Los integrantes del directorio del Renap analizaron la Ley y el reglamento de trabajo de la institución para concluir en que Gallardo no puede ser removido del cargo, pero continuará suspendido hasta que haya sentencia en firme.
El representante del Ministerio de Gobernación, Francisco Rivas; del Congreso, Mario Sosa, y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Rudy Marlon Pineda y Julio Solórzano, participaron en la reunión.
Sin destitución
Sosa explicó que la Ley del Renap impide remover a Gallardo del cargo como director ejecutivo. “No se le puede quitar o despedir. Está suspendido hasta que aclare su situación, y por eso el Renap eligió a un director interino”, refirió.
Los integrantes del Renap encontraron en el artículo 21 de la ley de esa institución el impedimento para remover del cargo a Gallardo. La normativa establece en el inciso C una de las razones de remoción: “Ser condenado en sentencia firme por la comisión de un delito doloso”.
No se pudo obtener la opinión de los representantes del TSE ante el Renap, pero el presidente de ese ente electoral, Jorge Mario Valenzuela, explicó: “El derecho de trabajo no permite que por el momento sea destituido
—Gallardo— del cargo; sin embargo, se encuentra de suplente una directora”.
Gallardo fue ligado a proceso y aún está a la espera de si será enviado a prisión. Además, su gestión al frente del Renap termina el 2 de julio del 2017.
“Técnicamente, para nosotros él está fuera porque no creo que en 11 meses —tiempo para que termine su periodo— haya una sentencia en ese caso. Recordemos que los procesos son de larga duración”, indicó Sosa.
Suspensión
Gallardo fue ligado a proceso penal por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo. El Directorio del Renap determinó que la decisión del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, confirmó la suspensión.
“Aunque le hubieran dado medida sustitutiva o arresto domiciliario, no puede regresar —a la dirección del Renap— porque fue ligado a proceso. Debe haber en firme una sentencia. Caso contrario hubiera sido si el juez hubiera dictado falta de mérito. Gallardo hubiese podido regresar al Renap”, expuso Sosa.
Contratos
Gallardo es señalado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de haber favorecido la adjudicación de un contrato de Q53.4 millones a la empresa Super Control 24, vinculada con una red de corrupción que supuestamente dirigió el exbinomio presidencial Otto Pérez y Roxana Baldetti.
La empresa podría estar relacionada con el ex secretario privado de la Vicepresidencia Juan Carlos Monzón Rojas y el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla.
El propietario de la compañía es Miguel Ángel Martínez, quien en la campaña electoral del 2011 dio seguridad a Baldetti.
Durante el gobierno de Pérez Molina le adjudicaron contratos a las empresas de Martínez en distintas dependencias.
Los registros de Guatecompras determinan que se otorgaron contratos a las firmas de seguridad Grupo Escorpión, S. A., que obtuvo adjudicaciones en el Ministerio de Cultura y, con el nombre de Súper Control 24, en el Renap.
En la resolución en la que Gallardo fue ligado a proceso penal, Gálvez dijo que se hizo uso del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Guatecompras) y el proceso estaba diseñado para que ganara la empresa Súper Control 24, que no tenía experiencia para brindar el servicio.
Gallardo no presentó su renuncia al Directorio del Renap, pese a haber sido ligado a proceso. Mientras tanto, su abogado defensor le solicitó ayer al juez Gálvez medida sustitutiva, un día después de que su cliente fue ligado a proceso penal.
Por el mismo contrato otorgado a la firma Súper Control 24, Gálvez aclaró que la adjudicación no solo involucra a López Bonilla y a Gallardo, sino también a un representante del Congreso y del TSE, quienes aprobaron el proceso.
