Esa decisión fue calificada por Acción Ciudadana y el Colegio de Ingenieros de mala para el Estado, en un proyecto marcado por la corrupción, que duplicará los costos en el futuro en la ampliación de esa infraestructura.
El ministro anunció la recuperación de la red vial de 97 kilómetros que dejó de construir la firma brasileña a un costo promedio de Q2 millones por kilómetro de línea asfáltica.
El tramo constará de dos carriles, y no de cuatro, que era el trazo original.
Hasta el momento no se conocen detalles de los costos, avances ni calidad de la obra. Ayer, la Dirección General de Caminos (DGC) integró la comisión liquidadora, que recibirá de Odebrecht el tramo ejecutado y conocerá la información detallada.
Además, se desconoce si se ejecutará la fianza a favor del Estado por el incumplimiento de Odebrecht.
El contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, indicó que tendrían que ver la manera en la que se está planteando, debido a que el MP y la Procuraduría General de la Nación (PGN) trabajan en ese tema.
“Habría que ver si va en el mismo sentido de lo que han estado proponiendo. Recuérdese que hay una serie de vinculaciones, de tipo penal, de lo contencioso administrativo”, manifestó.
Informó que la PGN no se pronunciará sobre los acuerdos que el CIV haga con la empresa Odebrecht, ya que hay un proceso en el Ministerio Público y el caso está bajo reserva.
En una investigación de Prensa Libre se determinó que hubo una modificación del contrato y el pago a Odebrecht por kilómetro se disparó, al extremo de que solo alcanzaría para 48 kilómetros. La construcción comprendía la ampliación a cuatro carriles de 140 kilómetros.
En qué consiste
García hizo ayer el anuncio del acuerdo con Odebrecht, durante su exposición en la Comisión de Finanzas del Congreso del presupuesto por Q7 mil 289 millones para el 2018.
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“Quiero darles una buena noticia. En el caso de Odebrecht, hemos llegado a un feliz acuerdo. Se buscaron acuerdos, convencimientos, y al final ya llegamos a un feliz acuerdo”, remarcó el funcionario ante los diputados de la referida sala.
El ministro García refirió que en el contrato con la firma constructora hay una cláusula que obliga al Estado a resarcir a la empresa constructora en caso de terminación anticipada. Sin embargo, eso no procedería en las circunstancias actuales, pues el Gobierno fue el afectado por el incumplimiento en la construcción del tramo carretero.
“Ellos —Odebrecht— manifestaron que no tienen ningún inconveniente en que pueda liquidarse prematuramente el contrato. Por lo tanto, no van a reclamar daños hacia el Estado, y se debe empezar con el proceso de liquidación”, afirmó.
García reconoció que no cuentan con el diseño original de la ampliación de 140 kilómetros, a cuatro carriles, de Cocales, Suchitepéquez, hasta la frontera con México.
El proyecto tendría un costo de US$280 millones —Q2 mil 920 millones—, con financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
La obra empezó a ser ejecutada en el 2013 por el entonces ministro del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi Aparicio, quien se encuentra prófugo.
García explicó que el avance de la ejecución de la obra realizada por Odebrecht es del 30% a 33%.
Mal negocio
Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, afirmó que la posición del ministro de Comunicaciones sobre ese caso genera duda, porque el avance físico no corresponde al financiero.
“Uno podría hacer una liquidación prematura o una recepción parcial, que son figuras que tiene la Ley de Contrataciones. Toda vez se pagó el 50% de la obra y si se observa un 50% del avance se podría liquidar, pero el propio ministro dijo en una ocasión que el avance financiero era superior a lo físico del proyecto”, expuso.
“Evidentemente, la empresa estaría feliz, si se le pagó una cantidad superior a lo que se construyó”, afirmó.
Lo segundo, explicó, es que se renuncia a la persecución de la empresa brasileña, ya que el Estado pudo haber declarado lesivo el contrato, darlo por concluido y no admitir posibles demandas por parte de la empresa, porque fue la que abandonó los trabajos.
“No fue la mejor solución, o que el ministro no ha dado a conocer la totalidad de la información. Lo vemos como un mal negocio, porque al final quien pierde es el Estado y la población, y al terminar un contrato sin acciones penales, administrativas o civiles contra la empresa se está avalando que se asuman las pérdidas”, declaró Flores.
Ministro de Comunicaciones explica sobre liquidación de algunos contratos de obras de construcción de carreteras. pic.twitter.com/k4RmpeaOtG
— Roni Pocón (@rpocon_pl) 11 de octubre de 2017
Más costosas
Murphy Paiz, presidente del Colegio de Ingenieros de Guatemala, manifestó que como sector profesional solicitan al CIV la posibilidad de evaluar el proyecto e involucrarse.
“Es un proyecto que propició la corrupción y es algo negativo para la ingeniería, que no se ha oxigenado y no se tiene la claridad de las costas legales”, dijo.
Aseguró que la ruta CA-2 Occidente es una de las más importantes para el comercio y desarrollo económico, que ha generado pérdidas incuantificables.
Otro problema, dijo, es que los costos para la construcción del tramo tendrán una nueva estructura, por el incremento de combustibles, aditivos, asfaltos y mano de obra. Añadió que es seguro que con los antecedentes las empresas contratistas que realizarán la recuperación estarán solicitando anticipos.
“Vale la pena que se realicen nuevos diseños, porque técnicamente hay aspectos que tienen que cambiarse y corregirse”, puntualizó.
