Óscar Schaad, jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales, sostiene que se está en la fase de análisis y será en el momento procesal oportuno que se tomen las decisiones.
“La fiscal General -María Consuelo Porras- nos instruyó para que en cada caso se realice un análisis de acuerdo con las circunstancias, ya que cada caso es diferente”, dijo.
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Schaad agregó que “procesalmente en su momento se deberá hacer los pronunciamientos ante las judicaturas que llevan el control de los mismos”.
En análisis
La continuación de la indagatoria a 14 implicados en la fase 2 del caso Construcción y Corrupción tiene a dos implicados por financiamiento electoral ilícito. Sus abogados dicen tener claro que los recientes cambios al Código Penal significarían beneficios para sus clientes y podrían solicitarlos en los próximos días.
Oscar Augusto Guerra Villeda, -acusado de haber aportado Q143 mil 200 el 2 de julio de 2011 a la empresa Impresos Urbanos, S. A., del prófugo Alejandro Sinibaldi- y José René González-Campo Hinojosa, expresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), -señalado Q558 mil destinados a financiar la campaña electoral de Sinibaldi, son los dos sindicados por financiamiento electoral ilícito, pero ahora tipificados como no registrados en la reforma.
Será el 9 de noviembre próximo cuando se conozcan las acciones de los abogados de los sindicados.
“El problema es la interpretación. El haber cambiado, a juicio mío, la forma en que se reformó este delito tiene efectos derogatorios, por lo tanto, el delito anterior ya no puede ser aplicado. La ley del Organismo Judicial es clara, se deroga una norma porque hay una nueva. La ley no es retroactiva salvo en cuanto beneficia al reo y acá lo que se dejó son las reglas claras para las elecciones, que se castigará al que aporte dinero a los partidos políticos de forma anónima”, explicó el penalista Juan Rodolfo Pérez, quien defiende a Guerra Villeda.
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Otros abogados litigantes consultados declinaron hacer comentarios sobre la reforma al Código Penal o la forma en la que afectaría a sus patrocinados, ligados a proceso penal por el delito de financiamiento electoral ilícito.
En el caso de Francisco Gallardo, abogado defensor de Rodrigo Arenas, quien está involucrado en el caso de financiamiento electoral ilícito al partido FCN-Nación, dijo que “están en análisis” de las reformas para determinar si afectaría en algo la petición que realizarían a la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, durante la audiencia de reforma del auto de procesamiento que tienen programada para el próximo 13 de noviembre.
Posturas
Los beneficios también podrían alcanzar a diputados señalados del delito de financiamiento electoral ilícito. Orlando Blanco, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza es uno de ellos.
El legislador ya perdió la inmunidad por un proceso de financiamiento electoral ilícito, sin embargo, hasta este lunes desconocía que la reforma aprobada por el Congreso ya hubiera sido sancionada por el Ejecutivo y entrara en vigencia.
“He acudido al MP y ante el juez correspondiente para solicitar, mucho antes de que se diera la aprobación, una clarificación de la sindicación porque ni siquiera acusado estoy. Ha existido una actitud pasiva de la fiscalía en ese marco que llama la atención”, afirmó el congresista.
Opinó que en este momento las autoridades deberán hacer una reformulación para determinar si se amerita seguir con algunos casos en función de la reforma que entra en vigencia.
“Mi posición es siempre estar dispuesto a aclarar las situaciones donde sea correspondiente, como lo he hecho. Soy el único acusado que siempre ha ido a decir que se avance con el proceso cuando otros tratan de dilatarlo”, indicó Blanco.
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El legislador señaló que lo que corresponde a quienes son señaladas es ponerse a disposición de los entes jurisdiccionales y esclarecer la situación.
Nineth Montenegro, diputada y secretaria general de Encuentro por Guatemala, tiene un proceso de antejuicio en su contra, señalada del mismo delito que el diputado de la UNE. Ella también aseguró desconocer que las reformas al Código Penal ya habían sido publicadas en el Diario de Centro América.
“Escuché declaraciones de los fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y de Delitos Electorales y ellos dijeron que el financiamiento anónimo seguía y ahora se llama no registrado y tiene pena, y fueron muy claros en decir que el financiamiento ilícito no se modificó en nada”, afirmó la parlamentaria.
Montenegro aseguró que el partido EG no tiene un solo hecho de financiamiento ilícito o anónimo.
“Todo fue registrado en el libro mayor, desde el cheque que mencionó la señora Paulina Paiz -colaboradora eficaz- y fue un error del contador. Desconocemos de dónde vino el supuesto apoyo que dijo el señor Salvador Paiz en torno a siete pasarelas y el aporte de Q1 millón 800 mil eran de varias personas que no era para el partido sino para sus campañas y lo que faltó es la declaración jurada que ya fue entregada”, afirmó la diputada.
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En el caso de Francisco Gallardo, abogado defensor de Rodrigo Arenas, quien está involucrado en el caso de financiamiento electoral ilícito al partido FCN-Nación, dijo que “están en análisis” de las reformas para determinar si afectaría en algo la petición que realizarían a la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, durante la audiencia de reforma del auto de procesamiento que tienen programada para el próximo 13 de noviembre.
