Olson opina que el principal problema tanto en Guatemala, Honduras y El Salvador es que existe una élite que se resiste a los cambios y se aprovecha del debilitamiento de las instituciones para imponer sus reglas.
¿Cuál cree que es la principal conclusión del informe?
Es difícil reducirlo a uno solo, pero creo que sí hay varias conclusiones relevantes para la política de EE. UU. La principal puede ser la prioridad que EE. UU. debe darle a la cooperación para la construcción de una agenda de gobernanza democrática. En el pasado con —el expresidente Barack— Obama, se pensó que había tres áreas importantes: oportunidades económicas, seguridad y gobernanza, todos son factores importantes que impulsan la emigración desde Centroamérica y causan una desesperación en el pueblo.
Nuestra conclusión es que entre estas tres prioridades había una que era más importante, por donde se tenía que empezar, la gobernanza democrática —que tiene que ver con— el fortalecimiento del Estado de Derecho e institucional y el combate a la corrupción e impunidad. Esa área no debería ser vista como una entre muchas, sino la principal. Es decir, es sumamente difícil pensar que se van a lograr las metas de una reforma próspera y más segura sin enfocarnos primero en la gobernanza.
¿Qué tan grande es el reto de hacer una reforma anticorrupción o de la gobernanza en nuestros países?
Ese es el segundo punto. Si estamos de cuerdo con que la gobernanza es la prioridad, entonces ¿cómo hacerlo? Con algunas pequeñas, pero importantes, excepciones los esfuerzos por fortalecer la gobernanza democrática han fracasado. En la investigación vimos que desde Ronald Reagan había un compromiso de crear un Estado de Derecho y de fortalecer la democracia, pero siendo honestos vemos que no ha habido resultados; o sea, la idea es la correcta pero la estrategia adoptada a lo largo de estas décadas no ha funcionado muy bien.
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El fortalecimiento institucional realmente no se logra simplemente con las ideas de capacitación de personal, selección de personal o nuevas leyes, habría que ir a más a fondo, más lejos. La estrategia de EE. UU. de decir ‘vamos a fortalecer las fiscalías, capacitémoslas’ es insuficiente.
¿Entonces cuál es el problema qué es lo que hay que enfrentar?
El problema no es que los guatemaltecos no lo sepan o que sean ignorantes o que no entiendan, sino que se enfrentan con una elite política y económica que se resiste a los cambios, a la idea de un sistema abierto, transparente y democrático donde no impere la corrupción ni la impunidad. Hay fuerzas mayores que específicamente se aprovechan la debilidad democrática, entonces nosotros proponíamos que es esencial alinear todas las agencias y capacidades del Gobierno de EE. UU. para tratar, de alguna manera, derrocar esos intereses particulares de esta élite a la que no le interesa la democracia, que debilitan los tribunales, a los fiscales y las capacidades de las instituciones para autorregularse.
¿De quién es esa responsabilidad de hacer esta reforma al sistema democrático?
En un mundo ideal la responsabilidad debe ser de los guatemaltecos, hondureños o salvadoreños, pero entendemos muy bien que hay poderes muy fuertes que se oponen. Entonces, en ese caso, pues EE. UU. tiene que apoyar las voces dentro de la sociedad civil y las pocas que hay dentro de los gobiernos, que están a favor de la democracia y la gobernanza.
EE. UU. no puede y nunca va a imponer un Estado de Derecho en un país, eso está claro. No se trata de que EE. UU. pueda implantar algo de esa forma, cuando lo ha intentado en otras partes ha fracasado en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, eso no quiere decir que se haga de la vista gorda o que no le ponga atención, más bien tiene que entender que hay que apoyar las organizaciones civiles, la prensa independiente y a las autoridades, aunque sean pocas, que estén comprometidas con esa agenda.
¿Y cómo actuar EE. UU. con aquellos que no están comprometidos con esta agenda?
