La diligencia penal está prevista para el lunes 21 de septiembre y aunque las peticiones exactas que busca la excandidata presidencial no son públicas, en los pasillos del Congreso se habla que alguna de esas solicitudes buscará que Torres pueda retomar sus actividades políticas.
A criterio del bloque UNE, de la fracción encabezada por el diputado Carlos Barreda, esto podría afectar la investigación porque le permitiría a la principal sospecha de un financiamiento no registrado —por cerca de Q27 millones—, acceder a informes contables.
A criterio de la bancada, podría tener acercamientos con testigos, que por temor a posibles represalias, cambiarían su declaración; podría, además, obtener el control político del partido y hasta incidir, con su grupo de diputados, en la elección de las próximas autoridades judiciales.
“Pondría bajo control de ella a las personas que se encargan de llevar todo el archivo financiero del partido, también coincidiría en algunas instancias con personas que fueron señaladas por el Ministerio Público, que por gozar de antejuicio, no fueron procesadas. El peligro es inminente para el proceso y la averiguación de la verdad”, dijo Óscar Argueta, secretario general en funciones de la UNE.
El titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, aseguró desconocer qué busca exactamente Sandra Torres, pero afirmó que los señalamientos en su contra obedecen a su participación en actividades políticas.
“Si bien es cierto, para la fecha desconocemos las motivaciones por las que están solicitando la revisión de las medidas de coerción, debe de entenderse también que parte de la vinculación o los hechos que la vinculan a ella al actual proceso penal precisamente corresponden a su participación en actividad política”, añadió Sandoval y dijo que los cargos que mantiene sujeta a proceso a Torres son asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado.
Cortes a su gusto
Diputados de la UNE —del ala de Torres—, como Carlos López y Estuardo Vargas se reunieron con el empresario Gustavo Alejos —señalado de manipular la elección de Cortes— cuando se preparaba la nómina de candidatos para la CSJ y Cortes de Apelación, según los señalamientos del MP.
Por ello, la posibilidad que con un mayor rango de operación política, Torres pueda mover los hilos que Gustavo Alejos no puede hacer desde prisión, según analiza Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades).
“Hay una línea directa entre Sandra Torres, Gustavo Alejos, diputados en el Congreso y algunos de los candidatos que fueron evidenciados por la Feci, quienes, seguramente, estaban negociando algún tipo de acuerdos, lamentablemente el sistema está tan corrupto, es obvio, que el proceso está pasando por un periodo de cooptación”, señaló De León.
Por su parte, José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional (MCN), es aventurado pensar que una persona pueda incidir de manera significativa en esa serie de nombramientos, pero añade que algún cambio en el proceso penal contra Torres podría despertar sospechas.
“Sería especular, pero sí causa mucha desconfianza que políticos como Sandra Torres o partidos tan grandes como la UNE en el Congreso puedan tener una incidencia directa en que, sin los votos del partido, no se puedan elegir Cortes. Yo creo que es importante tener esa precalificación bastante clara para que puedan garantizarse unas Cortes independientes”, indicó.
“Quieren quedarse con la UNE”
Sandra Torres respondió a los señalamientos que hicieron los diputados Barreda y Argueta y afirmó que los dos congresistas “desconocen la ley”.
“A estos dos diputados impresentables no les costó ni su diputación, menos el partido. Actúan con ignorancia de la ley y avaricia; sin embargo, soy respetuosa del Estado de Derecho y el debido proceso y no me gustaría ventilar mi caso mediáticamente. Como dije, estos dos sujetos aparte de ignorar la ley, ignoran cómo funciona un proceso penal ya que las medidas dejaron de tener razón de ser al terminar la investigación, la cual concluyó casi ya un año”, dijo Torres.
La excandidata acusó a sus opositores de falta de liderazgo “ya que solo los conocen en su casa”. Señaló que los diputados pretenden quedarse con el partido “a como dé lugar” por la deuda política de Q20 millones por el voto alcanzado con su candidatura.
“Detrás de mi proceso penal han estado siempre ellos. Es más, yo no era Secretaria General cuando ocurrieron los supuestos hechos que a mí me indagan, fungía como secretario y representante legal Orlando Blanco y eso lo sabe el MP”, añadió.
Respondió además a los señalamientos que la relacionan en un intento por manipular la elección de Cortes: “Lo único que me provoca es risa, ya que son ellos —Barreda y Argueta— los que han manipulado siempre el tema de las Cortes”, precisó.
El caso
Actualmente, Torres goza de un arresto domiciliar luego de depositar una caución económica de Q800 mil, también tiene como condiciones acudir semanalmente a firmar el libro de actas del MP y no puede participar en actividades políticas.
Está sujeta a proceso penal por los cargos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado, por, presuntamente no reportar en las elecciones de 2015 poco más de Q27 millones, según la investigación.
Recientemente se ha visto envuelta en un pulso legal contra el diputado Argueta, con quien disputan la secretaría general de la UNE, lo que le ha hecho volver a utilizar las redes sociales con las que pedía votos en los comicios generales de 2019.
El pasado 11 de septiembre luego de un fallo legal a favor del diputado Argueta, escribió en tuíter: “No afecta mi Secretaria General. Hay 2 resoluciones en definitiva del Tribunal Supremo Electoral confirmado (…) en un comunicado. Esperamos resolución definitiva de la CC conforme a Derecho. Sigo siendo Secretaria General”, explicaba en una parte del mensaje.
