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Pero la indignación hacia los asesinos, los sicarios, los violadores de menores o los propios pandilleros es inevitable. El proceder de estos delincuentes ha generado tal rechazo en el ciudadano de a pie que la mayoría ha llegado a la conclusión de que la sociedad sería mejor si estas personas fueran eliminadas.
Mas las emociones no justifican la implementación de este castigo.
Así lo asegura el sociólogo Gustavo Berganza, quien cree que la presencia de grupos como el narcotráfico o las maras son “un síntoma de descomposición social” que la pena de muerte, en un Estado “casi fallido” como el de Guatemala, no va a resolver.
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Este castigo, tal y como reiteran varios organismos internacionales, no es un elemento disuasorio para que los sicarios dejen de matar, para que los violadores dejen de abusar sexualmente a niños o para que el corrupto deje de robar dinero público.
“Como disuasivo eso no funciona”, reitera Berganza, periodista y columnista, quien apunta a intereses electorales de varios políticos que buscan la Presidencia, entre otros, como los férreos impulsores de esta medida, porque la mayor parte de la sociedad sí cree que la pena de muerte “funciona” .
Hace unos 4 años, 3 de 4 guatemaltecos estaban a favor de la pena letal, lo que evidencia el contexto “tan violento”, donde la gente resuelve sus rencillas a balazos para paliar la sed de venganza aplicando el afamado dicho del “ojo por ojo y diente por diente”.
Ello, continúa, es muestra de un “reducto de conservadurismo y de subdesarrollo político y económico” , pero aplicar la pena de muerte sería “un paso hacia atrás”, por lo que Guatemala debe olvidar la mano dura y buscar otras estrategias de paz, como generar confianza en el sistema judicial y de prevención del delito, aumentando su capacidad de funcionamiento y eficacia.
Amnistía Internacional (AI), una organización que desde 1977 lucha para poner fin a las ejecuciones, dijo en su último informe que en 2016 se ejecutaron a 1 mil 32 personas en todo el mundo, sin contar China, donde estos datos están clasificados como “secretos de Estado” .
Más de las dos terceras partes del mundo, 141 países, son abolicionistas en la ley o en la práctica. En América solo Estados Unidos practicó ejecuciones el año pasado. Y en Centroamérica, una de las regiones más pobres y violentas del mundo, solo Guatemala tiene la pena de muerte “retenida” y El Salvador “abolida en la práctica”. El resto la ha derogado.
