También mostraron su preocupación por “un patrón similar de intimidación contra aquellos actores judiciales que, debido a la naturaleza de su trabajo, han cooperado estrechamente con la Cicig en la investigación y persecución penal de casos emblemáticos de corrupción”.
Los expertos subrayaron que estos actores judiciales y sus familias se encuentran en peligro y que las amenazas, además de afectar a su seguridad e integridad, podrían tener un impacto en su independencia.
“Abordar estos temas es de suma importancia para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente porque la corrupción y la impunidad a menudo profundizan las desigualdades existentes y afectan especialmente a las personas que viven en la pobreza, pueblos indígenas en su mayoría”, agregaron los expertos, de acuerdo con una nota de la ONU.
Ambos especialistas consideran que es “esencial” para el país garantizar la independencia del poder judicial y respetar su autonomía, así como garantizar un sistema imparcial.
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También se expresaron preocupados por la “delicada” situación en la que se encuentran los jueces y fiscales que cooperaron con la CICIG “y están trabajando actualmente en casos de elevado perfil, especialmente en casos de presunta corrupción, crimen organizado y los flujos financieros ilícitos que involucran a las personas con poder”.
Asimismo señalaron que el personal guatemalteco de la Cicig, los policías destinados a proteger las funciones de la Comisión y las víctimas, testigos o cualquier otra persona vinculada con la comisión.
El 7 de enero Morales decidió dar por terminada de forma unilateral y anticipada la misión de la Cicig, una decisión que fue criticada por la sociedad civil y defensores de derechos humanos.
La Corte de Constitucionalidad y la ONU han resuelto, por contra, que la comisión debe seguir vigente hasta el 3 de septiembre de este año.
Alerta anterior
No es la primera vez que desde Naciones Unidas se lanza una alerta. El pasado 4 de febrero Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó su preocupación por la situación en Guatemala, durante un encuentro informal con representantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
“Jueces, fiscales, testigos y defensores de derechos humanos se enfrentan a un riesgo cada vez mayor, lo que hace que se incrementen las tensiones entre el poder Ejecutivo y el Judicial”, subrayó la alta comisionada.
Esa fue la segunda ocasión en el año la que a alta funcionaria de la ONU en torno a Guatemala. El 22 de enero último, señaló que las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional que promueven diputados aliados al oficialismo promueven la impunidad.
Esos cambios, “representarán un retroceso drástico hacia la rendición de cuentas y el estado de derecho en Guatemala. Al mismo tiempo, pondrá en grave peligro los avances logrados por el país para lidiar con el legado de la guerra civil y para prevenir más violencia”, dijo Bachelet.
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