Todo el Pleno del TSE fue denunciado por el Ministerio Público (MP) por una serie de aparentes anomalías en la compra de su sistema informático que fue utilizado en las votaciones generales en Gutemala, de 2023.
El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) tuvo un costo de Q148 millones, que a consideración de una auditoria de la Contraloría General de Cuentas (CGC), fue sobrevalorado.
La denuncia contra los magistrados del TSE se centra en los cargos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, según las solicitudes de antejuicio formuladas por la Fiscalía de Delitos Administrativos.
Aunque son ocho los magistrados denunciados, entre titulares y suplentes, el proceso de antejuicio que mantiene la Comisión Pesquisidora solo se centró, en este momento, contra cuatro magistrados, los restantes obtuvieron un amparo provisional.
Palencia no asiste
La magistrada Irma Palencia, quien fue presidenta del TSE para la convocatoria de las elecciones, la primera vuelta, segunda vuelta y para la oficialización de los comicios, no acudió a la Comisión Pesquisidora.
Palencia pidió a la mesa legislativa ser citada en otro momento, indicando que al momento de ser citada no se adjuntó toda la información que ha tenido de conocimiento la Comisión Pesquisidora.
Según un oficio firmado por la magistrada, al que los diputados dieron lectura, la magistrada pedía ser citada en una nueva fecha, pese a que el plazo que la comisión se fijó para entregar su informe es este martes 28 de noviembre.
De los cinco diputados que integran la comisión, solamente Osmundo Ponce, de URNG – Maíz, solicitó que se aceptara la petición de la magistrada, el resto voto en contra de la petición.
“Me parece que no podremos dar un informe si no se ha tenido el derecho de audiencia a todos los magistrados en igualdad de condiciones, y creo que nosotros tenemos que seguir con el debido proceso, con la igualdad procesal y el derecho a la debida defensa, eso nos evitará caer en arbitrariedades”, dijo.
Magistrado presenta descargos por escrito
El segundo magistrado denunciado, Mynor Franco, evacuó sus pruebas de descargo de forma escrita. Memorial que fue leído durante la reunión de la Comisión Pesquisidora.
Franco enfatizó sus argumentos diciendo que la denuncia no tiene ningún fundamento técnico, pidiendo que no se acepte la denuncia que presentó el MP.
“En el presente caso se debe de presentar un juicio de valor sobre la denuncia presentada por el MP, que se da por la denuncia de los ciudadanos Geovanni Fratti y Karen Fisher”, indicó el memorial de Franco.
El magistrado reiteró que los hechos son de una naturaleza “espuria e ilegítima que motivo la denuncia”, reiterando que se expone “un hecho falso, el cual se entiende como algo fingido”.
El magistrado pidió, en más de una ocasión, que no se recomiende el retiro de la inmunidad porque “las motivaciones no son técnicas o constitutivas de delito, hacen una referencia de mi persona a grupos de izquierda, niego rotundamente, la solicitud de antejuicio en contra de mi persona es espuria e ilegítima”.
Tras la presentación de este memorial, el diputado Ponce dilató, por algunos minutos, la presentación de los magistrados Rafael Rojas y Gabriel Aguilera que si comparecieron ante los diputados.
Ponce se negó a que se aceptará la evacuación de Franco por escrito, y pidió que se modifique el trámite, ya que por igualdad de condiciones la presentación debe de ser verbal, ya que él tenía varias dudas contra los diputados.
Rojas y Aguilera asisten al Congreso
Los únicos magistrados que comparecieron ante la Comisión Pesquisidora fueron Rafael Rojas y Gabriel Aguilera, quienes presentaron de manera verbal sus pruebas de descargo por el proceso de antejuicio.
Al igual que Franco, enfatizaron que la denuncia que recibieron es espuria e ilegítima, reafirmando que no existen elementos sólidos que permitan dar con lugar a una denuncia de este tipo.
El primero en exponer ante los diputados fue Rojas. “A mi parecer la denuncia es totalmente espuria. Es de conocimiento público que los dos personajes que presentan la denuncia, en redes sociales han cuestionado desde el 2020 la integración del TSE, pero en el año preelectoral toda la planificación para los mecanismos de adquisición, que permitió dotar de insumos a todos los órganos electorales”.
El magistrado añadió que el TSE es el órgano encargado de contratar todos los elementos de tecnología que permitan la celebración adecuada de las votaciones, lo que incluiría la contratación del TREP, utilizada para las votaciones del 25 de junio y 20 de agosto.
Reafirmó que la Dirección Electoral realizó un trabajo de logística, detectando puntos clave para los centros de votación, que permitieron “acercar el voto”, trabajo conjunto con la Dirección de Informática, ya que se tuvo que coordinar acciones.
“Es absurdo que se me atribuya el delito de abuso de autoridad, dicen que yo como magistrado, en principio siendo abogado, magistrado de CSJ y Cortes de Apelación, debe de haber un modo, lugar y fecha que permita encuadrar acciones en un modo penal, y no lo veo en ninguna parte de la denuncia que presenta el MP”, agregó Rojas.
El magistrado explicó que la sumatoria de los votos fue una competencia de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), que en ningún momento se delegó está competencia a una empresa “entonces que me diga un juez penal como incumplí, es espurio y absurdo que digan que cometí un delito”.
Sobre la posible sobrevaloración, Rojas explicó que no se puede comparar un estado de México con el desarrollo de las votaciones en toda Guatemala. “En Puebla no sé, ni me interesa, en Guatemala fueron cinco elecciones donde se eligió a las autoridades que tenían que ser electas, y tuvimos la segunda vuelta”.
El magistrado Aguilera “explicó que como magistrados no tuvieron un detalle de precio por precio a detalle, que fue un precio global”, lo que les ofreció la empresa Datasys para el funcionamiento del TREP.
“No se queden con la idea que es solo multiplicar el precio de los celulares, es un precio intangible, es un valor de propiedad intelectual, pero nosotros solo vimos un precio global al momento de adjudicar”, amplió Aguilera.
El contrato que suscribió el TSE fue el desarrollo del programa informático para las elecciones, conlleva un trabajo arduo, explicó el magistrado, quien aseguró que cada empresa valúa los costos de cada uno de los programas que es su núcleo de negocio.
Aguilera explicó que la auditoria del Tecnológico de Monterrey veló porque no hubiera ataques al sistema, para medir que este no tuviera problemas. “El TREP nunca se fue, tuvimos un sistema fuerte, nunca hubo una caída del sistema”.
Agregó que el servicio de Datsys incluía a técnicos que capacitó a personal del TSE, junto a un plan de contingencia y 18 meses de soporte técnico, lo que indica que también conlleva un costo que está dentro de la cantidad total.
“El precio como tal no es solo el programa, conlleva muchos elementos más para llegar a ese producto total, de momento solo se ha realizado un pago”, señaló el funcionario, “han gastado más de lo que se les ha pagado – y la empresa – lo ha demostrado con facturas”.
