Por parte de EE. UU. viene Juan González, encargado de Latinoamérica y el Caribe en el Consejo de Seguridad Nacional, y Ricardo Zúñiga, recientemente nombrado enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica.
La misión no oculta su preocupación por el deterioro de las condiciones de vida en Guatemala, y consideran que la corrupción junto con el crimen organizado se ha convertido en el principal motor de la migración forzada hacia EE UU.
Los funcionarios coinciden en que el desarrollo de las economías depende de que exista un pleno respeto al estado de derecho y un sistema judicial que funcione.
Asimismo, González destacó que es “importantísimo” que los países cuenten con sociedades civiles “robustas” y declaró que el apoyo de EE. UU. a estas “no es un tema ideológico”.
“Aquí no importa si es de izquierda, derecha o del centro. La sociedad civil demanda de los gobiernos transparencia, objetividad, respeto a los derechos humanos y un sistema judicial que responda a todos, eso es algo fundamental”, subrayó González.
A inicios del año pasado, el Congreso aprobó modificaciones a la Ley de Oenegés las cuales limitaban su alcance e incluso, e incluso, algunos sectores creen que las debilita; sin embargo, semanas después la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió dar amparo provisional a una acción en contra de dicha legislación lo cual dejó temporalmente en suspenso su entrada en vigencia.
Llamado a magistrados
De esa cuenta González y Zúñiga recalcaron en la importancia de que los recién electos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que tomarán posesión de sus cargos el próximo mes, estén comprometidos con los intereses de la nación y no con los de “pequeños grupos de personas”.
“Nos pueden criticar por tratar de involucrarnos en los temas internos, pero cuando el sistema judicial de Guatemala funciona los EE. UU. se beneficia porque eso quiere decir que los ciudadanos tienen acceso a la justicia y que la inseguridad está siendo combatida”, apuntó González.
Zúñiga resaltó la necesidad de que los países del Triángulo Norte sean más prósperos al indicar que “lo que es bueno para Centroamérica, es bueno para EE. UU.”. Señaló que si no cambian las condiciones en estas naciones no se detendrá la migración irregular.
Agregó que la sociedad civil, el sector privado y el gobierno deben ser parte del esfuerzo.
“Se trata de fomentar una buena gestión para que el gobierno responda a las necesidades de sus pueblos, en educación, salud, seguridad y derechos humanos”, dijo Zúñiga.
“El combate a la corrupción será el eje central de la política de Biden hacia Centroamérica” ya que el crimen organizado y la corrupción son elementos fundamentales que han causado el deterioro de las condiciones de vida en los últimos años, expuso.
Zúñiga considera que para el buen funcionamiento de la sociedad y de la economía tiene que existir una “alta confianza de que habrá respeto al estado de derecho”.
Sin embargo, González reconoció que las medidas que pueda adoptar EE. UU. no son suficientes para hacer eficiente un sistema de justicia, en referencia a las sanciones por corrupción como el retiro de visas, entre otras.
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“Sabemos que es difícil, no se puede arreglar o fortalecer un sistema judicial a través de sanciones”, enfatizó. “Se tiene que trabajar con los gobiernos para fortalecer la capacidad doméstica” para que los sistemas de justicia sean transparentes y no protejan a quienes están involucrados en actos de corrupción.
Visita
La misión del Gobierno de EE. UU. estuvo en México previo a su visita a Guatemala, donde conversó con funcionarios de ese país sobre el “desarrollo de un plan de acción eficaz y humano para gestionar la migración”, dijo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.
Se prevé que en Guatemala los funcionarios estadounidenses se reúnan con organizaciones civiles. Por parte del Gobierno, la Cancillería guatemalteca informó que la delegación se reunirá con el canciller Pedro Brolo y los vicecancilleres, así como los ministros de Economía, Finanzas, Educación, Gobernación y Defensa Nacional.
“Tenemos conocimiento de que abordarán temas principalmente de seguridad, económico y migratorio”, destacó la Cancillería. “Estas reuniones son parte de una agenda de trabajo conjunta que se viene trabajando con la embajada de EE. UU. y nuestra embajada en Washington”, dijo.
No se ha informado de reunión alguna con el presidente Alejandro Giammattei.
La delegación tampoco viajará a El Salvador ni a Honduras, a pesar de que son los otros dos protagonistas de la ola migratoria que preocupa a EE. UU. A propósito, ambos funcionarios remarcaron que en estos momentos la frontera sur del país está cerrada para nuevos migrantes.
Libertad de prensa
Los funcionarios también hicieron hincapié en que el respeto a la prensa independiente es vital para construir sociedades democráticas.
“Nosotros —en EE. UU.— tenemos otros debates sobre justicia social y desigualdad, pero sabemos bien que para que podamos resolver los problemas se necesita una prensa libre y objetiva”, dijo González.
“Aunque a uno lo critiquen así es como funciona, esto crea demandas para que los gobiernos respondan”, indicó.
