Acción Ciudadana y la Coordinadora de Cooperativas y ONGs de Guatemala (Congcoop), analizan presentar una acción de inconstitucionalidad cuando el decreto 4-2020 sea publicado en el Diario de Centroamérica y entre en vigor.
La medida será debido a que el mandatario sancionó -aprobó- las reformas hechas por el Congreso, ya que considera que es necesario registrar y fiscalizar el gasto de estas entidades, que sean financiadas por fondos públicos o privados.
Una de las reformas establece que las oenegés podrán ser canceladas por el Ejecutivo, lo que, según las organizaciones, representa un peligro porque podrían tomarse represalias en contra de entidades que difieran con el Gobierno.
Acción Ciudadana señala que la ley tiene vicios desde su constitución y hace un llamado a la CC para que resuelva los recursos que se presentaron antes de que entre en vigor, de lo contrario, se recurrirá a solicitar una inconstitucionalidad.
Los controles de la nueva norma, señala Eddie Cux, ya existían, pero ahora se añade un método represivo al dejar en la facultad propia del Ejecutivo la decisión de mantenerlas abiertas o no.
Además, dice el representante de Acción Ciudadana, se añade la prohibición de alterar el orden público, pero no especifica cuáles son las acciones que representan esa alteración.
Alejandro Aguirre, de la Congcoop, también protesta contra el control político que tendrán las organizaciones no gubernamentales, pues considera que “esto se traduce a que si son críticos al Gobierno su sanción será la cancelación”.
Para Aguirre, con la vigencia de las reformas se atenta contra el derecho a la libre emisión del pensamiento, por lo que espera que la CC resuelva pronto las solicitudes de amparo presentadas por las organizaciones.
El activista confirma que se ha conversado sobre la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad.
También se pronunció en contra de la decisión del presidente, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien señala que Giammattei no escuchó las voces que le pidieron vetar la ley, y con ello se restringen derechos importantes para los guatemaltecos, como la libertad de asociación.
Para Rodas, se trata de una práctica de autoritarismo el intento de cerrar las oenegés “que no son afectas al régimen” y se olvida de las entidades que hacen el trabajo que el Estado no cumple, como atención a salud y nutrición.
“Respeto a la CC, supongo que va a resolver. La norma aún no ha entrado en vigencia por lo que es susceptible de cambios. Hay estándares internacionales que se han transgredido, no hay nada positivo en la ley”, dijo el procurador.
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Quienes están a favor de la sanción del decreto 4-2020 es el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y el Movimiento Cívico Nacional (MCN), aunque consideran que debe haber modificaciones en algunos de los artículos aprobados.
Juan Carlos Tefel, presidente del Cacif, afirmó que como sector privado organizado se insistió en la importancia de que se priorice el registro y la transparencia de las oenegés. “El sector privado tiene organizaciones que van a ser auditadas”, refirió.
Lo que Tefel considera es que se debe cambiar la redacción en algunos párrafos, como el que menciona la intervención de las entidades. Los cambios a estas serán discutidos y presentados al Congreso para su posible modificación.
De parte del MCN, José Echeverría dice que el presidente cumplió con sus atribuciones y mecanismos que lo facultan para sancionar o vetar una ley, pero que la CC debe hacer las valoraciones sobre artículos que pueden generar discrecionalidad.
Para Echeverría es importante que la CC resuelva en los tiempos que establece la Ley y que no haga valoraciones políticas sino constitucionales sobre estas reformas.
