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De hecho, según la Encuesta Libre, publicada en abril pasado, el 92 por ciento de los guatemaltecos desconfía del Congreso de la República. Y a juzgar por la gran cantidad de candidatos a diputados con tachas, se puede deducir que los guatemaltecos tienen razón del enorme rechazo hacia los legisladores.
Durante el actual proceso electoral, cuatro organizaciones civiles han presentado cartas y memoriales al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para evitar la participación de candidatos con señalamientos, de todos los partidos políticos y de todos los distritos.
Las organizaciones que han señalado irregularidades en las candidaturas son Alianza por las Reformas, Primero Guatemala, Movimiento Cívico Nacional y Jóvenes por Guatemala.
La mayoría de señalamientos a los aspirantes son de que figuran como contratistas del Estado —103 de las 150 candidaturas—.
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De 30 aspirantes al Legislativo señalados de tránsfugas, 11 ya fueron inscritos gracias a que presentaron recursos legales.
Otro candidato al Congreso, José Armando Ubico, quien busca una curul por el distrito de Sacatepéquez con el partido Todos, es señalado de haber sido condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
Esos grupos de la sociedad civil también señalan a candidatos de discriminación, enriquecimiento ilícito, financiamiento electoral ilícito, evasión de impuestos, violencia contra la mujer, tráfico de influencias y delitos relacionados con corrupción como cohecho pasivo, fraude y lavado de dinero.
Partidos
En cuanto a los partidos políticos, 24 de los 26 que están en contienda tienen en sus filas a por lo menos uno de los candidatos señalados.
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La lista la encabeza FCN-Nación, con 34 señalados. Le siguen Vamos, 15; Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), 14; Todos, con 12; Unión del Cambio Nacionalista (UCN), 10; Podemos, ocho; Creo, con siete; Visión con Valores (Viva) y Movimiento Semilla, con seis cada uno.
Del Partido Unionista hay cinco en la lista; Winaq, Prosperidad Ciudadana, Humanista, Fuerza y Bien tienen cuatro; Encuentro por Guatemala, tres; con dos, Victoria, Unidos y Convergencia, y con un candidato señalado, Valor, URNG, PPT y Libre y Avanza.
Que se cumpla la ley
Las organizaciones que se han dado a la tarea de divulgar los listados esperan que el TSE se apegue a la ley y a la Constitución Política, sin distinción de colores.
Pedro Cruz, presidente de la organización Primero Guatemala, expuso que los electores tienen que poner especial énfasis en la elección del Congreso, puesto que en ese organismo se concentra principalmente el poder político del país.
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Respecto de la postulación de candidatos que tienen contratos con el Estado, afirmó que esa práctica debe terminar. “Tenemos que evitar que contratistas se vuelvan nuestros representantes. El que muchos se sirvan del Estado y al mismo tiempo trabajen en el Estado, ser funcionarios y administradores no se tiene que mezclar”, enfatizó Cruz.
Añadió: “Los partidos tienen que terminar con esta práctica, promoviendo que dentro de sus filas no tengan a contratistas del Estado y personas que han cometido algún delito, porque llegar al Congreso tiene que ser un honor”.
El presidente de Jóvenes por Guatemala, José Andrés Ardón, recordó que el artículo 164 de la Constitución prohíbe a los candidatos ser contratistas del Estado, por lo cual el TSE debe evaluar si existe conflicto de interés en las candidaturas.
“Esperamos que por lo menos el TSE se tome esto con la seriedad del caso y que por lo menos algún candidato a diputado no pueda participar al tener ese impedimento —ser contratista—, y que se preserve el valor de las elecciones”, apuntó Ardón, quien aseguró que las acciones buscan no solo impedir una candidatura, sino que se cumpla la ley.
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Distintas organizaciones han intentado apelar al artículo 113 constitucional para evitar la inscripción de varias candidaturas, ya que cuestionan la idoneidad de los aspirantes.
Prohibición
Otro aspecto que preocupa a las organizaciones es la elección de diputados tránsfugas, sobre todo porque al menos 11 ya fueron inscritos al presentar recursos legales.
Gabriela Ayerdi, del movimiento Acción Ciudadana, parte del Mirador Electoral, considera que el TSE no debiera hacer mayor análisis para suspender esas candidaturas, puesto que la ley es clara y prohíbe la participación de candidatos a diputados que se hayan cambiado de partido político. Afirmó que los aspirantes han abusado de los recursos legales para lograr su inscripción.
“Los políticos han utilizado estos recursos maliciosos para obtener inscripciones. Hay muchísimos retos a lo interno de los partidos para que sean democratizados, falta mucho precisamente para que haya candidatos idóneos y cumplan con todos los requisitos legales”, subrayó Ayerdi.
Añadió que a menos de un mes de las elecciones es urgente que el TSE muestre claridad en los criterios de inscripción, puesto que ha dejado fuera de la contienda a ciertos candidatos, por impedimentos que no ha tomado en cuenta para otros.
