Diputados señalan que, si bien es necesario revisar la legislación, también es necesario articular esfuerzos entre diferentes instituciones para no solo reformar la legislación sino generar una política pública que atienda las necesidades de este sector de la población.
Francisco Molina, subsecretario de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), señaló que actualmente se atienden a 668 menores, de los cuales 336 son mayores de edad.
“Esos mayores de edad oscilan de los 18 hasta los 27 años. Al hacer el análisis de los ilícitos que se cometen en los centros, el 90 por ciento lo cometen los mayores de edad, es decir el 29 por ciento de la población comete casi la totalidad de los delitos en los centros”, explicó Molina.
Desactualizada
La legislación por la que se guía la SBS para atender a los menores en estos centros es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Pina), la cual fue aprobada el 15 de julio del 2003, de una iniciativa que fue propuesta en noviembre de 2002.
El decreto tiene 15 años, pero según explicó el subsecretario, los análisis y mesas de trabajo para generar la iniciativa comenzaron desde 1987, es decir se tardaron 16 años en generarla y consensuarla.
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“Sin embargo, hay un gran problema, con estudios y comparaciones hemos demostrado que los delitos que cometía un menor de edad en el 2000 ya no son los mismos que cometen ahora”, explicó Molina.
El subsecretario señaló que hace 15 años, por ejemplo, el perfil de un menor en conflicto con la ley era porque asaltaba a alguien con un cuchillo o robaba carteras por “aparente necesidad”, pero actualmente cometen delitos a mano armada y hay extremos donde usan armas de uso exclusivo del Ejército.
Debido a que los perfiles de los adolescentes en teoría es de bajo riesgo, los guardias tienen permitido utilizar bastones y gas pimienta para controlar desórdenes.
“Pero ¿qué pasa cuándo se tiene a adultos de 25 años? en el Sistema Penitenciario esa es la edad promedio de un recluso, y ahora incluso tenemos los mismos perfiles”, señaló Molina.
El subsecretario consideró que debido a esta situación es necesario instalar una mesa de trabajo multisectorial para buscar soluciones de fondo a las problemáticas que rebasan las capacidades de la SBS. “Esto es como querer usar un zapato talla 3 cuando uno es talla 8”, ejemplificó.
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Propuesta
La diputada Andrea Villagrán presentó hace cuatro meses una iniciativa de ley para hacer una reforma a la Ley Pina.
El cambio consiste en que si un interno cumple 18 en un centro y participa en un acto que puede ser considerado como delito las autoridades de la SBS tendrán la facultad de llevarlo ante un juzgado de mayores.
Asimismo se facultaría que comiencen las gestiones para que el mayor sea trasladado a un centro del Sistema Penitenciario para siempre y cuando exista una disposición judicial.
“Muchas veces estos jóvenes cumplen la mayoría de edad y recaen en delitos dentro del centro, pero la Ley Pina prohíbe los traslados a centros penitenciarios y el problema es que son un mal ejemplo e influencian negativamente a los menores que están en rehabilitación”, señaló la congresista.
Explicó que en algunas ocasiones algunos jueces ya han hecho algo parecido con mayores de edad que han cometido delitos, pero “al ser la ley poco clara, complican mucho los procesos y los convierten en una batalla legal para los jueces” por lo que la reforma es para aclarar el tema.
Villagrán indicó que si bien este es un tema prioritario hay “una necesidad urgente de reformar el sistema” y como ejemplo indicó que hay una iniciativa que busca crear un sistema nacional de protección integral de la niñez y adolescencia.
La iniciativa en cuestión es 5285 la cual fue propuesta por más de 20 diputados de diferentes bancadas el 15 de mayo del 2017 y aunque ya fue discutida en segundo debate en octubre de ese mismo año.
Sin embargo, la falta de consensos entre las diferentes bancadas para aprobar la iniciativa que tiene 229 artículos y crea un consejo rector de la niñez y adolescencia ha hecho que se quede estancada desde hace ya un año.
La parlamentaria también recalcó que los perfiles que actualmente reciben los centros de la SBS han rebalsado sus capacidades y hace urgente que exista una reforma integral que involucre a distintas instituciones de los organismos Ejecutivo y Judicial para ofrecer una solución real a la problemática.
Posturas
Verónica Galicia, jueza de Menores en Conflicto con la Ley Penal, explicó que esta situación de trasladar a los mayores de edad a centros penitenciarios luego de cometer un delito en los centros de menores ya se da.
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“No hemos necesitado de ninguna regulación para hacerlo. Cuando un joven que cumplió la mayoría de edad y comete un delito dentro del centro pasa al sistema de adultos”, explicó la jueza.
Galicia precisó que hace un par de meses, luego de un motín en un centro, algunos jueces se opusieron a trasladar a los jóvenes sino que cumplieran su sanción primero como adolescentes y luego cumplieran con la otra.
