“Existe confusión y desconocimiento por parte de los sujetos ligados en cuanto a sus responsabilidades (…). No hay una política de transparencia de la máxima autoridad en relación con la información de los fideicomisos que las entidades a cargo de la autoridad tienen bajo su responsabilidad”, destaca el documento.
Esta opacidad y esta escasa publicación de información completa “limita gravemente las oportunidades de la población en acceder a los mismos”, como el caso del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonades), que “incumple todos los aspectos evaluados”.
De acuerdo con informes presentados ante el Ministerio de Finanzas, Fonades reporta compras y contrataciones por 11,5 millones de quetzales al mes de abril (1,5 millones de dólares), destina fondos para pago de honorarios e implementa programas sociales tales como el subsidio a fertilizantes.
En este caso en particular, señala el documento de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), se presentará una denuncia ante la Fiscalía para la “investigación y deducción de responsabilidades”, al igual que con el Fondo de Desarrollo Social (Fodes), donde tampoco hay información pública sobre los fideicomisos.
Fonades tiene como unidad ejecutora el Ministerio de Agricultura y Alimentación y está a cargo de su directora, Magdalena Aldana, y su función es implementar y ejecutar programas y proyectos para combatir la pobreza y la pobreza extrema, un hecho por el que este año pretendían distribuir, a través de diferentes proyectos, 140 millones de quetzales (18,5 millones de dólares) a pequeños agricultores.
El Fodes, que tiene como unidad ejecutora al Ministerio de Desarrollo Social, “no cumple con ningún aspecto evaluado” y durante la supervisión ninguno de los funcionarios encargados era capaz de proporcionar datos sobre la información pública solicitada.
Esta situación se repitió en los ocho fideicomisos investigados durante la primera semana de septiembre, donde además del Fonades y el Fodes fueron supervisados el del Fondo Vial (Covial), el del Fondo de Protección Social (FPS), el del Fondo Social de Solidaridad (FSS), el del Fondo para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agrícola (Fonagro), el Fondo de Inversión para la Vivienda (FIV) y el fideicomiso para el Transporte de Guatemala (Fidemuni).
El objetivo de este informe, que será entregado a las distintas autoridades implicadas para su conocimiento, tiene como fin velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, cuyo propósito es “reducir los vicios, contradicciones y prácticas contrarias a la transparencia y al interés público”.
