Jorge Luis Mekler Flores y Josué Alexánder Cifuentes Solórzano son los dos profesionales del derecho que Giammattei consignó en un memorial como los encargados de ejercer su defensa técnica, luego de que el exfiscal Sandoval revelara la declaración de un testigo, quien relató que había entregado dinero en una alfombra en la casa del presidente a cambio de que se le cediera el control de uno de los puertos del país.
El presidente dijo en el oficio que se ponía a disposición “voluntaria” de la fiscalía para aclarar los señalamientos, sin embargo, lo cierto es que de momento no puede ser sujeto a una persecución penal porque goza del derecho de antejuicio.
No obstante, se apersonó con el auxilio de los abogados Mekler Flores y Solórzano Cifuentes. Ambos tienen contratos vigentes y el primero de ellos tiene un historial de defensa a personas vinculadas a casos de corrupción que en su momento investigó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
De defender a sindicados a asesorar un programa insigne del gobierno
Mekler Flores tiene un contrato en el Crédito Hipotecario Nacional como asesor jurídico del seguro médico escolar desde enero. Devenga Q16 mil 800 mensuales y culmina en diciembre. Este programa impulsado por la administración de Giammattei tiene un presupuesto de Q27 millones 886 mil 432, del cual se han devengado Q16 millones 806 mil 616.
El seguro se ha cuestionado ya que, pese a su costo millonario, el 96 por ciento de asistencias que brinda a estudiantes del sector público son por medio de llamadas telefónicas. De esta forma la posibilidad de un médico de diagnosticar al paciente es reducida.
Mekler también figura en los registros de la FECI como abogado en diversos casos de corrupción. Entre estos destacan su participación como defensor de Abdy Sucely Estrada García, madre de la exnovia de José Manuel Morales Marroquín, hijo del expresidente Jimmy Morales, en el caso denominado Botín Registro de la Propiedad. Estrada García fue absuelta por el delito de fraude.
Además, defendió al exdiputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, Carlos Enrique López Girón, quien permaneció prófugo desde febrero de 2017 cuando se develó el caso de plazas fantasma en el Congreso y fue detenido en tribunales en abril de este año. Mekler lo auxilió para presentar recursos judiciales que retrasaron el trámite de su antejuicio por más de medio año. Actualmente, el excongresista se encuentra ligado a proceso.
Mekler fue también quien firmó un memorial del partido Vamos para separar al exjefe de la FECI de una investigación que involucraba al partido, dijo el exfiscal. El argumento era que Sandoval investigó ejecuciones extrajudiciales en el Caso Pavorreal, en el cual Giammattei figuró como sindicado, y por lo tanto tenía enemistad.
En su defensa, Sandoval expuso que su actuación como fiscal en ese caso se realizó de conformidad con sus facultades legales y en apego a una obligación impuesta por la ley. “El simple hecho de que con anterioridad en el marco de otro proceso penal se haya investigado o procesado a la misma persona (a Giammattei) no era suficiente razón para tratar de separarme de casos”, argumentó.
En su informe Impunidad y redes ilícitas: Un análisis de su evolución en Guatemala, la Fundación Myrna Mack ubica a Mekler en una red de abogacía que presta servicios al crimen y se caracterizan por defender a múltiples sindicados en diferentes casos de alto impacto. “(…) no es casualidad que los casos de alto impacto se interconecten por la vía del litigio penal, pues, se (re)conoce la existencia de redes de abogacía que “producen” impunidad para la perpetuidad de la propia criminalidad”, reza el informe.
Actualmente, en Guatecompras figura otro contrato de Mekler en la Superintendencia de Bancos, por el cual devenga Q16 mil mensuales. Su responsabilidad es defender en procesos penales a funcionarios o exfuncionarios de esa institución, siempre y cuando los casos se originen por asuntos relacionados al desempeño de sus funciones.
Prensa Libre se comunicó con el abogado para consultarle si sus honorarios los paga el presidente o alguna institución de gobierno. Se le preguntó, también, si el jefe del Ejecutivo le ha dado alguna instrucción relacionada al seguro médico escolar y si no considera un conflicto de interés el fungir como abogado personal del mandatario y simultáneamente asesorar un programa de gobierno.
Ninguna de estas dudas fue respondida. En cambio, Mekler se limitó a responder en un mensaje de texto que sus casos no los litigaba en medios de comunicación, sino en los tribunales.
“Adicionalmente, como usted sabrá, de conformidad con la ley ciertos renglones de contratación no forman vínculo alguno con el Estado y en la relación cliente-abogado, por ética profesional, no puedo proporcionar información. Reitero mi agradecimiento a tu comprensión y a su labor”, comentó.
Defensor de funcionarios en el IGM y la SIB
El otro abogado del mandatario, Cifuentes Solórzano, tuvo un contrato en el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) entre enero y abril para defender de denuncias a funcionarios de dicha entidad por causas relacionadas al desempeño de su cargo. Devengó Q15 mil mensuales.
Al igual que Mekler, Solórzano Cifuentes también tiene un contrato en el SIB para defender a funcionarios con procesos penales por el cual devenga Q16 mil mensuales. En el portal no figura ninguna factura. Al consultar con la SIB, se informó que la contratación estaba vigente pero no tienen la obligación legal de publicar las facturas de cada pago realizado. “De igual manera acontece con los procesos de licitación pública o cotización”, informaron.
Giammattei no es ajeno al IGM. En abril el vicepresidente Guillermo Castillo lo señaló de intervenir en asuntos de esta institución luego de que la Autoridad Migratoria Nacional, integrada por ministros de estado, destituyera a Guillermo Díaz como director. Díaz señaló que el presidente había “pedido su cabeza”.
¿Conflicto de interés?
Andy Javalois, consultor de la Fundación Myrna Mack, considera hay un riesgo con que el presidente elija abogados personales a profesionales que brindan asesoría en instituciones públicas.
“El problema es claro: podrían estar comprometidos con el presidente, más que con su cliente (las instituciones estatales). Podría haber un conflicto de interés”, dijo Javalois.
El entrevistado insiste en que no se trata de cuestionar el ejercicio profesional, sino la actitud del presidente de elegir a abogados que trabajan en el sector público, aunque no sea bajo una relación de dependencia labora.
Al respecto, el abogado Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, considera que el primer punto es evaluar la clase de contratos que suscribieron los abogados del presidente con el Estado para determinar si tienen o no impedimento legal para ejercer la profesión de manera liberal.
Mekler y Solórano están en modalidades que no implican relación de dependencia laboral, por lo que no tienen ningún prohibición alguna.
En ese caso, Orellana considera que ambos profesionales deben evaluar si existe o no conflicto de interés, ya sea por quien les contrata o por el asunto a tratar. El entrevistado asegura que ese análisis recae en los abogados, quienes deben actuar con “rectitud, responsabilidad, ética, principios y valores, caso contrario, se podría incurrir en responsabilidades legales”, enfatiza.
Presidencia niega explicaciones
Prensa Libre se comunicó con Patricia Letona, secretaria de comunicación social de la Presidencia, y le consultó si los abogados los pagaba Giammattei o para ello se usaban fondos públicos. Se le preguntó cómo el mandatario conoció a ambos abogados y por qué los eligió.
Sin embargo, la funcionaria dijo que no harían ningún pronunciamiento al respecto y no respondió las preguntas.
