Política

Ministro de Desarrollo denuncia más de mil plazas renovadas a inicios de enero por el gobierno anterior

El ministro Raúl Romero, en conferencia de prensa con sus viceministros, informó los hallazgos en la cartera que dirige luego de un diagnóstico que efectuaron.

Raúl Romero, ministro de Desarrollo, en conferencia de prensa sobre hallazgos en la cartera que dirige. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Raúl Romero, ministro de Desarrollo, en conferencia de prensa sobre hallazgos en la cartera que dirige. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Uno de los primeros hallazgos de la administración de Raúl Romero como ministro de Desarrollo Social es la renovación por un año de mil 107 contratos en renglón 021 efectuada el 2 y 3 de enero pasados.

Esas plazas están ubicadas en la provincia, son los delegados, pues son de las personas que operativizan los programas sociales y el funcionamiento del ministerio. “Los dejaron instalados como que, prácticamente, siguieran gobernando -Jimmy Morales-“.

Romero aseguró que no hará señalamientos ni acusaciones contra exfuncionarios hasta que tenga la documentación, fundamentos o pruebas al respecto. Dijo que realizan un inventario de esas contrataciones para determinar si cumplen con el perfil requerido para el puesto y si cumplen con la función establecida.

Agregó que de esas plazas, 47 son nuevas contrataciones y 67 que laboraban desde hace seis meses, a un costo de Q350 mil mensuales. “No había necesidad de estas contrataciones porque el Ministerio funcionaba bien en años anteriores sin estas personas”, expresó.

El funcionario afirmó que aún desconoce cuántos empleados efectivamente laboran el cartera y que aún están en ese análisis para verificar la cantidad de plazas y personas que laboran, para lo cual levantan un inventario de la presencia física del personal.

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De acuerdo con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala el renglón 021 corresponde a personal supernumerario, temporal.

“Contempla los egresos por concepto de sueldo base a trabajadores públicos, contratados para labores con títulos funcionales que por la necesidad temporal en las instituciones Públicas, requieren ser creados únicamente para el ejercicio fiscal. Las Autoridades Nominadoras evaluarán si persisten las causas que justifiquen la continuidad de este tipo de personal para el siguiente ejercicio fiscal”, dice el documento.

“No estamos de acuerdo en que se gaste más en funcionamiento que en inversión, y eso comienza con el diagnóstico, el costo de arrendamientos, entre otros”, indicó Romero.

Solo en pago de arrendamientos, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) eroga Q17 millones al año por el edificio central y Q3.5 millones, por 43 sedes regionales.

Romero indicó que la dirección jurídica analice el contrato de arrendamiento de la sede central para tomar acciones y buscar una alternativa. También analizan el pago por las sedes regionales para determinar si los costos están dentro del precio real de mercado.

Además se encontró la asignación de cuatro vehículos al servicio del exministro, Carlos Velasquez Monge, y dos para cada uno de los viceministros; además, había secretarias y otro personal con vehículo a su disposición.

Programas sociales

La nueva administración también investiga la entrega de alimentos que se hizo del 10 al 31 de diciembre, por el que se deben pagar Q12 millones. Se supone que entregaron 400 mil raciones, pero no hay registro de la entrega.

“Tenemos que documentar que se recibieron y que se entregaron esos alimentos, no hay fotos, no hay evidencia. Es una entrega que hubiera sido muy sensible. Si corresponde se pondrán las denuncias correspondientes”, aseguró.

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Lo mismo ocurre con la ubicación de los comedores, pues no hay un fundamento de por qué funcionan en los lugares donde se instalaron. Se trata de los comedores de Palencia, Fegua, la colonia El Milagro, Roosevelt, Fraijanes y Mixco, debido a que están instalados en lugares donde no hay alta incidenica de desnutrición aguda o crónica.

Romero indicó que se deben cumplir 489 órdenes de juez para incluir a personas como beneficiarias en los programas sociales que maneja el Mides. “Las encontramos archivadas, prácticamente, ya están en análisis. Hago la salvedad de que hay plazos, y que algunos están retrasados, pero estamos evacuando”, dijo.

El ministro aseguró que está comprometido con erradicar el clientelismo en la cartera. “Estamos conscientes de que ha habido clientelismo en los beneficiarios programas sociales y nuestro compromiso es revertir esa situación. Los programas sociales no deben ser utilizados para beneficiar amigos o allegados de funcionarios y mucho menos politizarlos partidariamente, deben ser un instrumento de una política de Estado que permita ayudar a la población a salir de la pobreza”, manifestó.

Además se hará una depuración de los beneficiarios de los programas sociales y crear criterios e instrumentos técnicos para evaluar cada programa, para lo cual reciben apoyo de la cooperación internacional.

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De acuerdo con Romero hay duplicidad de esfuerzos, gastos y funciones en las instituciones y dependencias que combaten la desnutrición. “Esto es importante, hemos tenido reuniones preparatorias para el fortalecimiento del gabinete social y se deben definir estrategias de coordinación para que el Estado tenga una intervención integral en las regiones donde más se necesita por medio de un sistema de atención social”, explicó.

El Mides también analiza la función del Fondo de Desarrollo Social (Fodes) para determinar si continúa o no funcionando. En bodegas a cargo de este fondo encontraron 40 mil escritorios escolares, los cuales comenzaron a ser entregados en escuelas públicas.

Romero criticó que hayan escuelas con deficiencias en la infraestructura mientras que el equipo está guardado.

El viceministerio de Protección Social utilizará un software para la entrega de las transferencias monetarias condicionadas, anunció la viceministra Rutilia Ajanel. Este programa es con apoyo del Banco Mundial y Unicef en el que utilizará tecnología para determinar si un beneficiario debe o no ser parte del programa social.

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