Para elegir al titular de la PDH se requieren 105 votos, pero ninguno de los candidatos contaba con ese apoyo, ya que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) —con 32 congresistas— le apuesta a Jordán Rodas, pero el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) —con 37— analiza su respaldo a Ricardo Alvarado Ortigoza.
Otros bloques, como Compromiso, Renovación y Orden (Creo), aún no se han sentado a dialogar sobre el candidato que podrían apoyar, aseguró el subjefe de esa bancada, Carlos Chavarría.
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Lo mismo le ocurrió al Movimiento Reformador (MR) y al bloque Todos, que aseguraron que analizan quién de los candidatos podría ser el adecuado para dirigir la PDH durante los próximos cinco años.
Duda
De acuerdo con varios congresistas, no se han logrado acuerdos en sus bancadas debido a que existe duda sobre la legalidad del proceso de elección, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) recibiera cinco amparos.
Por esa incertidumbre, Orlando Blanco, jefe de la UNE, presentó una moción en el pleno para suspender la elección.
“Estamos en un momento muy importante, pero hay cosas que nos preocupan. Una de ellas es el proceso que llevó la Comisión para integrar la terna, ya que hay dudas sobre que hubo retrasos y que la terna debió estar en abril. También se ha hablado de la tabla de gradación”, detalló Blanco.
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A la CC se han presentado cinco amparos. El primero se recibió el viernes, minutos después de que la Comisión de Derechos Humanos presentara la terna. El abogado Alfonso Carrillo alegó que la tabla de gradación se aprobó a destiempo. El lunes por la noche ingresaron dos más, uno de ellos por Jorge Luis Borrayo, quien participó en la elección pero quedó fuera, y otro de Eddy David Higueros.
Pero no fueron los únicos, este martes llegaron dos recursos más a la Corte. Borrayo presentó un nuevo amparo, al que se sumó la abogada Zoila Villela Villalobos, quien también participó en la elección pero no logró integrar la terna. La profesional ya había enviado una queja a la Comisión, pero no fue tomada en cuenta por los congresistas. En su momento rechazó el punteo que se otorgó a sus méritos académicos y profesionales.
Para Chavarría, de Creo, los amparos ponen en vilo la elección, pues no se sabe qué sucederá, aunque aclaró que la Comisión efectuó un buen trabajo, que calificó de transparente.
Según la Ley, el pleno del Congreso debería elegir al próximo magistrado de conciencia 60 días antes de que se cumpla el plazo para tomar posesión. Ese período venció ayer, pues Jorge de León asumió el 20 de agosto del 2012. Varios diputados creen que si la Corte de Constitucionalidad da con lugar los amparos, permite que el Congreso no incumpla los plazos de elección.
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El problema es que los congresistas consideran que el proceso se retraerá hasta la convocatoria, por lo que se podría requerir de varias semanas para que elegir una nueva terna.
Sandra Sandoval, presidenta de la sala que eligió la terna, aseguró muy molesta en el pleno: “Si hoy —ayer— no se vota, no es por falta del buen trabajo de la Comisión. No permito que haya diputados que digan lo contrario. Mejor que reconozcan que no tienen consensos, que no saben por quién votar o que su favorito no está en la lista”.
