El llamado Triángulo Norte gestionó un financiamiento para la P AP , definido después de que los presidentes de los tres países, Otto Pérez (Guatemala), Salvador Sánchez Cerén (El Salvador) y Juan Orlando Hernández (Honduras) sostuvieran una reunión en julio del 2014 con su par, Barack Obama, para hallar una solución definitiva al problema de la emigración desde los tres países hacia Estados Unidos.
Obama pidió al Congreso y al Senado 1.000 millones de dólares para ese plan, que surgió tras el ingreso a Estados Unidos en pocos meses, entre 2013 y 2014, de más de 62.000 niños no acompañados por adultos procedentes del Triángulo Norte.
Según Gutiérrez, el modelo contempla que los fondos sirvan para promover megaproyectos con intenciones de generar empleo, pero van a desalojar a las comunidades y a degradar el ambiente, agravando así la inseguridad alimentaria y los condiciones de vida de la población, lo que fomentará la emigración hacia Estados Unidos.
Los seis miembros de la misión internacional recomendaron en su informe que Estados Unidos debería destinar los recursos a atacar los problemas “estructurales” que causan la migración.
Los problemas son “la violación sistemática de los derechos fundamentales a la vida (por la violencia), alimentación, salud, educación, vivienda, familia y empleo”, “el desplazamiento forzado a causa de la implementación de megaproyectos” y “cambios climáticos que provocan sequías y hambrunas”, añadió Gutiérrez al leer el informe.
