El mandatario está decidido a desaparecer la entidad y ya envió al Congreso la iniciativa de ley que permitiría disolver la SAAS y así instalar de nuevo la Guardia Presidencial.
“Haremos acopio de la fuerza élite del Ejército que está desde hace más de cien años consignada a cuidar al presidente”, aseguró Giammattei el 15 de enero, un día después de la toma de posesión y luego de recibir el saludo militar y ser reconocido como comandante general del Ejército.
Analistas de seguridad, derechos humanos y política; sin embargo, consideran que, aunque las motivaciones del presidente podrían ser correctas debido a los actos de corrupción de esa secretaría, lo ideal es que no haya retroceso y se cumpla con los Acuerdos de Paz, por lo que la depuración es la mejor herramienta.
Sergio Morales, exprocurador de los Derechos Humanos y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos, recuerda que la SAAS se creó para dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz y como un compromiso del Estado sobre el respeto de los Derechos Humanos.
“Es necesaria una evaluación de la SAAS y depurarla. Cerrar la secretaría sería un ¨no¨ para los Acuerdos de Paz que siguen vigentes”, considera el exprocurador.
Morales agregó que el objetivo de la creación de la secretaría también fue legitimar al Estado, por lo que el cierre representaría un retroceso.
Para Francisco Jiménez, exministro de Gobernación, la motivación política y coyuntural del presidente se debe a los señalamientos de corrupción en esa institución, pero la solución no sería el cierre sino la depuración y revisión administrativa.
“La necesidad de transformarla -a la SAAS- es obvia, pero esto no implica destruirla”, dice Jiménez, quien recuerda que la SAAS no está encargada solo de la seguridad del presidente pues también es una unidad ejecutora que utiliza fondos de la presidencia.
Para el exministro regresar a la Guardia Presidencial sería retornar al uso de una parte del Ejército que, aunque es independiente a la línea de mando, tendría influencia directa en la toma de decisiones y acciones del presidente, pues estaría a cargo de su agenda, reuniones y todas sus actividades.
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Este acceso privilegiado, según Jiménez, provocó que con la excusa de protección a los mandatarios se hayan cometido violaciones a los Derechos Humanos como el asesinato de la antropóloga Mirna Mack.
“La seguridad del presidente y la inteligencia estratégica del Estado debe estar en manos de civiles para evitar la influencia militar en las decisiones del presidente”, señala el exfuncionario.
El especialista en seguridad añadió que esta intención del mandatario representaría un gran retroceso. “Si quien acuesta, levanta, y da de comer al presidente son los militares, tienen un nivel de influencia muy grande”, reitera.
En términos reales, Jiménez cree que llevará mucho tiempo el intento de Giammattei pues debe conseguir los votos suficientes en el Congreso y derogar la Ley de la SAAS, además de asignar funciones presupuestarias a otra unidad que administre el dinero del Ejecutivo porque la Guardia Presidencia no es ejecutora.
“Todo es un gasto”
El politólogo Gabriell Duarte también cree que al instalar la Guardia Presidencial se militarizará la seguridad, pero esto creará un gasto más para el Ministerio de la Defensa, lo que supuestamente se pretende evitar con el cierre de la SAAS.
“Todo lo estatal es percibido como un gasto, durante el gobierno de Morales hubo muchos señalamientos de SAAS, lo que desgastó su imagen, pero también hay otras entidades señaladas por malos manejos”, indica.
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Para Duarte, en estos casos es cuando debe intervenir la Contraloría General de Cuentas y debe ponerse en práctica el objetivo de la comisión presidencial anticorrupción creada por Giammattei, pues estas dos entidades son las que debe fiscalizar el trabajo de las entidades del Estado.
Además, el especialista recuerda que la población debe estar atenta y ser fiscalizadora también de las ejecuciones de todos los ministerios y entidades gubernamentales.
No es militarización
En conferencia de prensa, el vicepresidente Guillermo Castillo aseguró este 22 de enero que no se trata de una militarización de la seguridad presidencial, sino de la creación de una entidad que esté dedicada a la seguridad del presidente, funcionarios y personalidades que lo requieran.
“No se pretende afectar a los trabajadores porque hay gente calificada, lo que el presidente -Giammattei- consideró es que se pueden distribuir entre Guardia Presidencial y el ministerio de Gobernación que asumiría las acciones de SAAS”, dijo el funcionario.
Según Castillo, esto se requiere debido a la forma en que ha estado trabajando la SAAS, que fue evaluada “y no era la correcta”, pero que la intención no es regresar a esquemas militares.
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