Pues usar mecanismos que tenga a disposición para aislarlos, para debilitarlos, quitar visas, sancionar internacionalmente, dejar claro que no van a recibir el apoyo de EE. UU. porque nadie así tiene el derecho a su cooperación. Entonces, en ese sentido, como dije, la responsabilidad final de —de una reforma— es de los guatemaltecos, yo entiendo que la gran mayoría así lo quiere, pero están rodeados, estancados, limitados por sus propias autoridades corruptas y no se los permiten y no les dan voz y en muchos casos los reprimen.
En Guatemala, parece que los mensajes que ha enviado EE. UU. respecto a la corrupción últimamente no han hecho efecto. Por ejemplo, recién se eligieron a magistrados para la Corte de Constitucionalidad que han sido cuestionados. ¿Puede EE. UU. hacer algo más?
Puede y tiene que seguir dando estos mensajes, siendo muy claro que esto va a afectar la cooperación entre EE. UU. y Guatemala. EE. UU. no va a ignorar estos casos, yo creo que el presidente Joe Biden y sus asesores principales están muy conscientes de los nombramientos para las cortes, de las acciones de los miembros del Congreso guatemalteco y pues, del poder que continúa teniendo la corrupción institucional y la política del país que finalmente va a afectar a todos los guatemaltecos.
El estudio evidencia que varios cooperantes llegaron a sentir que ellos deseaban más un cambio que los propios gobiernos. ¿Qué nos dice esto? ¿Debe ser decepcionante o desesperanzador para nuestros pueblos?
Yo supongo que sí. Yo entiendo que los guatemaltecos en general quieren un país donde los derechos humanos sean respetados, donde la corrupción no sea algo cotidiano, donde el gobierno responda a las necesidades del pueblo y no a la de una élite económica y política, yo esperaría que sí. A veces uno siente que lo que desea el pueblo no lo respetan los gobiernos y por eso EE. UU. tiene que, en mi opinión, tener mucho cuidado apoyando a las voces democráticas en la sociedad y en las instituciones donde existan, pero es claro que no siempre comparte la visión con algunas autoridades en estos países.
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El presidente Joe Biden anunció hace poco un plan de ayuda de US$4 mil millones ¿Cómo lo ve a la luz de las conclusiones del estudio, puede tener éxito?
No. Simple y sencillamente no va a tener éxito. Para mi lo más importante es empezar con una estrategia clara de cómo ir contribuyendo y apoyando la construcción de una democracia moderna con respeto a los derechos humanos y en contra de la corrupción e impunidad. Realmente eso es costoso, pero en el sentido de que requiere una altísima voluntad política, pero no tanto en cuanto al dinero gastado y este informe lo dice claramente, que el tema no es cuánto dinero vamos a gastar, ya dejemos de lado los argumentos si son cuatro, ocho o nueve, eso no importa, sino más que nada es tener una estrategia centrada en el Estado de Derecho. Si esta estrategia tiene éxito dará oportunidades para otro tipo de cooperación, pero el tema polémico no debe ser la cantidad de dinero, sino las metas como construir una sociedad mucho más abierta y democrática.
Hablando de cooperación ¿Cómo hacer que esta se dirija hacia esas áreas que es de donde más hay migración?
Como dije al principio, la prioridad debe ser la construcción de un gobierno donde no impere la corrupción y la impunidad —porque— la corrupción le roba a los ciudadanos el presupuesto, le roba a los ciudadanos las posibilidades y oportunidades que deberían tener. Hemos visto en Guatemala corrupción en el Seguro Social y en otros ministerios y si eso persiste, pues, ninguna cooperación de EE. UU. va a ayudar.
Yo creo que está bastante claro que sin un Estado de Derecho un control efectivo de las cuentas públicas un control jurídico de los que caen en actos de corrupción esto va a continuar y eso no es aceptable. Creo que EE. UU. no debe continuar invirtiendo en programas que son utilizados para el beneficio de unos pocos, es así de simple, sé que es difícil, pero es así. No podemos hacernos los ciegos y continuar haciendo lo mismo de siempre y esperar resultados distintos simplemente porque hay problemas de corrupción y falta de voluntad política.
