“Llevamos cuatro meses de vivir en un hotel sin poder trabajar. No tenemos dinero para comprar medicamentos. Nuestros vecinos y amigos de la comunidad nos ayudaron a ajustar para que mi hija no perdiera el tratamiento hoy”, testificó la mujer ante la Defensoría de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos en julio de 2021.
Siete meses después, el hospital continúa con déficit de medicinas y son los pacientes y sus familias quienes, de su bolsillo, tienen que comprarlas.
Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y del HGSJD han respondido al problema con excusas y justificaciones que, por un lado, de nada sirven a los enfermos y, por otro, resultan poco creíbles para expertos en salud pública.
El mercado no es el problema
En principio, el dinero para abastecer a los servicios de salud no ha faltado. A finales del año pasado, el HGSJD tuvo un presupuesto de Q121 millones como parte de los fondos de la Ley de Emergencia que aprobó el Congreso, pero solo ejecutó el 43.46 por ciento. Alrededor de Q68 millones que pudieron servir para comprar medicinas faltantes quedaron sin utilizarse.
Las justificaciones del MSPAS a esta falta de ejecución presupuestaria apuntan a una falta de capacidad del mercado de medicamentos para proveer a los hospitales. “Eventos se han declarado desiertos por desabastecimientos o porque los proveedores no tienen capacidad de entrega” y “problemas relacionados al transporte y que afecta a nivel mundial” fueron las explicaciones del MSPAS en un comunicado de prensa.
Sin embargo, hay suficientes evidencias que permiten cuestionar las excusas oficiales. La primera es que, de todos los hospitales de la red pública del país, el único que enfrenta niveles críticos de desabastecimiento es el HGSJD.
El resto de los centros asistenciales de la red pública reportan niveles de abastecimiento del 85 por ciento, en promedio. El Hospital Roosevelt, incluso, alcanza un 92 por ciento. Pero, en el caso del HGSJD, apenas reportó un 61 por ciento en medicinas para la segunda quincena de enero, según supervisiones realizadas por la Defensoría de la Salud de la PDH.
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La diferencia entre el HR y el HGSJD es que el primero logró ejecutar el 94 por ciento de los Q177 millones que se le asignaron como parte de la Ley de Emergencia, mientras que el segundo, como se indicó arriba, no pudo invertir ni siquiera la mitad de sus recursos.
A la luz de lo anterior, el problema no es del mercado, como lo aseguran las autoridades del MSPAS, sino más bien las debilidades administrativas del hospital, afirma Carmen Salguero, analista de salud de Fundesa.
“Hay evidencia de que hay un problema de gestión interna del hospital. El indicador principal es que el resto de los hospitales no tienen problemas de abastecimiento. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que es el gran comprador de medicamentos en Guatemala, no tiene problemas. Los otros hospitales del MSPAS también están abastecidas. Entonces hay un problema de gestión interna en el HGSJD que debe ser atendido al más alto nivel”, explica Carmen Salguero, analista de salud de Fundesa.
Rubén Morales, director ejecutivo de la Gremial de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la Cámara de Comercio, también niega que haya un desabastecimiento en el mercado farmacéutico.
“No he visto un desabastecimiento en el país. De los proveedores de la gremial, ninguno ha reportado que falte algún suministro de medicamentos. No se ha reportado desabastecimiento en laboratorios nacionales o extranjeros”, afirmó Morales.
Por su parte, Zulma Calderón, defensora de la salud de la PDH, cree que el MSPAS debe centrar su atención en la administración del HGSJD. “El MSPAS debe voltear la mirada hacia la forma en cómo funciona el HGSJD porque hay una brecha enorme entre el abastecimiento del Roosevelt y el HGSJD, cuando ambos son los dos hospitales más importantes”, dice.
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Falta de priorización
Todos lo medicamentos deben adquirirse “en su justa necesidad”, explica Salguero, de Fundesa. Esa necesidad se determina con base en la demanda que hay. Pero, para enero, alrededor de Q12 millones, que equivalen al 52 por ciento del dinero que el HGSJD tiene para medicamentos, se invirtieron en medicinas de lenta o baja rotación, es decir, que tienen poca demanda.
Otros Q6.8 millones se invirtieron en medicinas de media rotación y solo Q4.1 millones en otras de alta rotación.
“Nos preocupa que el patrón de conducta de no invertir bien el dinero ha vuelto a las prácticas del pasado. Eso no es de todos los hospitales, pero en el caso del HGSJD, y en este gobierno en particular, ha habido exceso de dinero, pero no hay un lineamiento de cómo procurar la calidad del gasto. No sé por qué se priorizan los medicamentos de baja y lenta rotación”, dice Salguero.
Al consultar al director del HGSJD, Gerardo Hernández, sobre esta situación, explica que en el hospital hay un comité de farmacoterapia conformado por los jefes de departamentos que hacen el listado de medicamentos que se requieren, pero sus integrantes no se reúnen desde 2020 y él, legalmente, no tiene facultades para intervenir.
“Ellos son los encargados de decidir qué se compra y cuánto. Este comité no permite que el director sea parte para no ser juez y parte. En 2020 no se han reunido y no han querido hacerlo, entonces no se ha depurado ese listado de medicamentos de baja rotación”, dijo Hernández.
Pero, para la defensora de la salud de la PDH, esta excusa no tiene validez.
“Este comité lo dirige el subdirector médico del hospital, que está bajo la dirección del director. El director puede girar una instrucción para que se reúnan, aunque sea por Zoom si la gente no está llegando”, comenta la defensora.
Remozamientos
La Ley de Emergencia se aprobó para dotar a los hospitales de medicamentos, material médico quirúrgico y demás bienes esenciales para atender a la población expuesta a la pandemia. Las compras realizadas al amparo de esta ley sirvieron, explica la defensora de la salud, para que los hospitales estuvieran abastecidos el primer trimestre del año.
En el caso del HGSJD invirtió Q12.9 millones, equivalente al 30 por ciento de lo ejecutado, en remozamientos, lo cual no estaba permitido por la ley a menos que sirvieran para mejorar la atención en áreas covid-19, pero para esto se requería de dictámenes técnicos, explicó el diputado Carlos Barreda, del Grupo Parlamentario de Oposición.
El director del hospital dijo que esos remozamientos se hicieron con el dinero del hospital que se transfirió al programa 94, al cual fueron asignados los recursos de la Ley de Emergencia.
“Lo que fue dado para la emergencia por parte de esa ampliación presupuestaria no lo pudimos usar. Nosotros movimos nuestro propio dinero al programa 94 para hacer esos remozamientos, pero no fue nuestra prioridad”, dijo.
Al respecto, Barreda considera que pudo existir una malversación si el fin de estos movimientos presupuestarios fue evitar la Ley de Contrataciones del Estado para fines distintos a los que establecía el decreto 11-2021, lo cual conllevaría una responsabilidad penal.
“Si ellos trasladaron recursos ordinarios al programa 94, lo que querían era evitar la LCE. Eso sería una malversación”, explicó.
De momento, el MSPAS no ha anunciado una investigación por este tema. Mientras tanto, el director asegura tras reuniones con médicos y diputados del Congreso que el abastecimiento podría mejorar “en cuestión de poco tiempo”.
Pero, para pacientes que requieren asistencia hospitalaria urgente, “poco tiempo” puede costarles la vida.
