Las organizaciones sociales indicaron en un informe presentado este martes que, durante 2021, en el Congreso “no hubo avance en la elección” de los 26 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de 225 jueces de salas de Apelaciones.
De acuerdo con el documento, el Congreso guatemalteco, encargado de la elección según la ley, solamente debatió al respecto en febrero de 2021, pero después de analizar a tres aspirantes de 270 posibles, no volvió a retomar el tema en su agenda parlamentaria.
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Las conclusiones del informe forman parte de una evaluación anual que realizan al Congreso las organizaciones sociales no gubernamentales Guatemala Visible, Centro de Investigaciones Económicas Nacionales y Fíjate Bien.
Los 26 nuevos magistrados titulares y suplentes del Supremo y 225 de Salas de Apelaciones debían haber sido electos en 2019 y tomado posesión el 13 de octubre de ese año por un período de cinco años, pero por una serie de ilegalidades, amparos e investigaciones de amaño, el proceso está detenido y sin solución a la vista.
Es por ello que la actual Corte Suprema de Justicia sigue siendo la misma que fue elegida en 2014, pese a que su periodo de cinco años finalizó en 2019, el mismo caso que se presenta con los 225 magistrados de las Salas y Cortes de Apelaciones del Organismo Judicial.
La renovación del Organismo Judicial es trascendental para Guatemala en la lucha contra la corrupción, principalmente después de que en 2014 la magistrada Claudia Escobar denunciara que las cortes en aquel año fueron elegidas con irregularidades impulsadas por el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), actualmente preso por corrupción.
El informe divulgado este martes por las organizaciones sociales advirtió también que la asistencia durante 2021 de los diputados al Congreso “fue baja” y que el presupuesto del Parlamento sigue creciendo anualmente y en 2022 ascenderá a 128 millones de dólares aproximadamente.
Elección retrasada
La elección de los 251 nuevos magistrados del Organismo Judicial fue suspendida en 2019, luego de que la Fundación Myrna Mack, una organización no gubernamental que trabaja por la transparencia en el sector Justicia, interpusiera un recurso legal por irregularidades en la comisión de postulación para designar a los magistrados.
La solicitud fue avalada por la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, que ordenó repetir ciertos procedimientos en la comisión postuladora y avaló la continuidad de sus funcionarios en lo que se llevaba a cabo la elección.
Posteriormente, en febrero de 2020, cuando se avanzaba en una posible designación de los jueces por parte del Congreso, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público descubrió un amplio intento de amaño del proceso con el empresario farmacéutico y exsecretario presidencial Gustavo Alejos como principal protagonista.
Alejos, sancionado en 2021 por Estados Unidos por “corrupción” en el país centroamericano, se reunió antes de la elección con casi dos docenas de personas vinculadas a la designación, entre diputados, miembros de las comisiones de postulación, jueces y abogados, según documentó el Ministerio Público con fotografías y vídeos.
Los encuentros se llevaron a cabo en un hospital de Ciudad de Guatemala, donde Alejos, preso por varios casos de corrupción, se encontraba recibiendo atención médica con permiso de un juez.
Tras las pesquisas del Ministerio Público en 2020, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso llevar a cabo el procedimiento para la elección de jueces, obligando a los diputados a hacer públicas todas sus decisiones al respecto.
Sin embargo, hasta el momento el Congreso ha preferido no llevar a cabo la designación de los 251 magistrados.
De mantenerse la situación, la actual Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones llegarán este año a la mitad de un segundo mandato sin elección, pero legal por la prohibición de abandono del cargo hasta que tengan un sucesor.
