La Comisión informó que el miércoles pasado se realizó una reunión preparatoria, previa a atender a los supuestos veteranos militares, donde se acordó tener un informe sobre sobre las peticiones presentadas por dicho grupo a las instituciones convocadas.
Dicha reunión fue parte de los acuerdos a los que se llegaron en la última reunión donde se acordó realizar las consultas a las instituciones competentes sobre las peticiones de los supuestos militares retirados.
El grupo, que amenazó primero con bloquear las elecciones y luego con “protegerlas”, demanda Q.85 mil por su servicio durante el conflicto armado interno y una casa provista por el Gobierno. Si la demanda monetaria se cumpliera, el Ejecutivo tendría que erogar Q.144 mil millones, es decir casi el doble del presupuesto anual de ingresos y egresos.
Las instituciones que están convocadas y que ya confirmaron su participación son el Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de la Defensa Nacional, el Instituto de Previsión Militar, Fondo de Tierras, el Viceministro de Vivienda, del Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Salud Pública, la Secretaria de la Paz, el Programa Nacional de Resarcimiento y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos.
Sergio Flores, comisionado Presidencial del Diálogo, explicó que durante esta reunión se tiene contemplando escuchar “las respuesta o las opiniones que cada institución tiene según las peticiones que hicieron los veteranos”.
“Esperamos que sea factible poder visualizar una hoja de ruta para los temas más importantes. A ellos lo que más le interesa de momento es el tema del resarcimiento, que en realidad es una compensación”, acotó el comisionado.
Agregó que “también se les orientará de cómo está el proceso” y se les explicará que todavía no existe una respuesta contundente y esperan que tener alguna claridad de lo que las instituciones opinen al respecto.
Peticiones y amenazas
El miércoles. Luis Miguel Ralda, ministro de la Defensa Nacional, destacó que el Ejército cuenta con los listados de las personas que han prestado servicio militar en Guatemala, pero resaltó que en ningún momento han tenido acceso al listado de 1.7 millones de supuestos veteranos y por lo tanto no han hecho ninguna confirmación de si estas personas prestaron servicios.
Ralda se comprometió con diputados a pedir el listado a los supuestos veteranos y hacer una comparación, pero destacó que al no ser una asociación constituida legalmente no saben qué tan factible sea obtener dicho listado.
Luis Arévalo, viceministro de Gobernación, aseguró que luego de haber escuchado estas declaraciones de los supuestos militares retirados tomaron “cartas en el asunto” y garantizó que existe un “plan de seguridad de elecciones”.
Agregó que el plan contempla con especial énfasis a los municipios en donde ya hay antecedentes de conflictividad electoral”.
Destacó que desde que se conoció de las amenazas de este grupo, la Dirección General de Investigación Criminal (Digicri) y la División Especializada de Investigación Criminal (DEIC), comenzaron a hacer investigaciones para determinar el grado de amenaza.
Óscar Schaad, jefe de la Fiscalía contra Delitos Electorales del Ministerio Público, recordó que luego de que circularan los videos de las amenazas de este grupo de personas se abrió una investigación de oficio.
“No puedo revelar mucha información, pero sí puedo decir que desde el primer día se inició con un protocolo, en el primer día se planteó el plan de trabajo y se captó los video. Después de las 72 horas se estableció que procedía una investigación y una persecución penal como tal”, afirmó el fiscal.
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