Giammattei participó este martes 7 de diciembre en una sesión protocolar del Consejo Permanente de la OEA y dijo que, en parte el encuentro era “para hablarles del inquebrantable compromiso de mi país y de mi gobierno con la democracia y los Derechos Humanos”.
Sin embargo, representantes de la Alianza por las Reformas, Acción Ciudadana e Impunity Watch entregaron una carta dirigida a Luis Almagro, secretario general de la OEA, en la que manifiestan su preocupación ante el incumplimiento de Guatemala de las recomendaciones hechas por una misión de ese organismo internacional que llegó al país en enero pasado, cuando el Gobierno invocó el artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana, ya que la nación se enfrentaba a jornadas de protestas ciudadanas.
“En dicho informe se constataron diversos hallazgos que manifiestan las preocupaciones de la gran mayoría de la población guatemalteca; y a su vez se formularon recomendaciones con medidas específicas que permitan generar confianza y constituirse en un esfuerzo continuado de fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Guatemala”, dice el documento dirigido a Almagro.
La misiva agrega que lejos de acatar las recomendaciones “las preocupaciones sociales continúan siendo las mismas o aún más agravadas”, al hacer referencia que en noviembre pasado se aprobó el Presupuesto 2022 “en medio de serios señalamientos de corrupción y el resguardo del Palacio Legislativo por agentes de la Policía Nacional Civil para impedir y reprimir las manifestaciones sociales que pudieran ocasionarse”.
Añade que “con esas acciones se obvió dar cumplimiento a las recomendaciones respecto a los mecanismos de transparencia y participación ciudadana, así como la atención prioritaria de los sectores más vulnerables de la población”.
También hace referencia que “continua la omisión legislativa respecto de la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, lo cual constituye un serio atentado contra la institucionalidad democrática del país”.
Además, dicen, que “se continúa reprimiendo la protesta social y el Ministerio Público se enfoca en criminalizar a los participantes, pero mantiene impune las acciones de la cúpula policial que cometieron agravios en contra de la población civil en noviembre de 2020” y con eso se ignoran la recomendación de la OEA sobre que las investigaciones del Ministerio Público “sobre los hechos ocurridos durante las manifestaciones públicas sean serias, imparciales, prontas y efectivas”.
Las organizaciones añaden que en Guatemala “no existen mecanismos de diálogo ni interlocución multisectorial” y contrario a eso “se promueven reformas legales que criminalizan el derecho de asociación de la población, se criminaliza la labor de los/las periodistas independientes, críticos del actuar gubernamental tanto en el ámbito nacional como local”.
En tanto Giammattei dijo en la OEA que “el camino a la democracia ciertamente no ha sido fácil y como muchas otras democracias emergentes, o incluso, las establecidas por mucho tiempo, hemos tenido en algún momento de nuestra historia difíciles momentos de superar, incluso a veces retrocesos momentáneos, que nadie, pero nadie, puede cuestionar que hoy Guatemala es una democracia estable”.
Afirmó que ahora Guatemala goza de un ambiente estable, en donde las diferencias políticas “se debaten abiertamente” y en el que los ciudadanos libremente eligen un nuevo gobierno cada cuatro años.
Manifestó que Guatemala como muchas otras democracias experimenta problemas, siendo estos el problema de la corrupción y la lucha contra el narcotráfico, dos de los principales.
“La corrupción es el flagelo que atenta contra la democracia, debemos tener claridad que el narcotráfico es el mayor corruptor”, indicó.
Señaló que la mayor fuente de corrupción proviene del “inmenso” dinero y los recursos con los que cuenta el narcotráfico.
Dijo que como presidente ha denunciado este flagelo y lidera una batalla sin tregua contra estos flagelos “para que no queden en la impunidad”.
