En el 2015 las autoridades de la Contraloría General de Cuentas (CGC) solicitaron al Ministerio Público (MP) que se investigaran las anomalías encontradas durante una auditoría realizada en el Ministerio de Gobernación (Mingob) por la adjudicación de un contrato para prestarle servicios técnicos, asistencia de operación y mantenimiento a helicópteros de la Unidad Especial Antinarcóticos (Unesa).
La denuncia fue presentada por el entonces subcontralor del Calidad del Gasto, César Elías, debido a que los auditores de la CGC encontraron varias irregularidades en la adjudicación del contrato por Q196 millones a la empresa ARM Aviación, S.A.
Esa empresa brindo el servicio al Mingob de noviembre de 2014 a septiembre de 2016. El contrato fue firmado por la entonces ministra del Interior, Eunice Del Milagro Mendizábal Villagrán y el representante de legal de ARM Aviación, S.A., Richard Steven Callaway Ayau.
Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, dijo a Prensa Libre que “ya casi finaliza la investigación (…) en un mes más o menos tendremos más detalles de los resultados encontrados por los fiscales de la unidad”, resaltó.
“Estamos viendo qué procede al momento de finalizar las pesquisas y determinar las acciones a seguir por ese caso”, agregó Campo.
Al ser cuestionado sobre los cinco años que lleva el caso en investigación, dijo que es parte del procedimiento y que todos los casos son distintos.
Se le solicitó más información sobre el expediente, pero indicó que no podía dar más información, pues se encontraba en proceso de investigación.
No se sabe cuánto personal tiene al FIAAT
Una publicación realizada ayer por este matutino dio a conocer que cinco helicópteros donados por Estados Unidos en el año 2013, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, se encuentra sin ser utilizados y desarmados en un hangar de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) en la zona 13.
Por el mantenimiento de los mismo el Estado ha pagado Q350 millones hasta el momento, pero las aeronaves que deberían servir para el combate al narcotráfico no pueden alzar vuelo por falta de una serie de documentos administrativos.
Para que los helicópteros pudieran operar se creó la Fuerza de Tarea de Interdicción Aérea, Antinarcótica y Antiterrorismo (FIAAT) mediante el acuerdo gubernativo 152-2014, cuya vigencia inicial fue de cinco años y venció en mayo de 2019.
Se solicitó al viceministro de antinarcóticos, Mario Adolfo Castañeda Serrano, una entrevista; sin embargo, el funcionario dio a conocer por medio de comunicación del Mingob que quiere mantenerse de bajo perfil y por ello evita dar declaraciones.
En la oficina de acceso a la información pública del Mingob dieron a conocer que no podían entregar los datos de la cantidad de personal que labora en la FIATT, funciones que cumplen y cuánto se gasta en salarios, ya que es información reservada, según el artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública, restringida por seguridad nacional.
En el Mingob ninguna autoridad quiere dar detalles sobre todos los temas que giran en torno a los helicópteros, pero que el pasado estuvo relacionado a varias irregularidades que investigan las autoridades judiciales.
Para darle mantenimiento a los helicópteros el Estado ha gastado en 7 años unos Q350 millones de los cuales Q196 millones fueron pagados a la empresa ARM Aviación, S.A. y el resto Q154 millones al Gobierno de Estados Unidos.
Los helicópteros son del modelo UH-1H-II HUEY-II de fabricación estadounidense. Aparatos similares son utilizados en El Salvador, Colombia y Argentina.
Presidente niega negligencia
Durante una actividad en Quetzaltenango denominada Gabinete de Puertas Abiertas, el presidente Alejandro Giammattei dijo que “no hay negligencia” por la falta de uso de los helicópteros y que encuentran desarmados en un hangar de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) en la zona 13.
“La embajada de Estados Unidos no nos ha pasado todavía los requisitos del tipo de seguro que necesitan, yo me comuniqué con el embajador y estamos a la espera de los requerimientos, solo se nos entregan los requerimientos y a la semana siguiente están funcionando”, resaltó.
Esa fue la única explicación que dio el gobernante. La embajada de Estados Unidos, a requerimiento de Prensa Libre, dijo que el Gobierno de ese país acordó ayudar a Guatemala para rehabilitar las aeronaves, pues es importante que se recupere la movilidad aérea en la lucha contra el narcotráfico.
Los vínculos de un asesor de un ex asesor del Mingob con ARM Aviación, S.A.
Una de las líneas de investigación del Ministerio Público relacionado al contrato de Q196 millones otorgado en 2014 para el mantenimiento de los helicópteros a ARM Aviación, S.A. son los vínculos que del piloto aviador Otto Fernando Gramajo Antonio con esa empresa.
Gramajo Antonio formó parte de ARM Aviación, S.A. hasta el año 2013, luego de ello se integró como asesor de Eunice Mendizábal cuando la exfuncionaria se desempeñaba como viceministra Antinarcóticos.
En 2014 Mendizábal fue nombrada ministra de Gobernación y ese mismo año la empresa en mención fue favorecida con el millonario contrato.
La adjudicación a ARM Aviación fue mediante excepción y según la Contraloría General de Cuentas, fue incorrecto, ya que había suficiente tiempo para que se abriera el concurso a más oferentes.
