertura de 10 mil metros cuadrados dentro de las instalaciones del aeropuerto internacional.
- Existe una cláusula en el contrato que indica que el tiempo de vigencia comienza a correr desde la instalación del último mueble para colocar publicidad.
- Las autoridades de la DGAC denuncian que la empresa no ha terminado las instalaciones y los 10 años no han empezado a correr.
- Según la institución, la firma les adeuda no menos de Q1 millón 900 mil en renta por el espacio.
- Ahora existe un procedimiento legal entre la DGAC y la empresa.