“Es oportuno exhortar al Congreso para que se examine la posibilidad de convocar a un diálogo abierto que discuta sobre las posibles reformas, tanto constitucionales como de leyes ordinarias, que garanticen la calidad e independencia del Organismo Judicial”, dice la CC.
Además, sugiere que si se concreta la iniciativa se aprovechen las elecciones generales del 2015 para someter los cambios a consulta popular.
El presidente de la CC, Roberto Molina Barreto, dijo que la reforma constitucional para aclarar el proceso de elección de magistrados no puede esperar.
“El sistema, como está diseñado, nos ha demostrado en dos ejercicios de elección —de magistrados de Cortes— que provoca confusión, no es claro, es ambiguo y tiene muchas falencias. Está colapsado. Es imperativo e impostergable la reforma constitucional”, afirmó.
Molina Barreto enfatizó en que la reforma constitucional debe enfocarse únicamente en seguridad y justicia, y no en otros ámbitos que harían fracasar el intento por impulsar cambios.
“Si se va a hacer reforma, debe nacer de las entrañas. Para tener independencia, los cambios deben provenir de profesionales capaces, de análisis técnicos jurídicos, para llegar a consulta popular efectiva”, explicó el presidente de la CC.
Agregó que se podría aprovechar que el próximo año hay elecciones generales para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) llame a una consulta popular. Así se evitaría una “gasto mayor” y se utilizaría la misma logística.
Sin intención
El jefe de bancada del Partido Patriota, Juan José Porras, indicó que las reformas al sistema de justicia es “ineludible, no solo porque venga de una sentencia”.
Porras explicó que no es un tema nuevo y que ya hay algunas propuestas en el Congreso para reformar la Ley de Carrera Judicial, pero, afirmó: “Creo que por la coyuntura no es viable, por espacios y tiempos, pero seguro tendrá relevancia el próximo año”.
Leonardo Camey, subjefe del bloque de Libertad Democrática Renovada, indicó que es importante que empiece el debate en audiencias públicas, aunque aclaró que ve complicado que se conozca el próximo año, por ser electoral.
“El riesgo que vemos es que no se centre solo en el tema de seguridad y justicia, sino se busquen otros tipos de cambios y afectar el TSE, por ejemplo”, expuso Camey.
Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo que hay aspectos positivos y negativos en tratar de hacer cambios constitucionales el próximo año. Recordó que efectuar una consulta popular aprovechando la elección podría facilitar el ahorro de Q250 millones, pero por otro lado se podría “contaminar” ese proceso.
“El escenario preelectoral es muy contaminado. Creemos que deben avanzar —la consulta popular y elecciones— de forma independiente”, expresó.
Apoyan reformas
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha convocado a diversos sectores sociales a comenzar el diálogo e identificar las prioridades para definir una agenda mínima a fin de hacer cambios al sistema de elección de magistrados.
El próximo miércoles, el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, invitará a académicos, organizaciones sociales, centros de investigación, jueces, magistrados, fiscales, diputados y autoridades gubernamentales para alcanzar acuerdos al respecto, a fin de que con esos aportes se promuevan reformas a leyes relacionadas con el sector de justicia, señaló esa instancia internacional en un comunicado de prensa.
Lorena Escobar, abogada de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, señaló que hay una iniciativa de reformas constitucionales en materia de justicia en el Congreso que no avanza, y que esta sería la oportunidad para retomarla. “Este proceso confirmó la necesidad de reformas y aquellos que se opusieron, ahora están convencidos que es mejor modificar la Constitución a permanecer en este sistema”, añadió.
Lizandro Acuña, investigador del área de Justicia y Seguridad del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, opina que debe tomarse la decisión de si se hace una cirugía mayor a la justicia en el país o solo retoques.
“La propuesta A sería realizar cambios de fondo, y con esto una reforma constitucional. El plan B puede ser modificaciones a la Ley de Comisiones de Postulación y de la Carrera Judicial”, señaló Acuña.
Propuesta
Una propuesta de reformas a la La ley de Comisiones de Postulación está archivada en el Congreso.
La diputada Nineth Montenegro presentó en el 2012 la iniciativa 4471 para reformar la Ley de Comisiones de Postulación, que quedó engavetada en el Legislativo.
Se propone que la convocatoria para integrar comisiones se haga ocho meses antes del cambio de funcionarios.
Que el tribunal electoral de cada colegio fiscalice los fondos que reciban los aspirantes a integrar una comisión.
Se establece una nota para cada aspecto: méritos académicos, 35 puntos; profesionales, 40; proyección humana, 10; y éticos, 15.