“No estuve de acuerdo, ni Molina, porque estaban contaminando a los adolescentes e incluso ni siquiera la Defensoría Pública y la Procuraduría de los Derechos Humanos vieron eso como un problema”, explicó la jueza.
Señaló que “valdría la pena hacer el cambio en la ley, para que ya nadie conforme a un criterio diga hoy ‘no’ u hoy ‘sí’”.
Leonel Dubón, director de la institución Refugio de la Niñez, por el contrario no consideró necesaria la propuesta de la diputada Villagrán.
“No es necesario y esto sería a lo que se le denomina sobrelegislar, porque la Ley Pina es bastante clara y establece que lo que debe existir es separación conforme a la edad”, destacó el experto.
Para Dubón, si el delito se cometió cuando la persona era menor de edad debe cumplir su sanción en el centro y al culminarla se debería iniciar un nuevo proceso.
“Reconocemos que hay un avance en el tema de adolescentes, pero la SBS no ha logrado separar los centros de una manera adecuada. Si ellos cometen un delito siendo adultos deben ser juzgados, pero se tiene que esperar a que finalice la sanción para abrir el proceso”, indicó.
Pese a esto Dubón señaló que hay que hacer reformas pero estas tienen que ser de fondo pues el problema no es el tipo de sanción, sino las instituciones que tienen que cumplir con la privación de libertad y la reinserción.
“No es la norma la que no funciona, son las instituciones y el Congreso tiene en sus mano aprobar una nuevo sistema a través de la iniciativa 5285”, aseveró el experto.
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Política
Consultado al respecto de la problemática, Raúl Romero, quien fue presidente de la Comisión de la Juventud del Congreso en el 2018, explicó que han desde dicha sala se trató con mucho interés la posibilidad de generar una política pública para el abordaje de la juventud en conflicto con la ley.
“Este es un tema profundo que debe abordarse de una forma integral, lo que implica acciones multisectoriales desde los organismos Ejecutivo y judicial”, acotó el legislador.
Añadió que dicha política debe priorizar la reinserción, el tratamiento y adaptación de los jóvenes en conflicto con la ley.
“Esto va mucho más allá del tema legislativo, por ejemplo las reformas a la Ley PINA si bien es cierto son beneficiosas, solo abordan una faceta de la problemática por lo que es prioritario proponer una solución de largo plazo y eso solo se puede hacer con la formulación de una política de Estado”, preciso Romero.
El legislador indicó que se instaló una mesa de trabajo donde en primera instancia participa la SBS y algunos organismos internacionales que ya han trabajado iniciativas relacionadas y ya se giraron invitaciones al Organismo Judicial, Sistema Penitenciario y diferentes sectores.
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Afirmó que el reto es perfilar la política y entregar una herramienta que permita a este y futuros gobiernos tener una ruta de trabajo que dé solución a la problemática de menores en conflicto con la ley.
Problemática es por descuido
Abner Paredes, defensor de la Juventud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), señaló que valoran de forma positiva la intención de reformar la Ley Pina de la diputada Villagrán, pero señaló que muchos de muchos de los hechos en los que participan los jóvenes “derivan de la falta de cumplimiento” de lineamientos que dicta la misma legislación.
“Se establece que los adolescentes deberían estar separados por rangos etarios y por el tipo de delitos que han cometido, situación que no se ha cumplido y esto ha favorecido que se den este tipo de hechos”, señaló el defensor.
Paredes destacó que en el 25 de octubre de 2016 la PDH entregó un pliego de recomendaciones para que se cumpla la Ley PINA en torno a esa separación y el 16 de mayo de 2017 la PDH resolvió declarar la violación de derechos humanos de los adolescentes que están en esos centros y recomendó de nuevo aplicar los criterios de separación.
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“El fin de semana pasado —21 de octubre— se logró cumplir con lo que dice la ley de separar a los menores provisionales y sancionados. Para que se entienda mejor es como decir que separamos a los que están en prisión preventiva de los que cumplen una pena”, indicó el subsecretario Francisco Molina, quien destacó que este es un logro en 15 años de vigencia de la ley.
El defensor reconoció los cambios hechos por la SBS y reafirmó la necesidad que desde el Estado “se considere la necesidad de seguir trabajando en la implementación de políticas de prevención de delitos y violencia”.
Lamentó que no exista una articulación interinstitucional en favor de este sector de la población y aunque las diferentes instituciones “muchas veces hacen acciones positivas estas se quedan aisladas y logran poco por no ser integrales” y esto además provoca que la inversión de los recursos no sea la ideal.
“Ya que hay una iniciativa aparece la necesidad de complementarla con otras propuestas como la 5285. En todo caso la visión debe ser integral”, aseveró Paredes.
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