Esta lista fue cuestionada por la congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, quien afirmó que se trata de una “farsa” por no incluir a funcionarios actuales; sin embargo, para Francisco Villagrán de León y Nicholás Virzi, la ausencia de estos nombres no significa que no haya alguna investigación.
Villagrán de León, exembajador de Guatemala en Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas, opina que EE. UU. no quiere comprometer o suspender su comunicación con esas personas, sino hasta que termine el periodo de este gobierno.
“Podría tratarse de altos funcionarios, ministros, viceministros, diputados o personas a cargo de instituciones del Estado, con quienes la Embajada de ese país mantiene comunicación o recibe información”, estima el exfuncionario.
Según el diplomático, esto le permite a las agencias e instituciones de aquel país, hacerse una idea de las relaciones y del “modus operandi de los funcionarios corruptos, de las redes que conforman y de quienes las dirigen”.
Villagrán de León no descarta que el Congreso de EE. UU., haya pedido información más precisa y la lista completa de los funcionarios corruptos, y que posiblemente recibirá en privado las razones por las que esa información se mantiene en reserva.
By willfully concealing the names of corrupt government officials in Central America, in defiance of Congress’ intent, the Trump administration is engaging in a cover-up. https://t.co/qlzakSyhVD pic.twitter.com/XGXMc3yKVT
— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) April 4, 2019
Por su parte, Virzi, director ejecutivo del Centro de Estudios Económico-Sociales (Cees), cree que en la integración del listado influyeron las prioridades de la política exterior de EE. UU.
“Estados Unidos necesita la cooperación de países aliados para implementar su política exterior, como en los temas de Israel y Venezuela, es natural que la administración otorgue el beneficio de la duda a gobiernos que cooperan con sus prioridades”, refiere el experto.
Para Virzi, esta decisión no quiere decir que EE. UU. abandonó la lucha contra la corrupción, pero en aquel país se prioriza la presunción de inocencia y no es común o normal que se extienda una lista con nombres de corruptos o criminales cuando estos no han sido vencidos en Ley. “Eso tampoco quiere decir que funcionarios actuales no serán o están siendo investigados”, indica.
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Además, según el director del Cees, esto también es reflejo de una lucha bipartidista en aquel país, debido a que los demócratas se declararon en resistencia en todas las acciones del presidente Donald Trump, como en el tema de migración, por lo cual es lógico que los republicanos no cumplirán las exigencias de su contraparte.
Diferente es la opinión de Jorge Wong, politólogo con estudios en Relaciones Internacionales, quien estima que es delicado que la congresista Torres deja entrever que el gobierno de EE. UU. está en componenda con los países que conforman el Triángulo Norte.
El analista señala que hay una contradicción entre entregar este listado, que no revela a los funcionarios corruptos y retirar la ayuda a los tres países debido a que no han podido frenar las migraciones.
“Si no se atiende el tema de la corrupción, cualquier ayuda se irá a un barril sin fondos. Combatir la corrupción es importante para comenzar a sanear los aparatos en los tres países, lo que genera pocas oportunidades para la población y obligan a la migración”, señala Wong.
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El listado debía entregarse en febrero, 180 días después de que se aprobó una enmienda en la NDAA (Ley de Autorización de Defensa Nacional), que requería que el Departamento de Estado proporcionara al Congreso un informe que incluye la lista de funcionarios corruptos.
El Departamento de Estado de EE. UU. sin embargo tardó 226 días en entregar dicho listado.
Además de solicitar la lista, la congresista presentó una iniciativa de ley que pretende sancionar a aquellos ciudadanos que “han socavado el estado de Derecho en Guatemala”.
Dicha propuesta, llamada “ley de responsabilidad del estado de Derecho de Guatemala”, y se basa en el listado que el Departamento de Estado de EE. UU. entregó.
Este proyecto de ley impondrá sanciones financieras y de viaje a las personas que han socavado el sistema de justicia de Guatemala. También se asegurará de que cualquier equipo de defensa futuro transferido pueda ser reclamado por el gobierno de EE. UU. si se usa incorrectamente, según Torres.
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