Los altos funcionarios electorales perdieron la inmunidad el pasado 30 de noviembre por decisión del Pleno del Congreso de la República, y a inicios de año un juzgado autorizó órdenes de captura en su contra.
Desde entonces los funcionarios electorales llevan más de dos meses fuera de Guatemala por medio de licencias y periodos de vacaciones que están próximos a finalizar, lo que los pone en una situación compleja.
Sin revelar su ubicación, el magistrado Rafael Rojas, titular del TSE y quien fue expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y fiscal del Ministerio Público (MP), rompió el silencio.
El magistrado explicó que la orden de captura autorizada se basa por un informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y no por la denuncia que enfrentaron el proceso de antejuicio, añadiendo que podrían existir varios actores detrás del proceso en su contra.
¿Cómo percibe el avance en las investigaciones contra ustedes?
Lo veo de una manera muy apresurada. Resulta que se han llevado a cabo algunas acciones de investigación que no van en el marco de la denuncia, por ejemplo que no fue la denuncia de Geovanny Fratti y Karen Fisher por la que nos piden la orden de captura, fue por un informe de la CGC.
Son circunstancias que al final uno las veo y no corresponden al hecho concreto del retiro de inmunidad, siendo un funcionario de la categoría que tuve, como expresidente de la CSJ, sé que los parámetros y los marcos del retiro de la inmunidad deben de ir en el marco de los hechos que se imputan inicialmente.
¿Cómo califican la denuncia que recibieron que comenzó con el proceso de antejuicio en su contra?
Cualquier ciudadano puede plantear las denuncias pertinentes, pero hay que ver el marco de las denuncias, hay que ver si es una denuncia del evento electoral y tendría que ser debidamente fundamentada.
Además, las personas que denuncian deberían de demostrar o presentar algún tipo de evidencia con los hechos que ellos dicen, y en este caso no se dio. Hacen aseveraciones que no se fundamentan en nada.
Se trata de una denuncia espuria y política porque hay intereses políticos de por medio. No sé de qué grupos, de qué personas, de qué organizaciones políticas porque seguro que hay organizaciones políticas detrás de toda esta trama.
Nosotros presentamos un memorial de parte de nuestro abogado, manifestando el interés de presentarnos de manera voluntaria a declarar, para rendir la audiencia de primera declaración y rendir las explicaciones que el juzgado considere pertinente.
Pero en la noche, cuando nosotros presentamos el memorial, el MP se presenta en el juzgado de turno para pedir la orden de captura, y entre las justificaciones está la auditoría que hizo la CGC.
Ese no fue el motivo por el que nos quitaron la inmunidad, y es una de nuestras advertencias.
Realmente se violenta el debido proceso, a nosotros nos quitaron la inmunidad por otra denuncia, pero en la orden de captura presentan otros argumentos.
Además, solicitan la orden de captura a un juez que no tenía conocimiento de los supuestos hechos, y por eso en turno dan la orden de captura. Esta es una actividad no normal ni técnica de MP.
En su momento se especulaba del cambio de autoridades electas. ¿Este peligro ya pasó?
Ese era el plan inicial, la cuestión estaba planificada. Esto es algo que persiste en el ámbito político. No se puede decir que esto nació de una persona, es de varias personas que tienen interés en que no sé dé una transición democrática con base en los resultados del evento electoral.
El MP dice que las actas electorales no son válidas, pero el TSE no se ha pronunciado por estar desintegrado. ¿Hay algún riesgo ahora que el Congreso nombrará a los dos suplentes que hacen falta?
Lo que tenemos que hacer es fortalecer el Estado de Derecho, la democracia y que se respete la decisión popular.
Nosotros como magistrados del TSE nunca tuvimos acceso a ni una boleta, a ningún voto, no nos pueden tachar de manipulación, pero el MP sí mediante sus acciones de aparentar una investigación, si tocó boletas, y tocó la decisión popular.
Yo como magistrado titular y con la potestad que me da la Ley Electoral y de Partidos Políticos, le puedo decir que no se puede hablar de unas elecciones que hubiese tenido irregularidad, ni le corresponde a la Fiscal General u otro funcionario decir que se diera alguna arbitrariedad en las actas.
¿No hay peligro que al estar integrado el TSE ciertos grupos traten de presionar al TSE?
Probablemente, pero la cuestión política es cambiante y no sabemos cuál es el interés de los grupos que dicen que las elecciones son nulas. A mi parecer, no hay nada que cambie los resultados del evento electoral porque hay que respetar la voluntad popular.
¿Cómo percibieron el trabajo de la Comisión Pesquisidora que recomendó su retiro de inmunidad?
No obedece a cuestiones del ámbito electoral, es por intereses políticos. Recordemos que la mayoría de diputados que votaron, los 108, tenían intereses particulares, entonces si usted se pone a corroborar los que votaron tenían intereses en cuidar a los grupos que no consiguieron ni un escaño.
Tras la denuncia, retiro de inmunidad y emisión de orden de captura. ¿Cómo califican el avance del proceso en términos generales?
Hay una persecución política porque los intereses de los grupos minoritarios y del partido de gobierno del momento no obtuvieron la victoria que creían tener.
¿Cómo ven el escenario actual en Guatemala en caso de que sean citados para audiencia de primera declaración?
Honestamente, no confió en el sistema judicial porque se ve que no se da la imparcialidad e independencia en los poderes del Estado, pero definitivamente el sometimiento a la justicia es algo para todos los ciudadanos. Esperamos una resolución apegada a derecho.
Ya está por finalizar el periodo de vacaciones que tienen. ¿Qué pasará luego de eso con ustedes?
Somos guatemaltecos, hemos defendido la democracia. Los intereses obscuros que han entorpecido todo el proceso electoral y post electoral son evidentes, hay intereses de partidos que no lograron una victoria.
Nosotros pretendemos que la justicia sea imparcial y efectiva. Honestamente, en este caso hay un grupo de perdedores que no reconoce la derrota que obtuvo en el proceso electoral.
Los magistrados que perdieron la inmunidad son Rafael Rojas, Irma Palencia, Gabriel Aguilera y Mynor Franco.
