Velásquez enumeró muchas necesidades de las instituciones del sector justicia, como ampliar la cobertura.
“Esto, naturalmente, requiere recursos. ¿De dónde va a sacar el país los recursos para que el Ministerio Público, el Organismo Judicial, la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) y el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) crezcan?”, cuestionó.
“Tiene —el país— que buscar la fórmula. Y la manera como un Estado obtiene recursos es mediante los impuestos”, añadió el jurista colombiano.
Las declaraciones las dio al terminar una reunión en la Secretaría de la Paz (Sepaz), donde manifestó interés por conocer más de los compromisos de los acuerdos de paz.
“De manera que es necesario que se examine en el tema tributario cuáles son las posibilidades del país para poder cubrir estas necesidades”, resaltó Velásquez.
Todo está vinculado, agregó, con el proyecto del Diálogo Nacional por la Reforma de la Justicia que, en una primera etapa, busca una reforma constitucional.
“Y estamos hablando solo del tema de justicia. No tengo ni siquiera mandato para referirme a las otras grandes necesidades que el presidente ha expresado públicamente; por ejemplo, en temas de salud, educación o alimentación”, subrayó el jefe de la Cicig.
Impuesto específico
En noviembre del año pasado, Velásquez sugirió un impuesto específico para dotar de recursos a las instituciones de justicia, como se había hecho en Colombia.
La propuesta específica era gravar los grandes patrimonios con un porcentaje para el sector justicia, lo cual desató las críticas y el rechazo de varios sectores, no solo del privado.
El mes pasado, el gobernante Morales afirmó que en lugar de un impuesto específico, prefería dar prioridad a un diálogo nacional.
De acuerdo con Antonio Malouf, presidente en funciones del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), un impuesto específico con destino específico no repercute en resultados adecuados.
“Si se dedican los recursos a obtener un MP muy fuerte, luego viene que los juzgados no alcanzan porque la Corte Suprema de Justicia no tiene recursos. Entonces, si tuvieran los recursos y hay muchas personas involucradas, lo que no alcanzará son las cárceles”, opinó.
Malouf agregó: “Si tuviéramos un Estado fuerte cuyos impuestos lleguen a donde deberían de llegar, no habría problema en ampliar la base tributaria, y dentro de toda esa fórmula, obviamente el sector justicia y sus instituciones podrían tener más recursos”.
Aspiración del país
El jefe de la Cicig explicó que, de acuerdo con los índices de criminalidad, puede establecerse una “necesidad escalonada” en el establecimiento de fiscalías municipales, de manera que pueda llegar el MP a una cobertura nacional, “porque esa tiene que ser una aspiración del país”, que todo municipio de Guatemala tenga una agencia del órgano investigador.
Recordó que la Fiscal General hizo un estudio acerca de urgencias y necesidades de cada municipio para definir dónde debería comenzar esa ampliación y dónde finalizar.
“La Fiscalía de Delitos contra la Vida tiene un número insuficiente de agencias fiscales para atender las casi seis mil investigaciones anuales que se generan por una cantidad similar de homicidios al año. Hay tan pocas agencias fiscales de la Fiscalía Anticorrupción que no permite, con éxito, adelantar una lucha contra la corrupción”, enfatizó Velásquez.
Agregó que el fortalecimiento institucional del MP supone que debe haber un crecimiento simultáneo del Organismo Judicial (OJ), porque el número de jueces en Guatemala está casi a la mitad de la media latinoamericana.
“Igualmente que es necesario fortalecer órganos de investigación: la Deic, pero también la Dicri, como en la necesidad de ampliación de la capacidad de esos órganos de investigación, y se requerirán más defensores públicos, por lo que habría que ver cuáles son las futuras necesidades del IDPP”, apuntó el comisionado.
Deuda de arrastre
El órgano investigador solicitó para el 2016 un presupuesto de Q1 mil 833.5 millones, pero fueron asignados Q1 mil 500.7 millones. Aparte de eso, el MP tiene una deuda de arrastre de Q238 millones del 2013, 2014 y 2015.
Esa deuda es producto de no haber recibido el presupuesto completo durante esos ejercicios fiscales, informó Julia Barrera, vocera de la Fiscalía.
“El presupuesto que se había requerido para este año era para la ejecución de algunos proyectos que tienen que ver con la cobertura del MP en el país, porque estamos presentes únicamente en el 10 por ciento del territorio nacional”, explicó Barrera.
Añadió que del presupuesto anual, casi Q1 mil millones, representan la planilla de trabajadores.
Estructura insuficiente
- El jefe de la Cicig abogó ayer por reformar todo lo referente a la carrera judicial y al consejo que lo regula, por considerar que, como está la estructura actualmente, que llega hasta jueces de Primera Instancia, “es absolutamente insuficiente” y no garantiza independencia.
- Mencionó el proyecto de ley de la carrera judicial que está en el Congreso y que iría acompañado de una reforma constitucional.
- “Lo que se plantea es que el Consejo esté integrado por siete personas. Un representante de la CSJ que no es magistrado sino representante elegido por el pleno, un magistrado de Apelaciones nombrado por sus pares, un juez de Primera Instancia nombrado por jueces y un juez de Paz. Y que estos cuatro elijan a otros tres especialistas externos que no sean de la CSJ”, explicó Velásquez.
Cacif
- Por la creación de empleos dignos que a su vez generen tributos abogó el presidente en funciones del Cacif, Antonio Malouf. “Los recursos han sido mal utilizados y el guatemalteco de a pie no ha querido pagar sus impuestos personales. Los impuestos personales son más bajos en Guatemala. En Cacif estamos proponiendo crear trabajos dignos. Cuando las personas tienen un trabajo pueden tener un mejor ingreso y con ello tributar”, explicó Malouf.
Congreso
- Jairo Flores, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, indicó que retomarán la discusión de la iniciativa que se presentó hace un año y que buscaba la creación de un impuesto temporal para financiar al sector justicia. “El año pasado, el presidente anterior solicitó opinión a instituciones, pero no tuvo respuesta. Volveremos a pedir su criterio técnico”, indicó.
