La carta señala que, tomando en consideración la situación de facto por la que se encuentra impedido de realizar el trabajo en Guatemala, por el impedimento que puso el Ejecutivo y que posteriormente la CC ordenó abstenerse, Guterres comenta que pidió a Velásquez que nombre un comisionado adjunto para continuar la labor en Guatemala, tras consulta con las autoridades.
El Ejecutivo había anunciado que la ONU tenía un plazo de 48 horas para enviar esta lista, de la que se elegiría al reemplazo de Velásquez. Jovel dijo que el designado tiene que tener el aval del Ejecutivo.
La canciller también aseguró que, si Guterres no acataba la solicitud del país, sería el responsable de las consecuencias que esto podría acarrear; sin embargo, ni en esa oportunidad, ni en declaraciones posteriores, aclaró de qué consecuencias se trata.
Florencia Soto, de la Oficina del Portavoz del Secretario General de la ONU, dijo en un correo electrónico: “La Cicig ha sido considerada ampliamente exitosa en su apoyo a los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad y fortalecer las instituciones nacionales encargadas de investigar y enjuiciar crímenes dentro de su mandato y el Secretario General no ve ningún motivo para cambiar su posición actual de apoyo al comisionado Iván Velásquez”.
La portavoz también dijo que “la Secretaría de la ONU ha mantenido conversaciones con el gobierno de Guatemala para desarrollar formas de abordar sus preocupaciones con respecto al desempeño de la Cicig. Permanece abierto para continuar esas discusiones, dentro de los términos del Acuerdo”.
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La Corte de Constitucionalidad (CC), resolvió el domingo que el Ejecutivo debe permitir el ingreso del comisionado o comisionada de la Cicig, sin especificar el nombre; por ello, el Ejecutivo indicó que no reconoce a Velásquez como comisionado, por lo que el ingreso para él sigue sin ser permitido.
En la respuesta de Guterres también se indica que Velásquez debera designar a un comisionado adjunto, debido a que teme que el Ejecutivo no acate la orden de la CC y no se permita el ingreso del comisionado, de quien no se tienen quejas en la ONU, por lo que no hay razones para removerlo del cargo.
Se intentó obtener una respuesta de la Cancillería respecto a la decisión de la ONU; sin embargo, esta todavía no ha sido proporcionada. El secretario de Comunicación Social de la Presiencia, Alfredo Brito, confirmó que ya se recibió la notificación de la ONU y dijo que el equipo jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores hace los análisis que corresponden.
Brito dijo que desconoce si el Consejo Nacional de Seguridad se reunió para abordar el tema y también explicó que, de darse alguna psotura oficial esta sería trasladada en el tiempo oportuno.
Horas antes de que se conociera la respuesta de Guterres, el vicepresidente Jafeth Cabrera afirmó que el Ejecutivo esperaba que la ONU designara a otro comisionado para finalizar el periodo de la Cicig, que concluye en septiembre del 2019.
Sobre la posibilidad de que Velásquez siguiera al frente de la Cicig, Cabrera dijo que se tomaría una decisión cuando se presentara ese escenario.
Denuncias
El 6 de septiembre, Jovel afirmó que la Cicig se convirtió en una estructura paralela, “el propósito de la Cicig en Guatemala fue erradicar los aparatos clandestinos y de seguridad… por el contrario, lamentablemente la ejecución del acuerdo, sin la observancia de las debidas garantías constitucionales ha causado efectos nocivos los cuales es preciso enmendar. Al hacerlo la Cicig se convirtió en una estructura paralela”, señaló.
En esa oportunidad, la funcionaria también dijo que el comisionado Iván Velásquez se entrometió en asuntos del país y que las quejas sobre este comportamiento fueron presentadas ante la ONU desde hace un año, pero no se han tomado en cuenta de parte de Guterres.
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Jovel también dijo que hay casos que demuestran que la Cicig cometió ilegalidades, entre las que mencionó el caso Pavo Real, el caso Rosenberg y la muerte del exministro de Finanzas Pavel Centeno.
“La intromisión en los asuntos internos en el país, la intromisión en la justicia, que atenta contra la presunción de la inocencia y el debido proceso, se han convertido en el modus operandi de la Cicig en Guatemala”, afirmó entonces la funcionaria.
Por estas declaraciones, la Fiscalía especial cotra la Impunidad (Feci), del MInisterio Público, pidió autorización para solicitar una aclaración a la canciller, ya que “sus declaraciones son falsas y tendenciosas”.
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