Temas como la jurisdicción indígena, un nuevo modelo de integración de la Corte de Constitucionalidad y la elección de Fiscal General, son solo algunos de los incluidos en la propuesta original, que en el Congreso han sido foco de discusión.
A partir de hoy, por segunda ocasión, los jefes de bloques intentarán conocer las más de 60 modificaciones sugeridas a la iniciativa, en un proceso que genera suspicacias por la injerencia de grupos de poder interesados en que la propuesta no avance o quede sin fuerza, mientras otros sectores esperan solo correcciones técnicas.
Buscan debilitar cambio
En el Congreso existen posturas que representan a sectores que están en contra de la reforma y buscan dejarla sin contenidos importantes, explicó Elvin Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (Iccpg).
“Eso se enmarca en un contexto en donde iniciamos el año viciado, recordando el proceso del 2014, por lo tanto vuelve a surgir la necesidad de que debe transformarse el modelo de selección de jueces y magistrados, es decir, acabar de una vez con las comisiones de postulación, por lo tanto la reforma apunta a una transformación importante en ese punto del sector de justicia”, indicó.
Para Díaz, existen grupos que desde el anonimato buscan frenar el avance de la reforma, mismo círculo que en las últimas semanas ha lanzado campañas de desprestigio contra el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, quien el viernes por la noche, en el canal CNN dijo estar sorprendido por el silencio que hay en el Estado acerca de tales ataques y acerca de las reformas.
El politólogo Juan Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), considera que las reformas son necesarias y el Congreso debe aprovechar el momento para contribuir con un compromiso que se asumió desde los acuerdos de paz.
“Muchas organizaciones participaron en espacios de discusión como el diálogo nacional y la mesa de seguridad y justicia en el Congreso. Ha sido un proceso donde ha habido muchas propuestas, pero en este momento queda en manos de los diputados”, dijo Sanabria.
Lo más extraño de la actitud de los diputados es que el mismo Congreso, a través de su presidente del año pasado, Mario Taracena, junto a los jefes de los otros dos poderes del Estado, presentaron la iniciativa de ley de reformas.
Durante meses, varios sectores fueron escuchados en todo el país, incluido empresarios y sociedad civil.
Riesgo de manipulación
De acuerdo a Dorian Taracena, diputado de Encuentro por Guatemala, el riesgo de que se vayan a presentar enmiendas adicionales a las consensuadas, es que podría incluirse algún elemento para bloquear las modificaciones constitucionales que se buscan, y se resta la posibilidad de conseguir 105 votos.
Aun con las enmiendas consensuadas, el parlamentario tiene reservas en cuanto a que se logren los 105 votos a favor, debido a los intereses de las bancadas.
“Hay algunos asuntos que no estoy seguro, por ejemplo, con el reconocimiento del derecho indígena nos quedamos con 103 votos. Ahora están mejoradas, pero sin perder el espíritu, pero seguramente también habrá problemas”, anticipó Taracena.
Agregó que otro de los temas que podrían generar polémica es el de cómo integrar las postulaciones de magistrados para la Corte de Constitucionalidad.
Una propuesta es que las universidades privadas que tengan menos de 25 años no podrán presentarse con representantes a las comisiones postuladoras, por lo que sólo habría tres que cumplirían ese requisito.
Despolitizar
Los cambios deben ir encaminados a unir criterios y generar consensos favorables para mejorar la iniciativa, explicó Elvin Díaz director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales.
El jurista no descarta que el proceso en el Congreso mejore la iniciativa original; sin embargo, todo se debe encaminar a contribuir con el fortalecimiento del sistema de justicia a través de enmiendas que ya se discutieron en las mesas técnicas y no por criterio político.
Los ojos en la carrera judicial
El politólogo Juan Carlos Sanabria señaló que “la carrera judicial es el corazón del proceso de la reforma. También incluye cambios en elecciones. Todo es clave para dar autonomía al Organismo Judicial y tener justicia pronta y cumplida”.
De acuerdo con Sanabria, los niveles de corrupción e impunidad han debilitado al Estado y se hace necesario, en este momento, que se aprueben las reformas y se puedan generar cambios en el sistema.
Para el politólogo, la variable que definirá el avance de las reformas serán los bloques mayoritarios en el Congreso.
Cinco sesiones
Según Dorian Taracena, parlamentario de Encuentro por Guatemala, no se tiene previsto cuánto tiempo pasará para aprobar las reformas constitucionales, pero calculó que no se necesitan más de cuatro o cinco sesiones.
Consideró que solo el tema de las jurisdicciones indígenas podría tomar un tiempo de discusión en el pleno. “Habrá oposición férrea, gente que va a presentar enmiendas o cualquier cosa que no sea lo consensuado”, comentó Taracena.
Cambios buscados
Diputados buscan modificar la propuesta consensuada por la PDH, el MP y la Cicig. Entre los puntos de discusión figuran:
- El presupuesto del Organismo Judicial se eleva del 2 al 3 por ciento la asignación anual.
- Diputados han sugerido que no se reconozca el derecho indígena.
- En el Congreso se busca que las universidades postulen candidatos a la CC. La propuesta original las deja fuera.
- La reforma deja al Congreso y la CSJ la postulación de candidatos a Fiscal General; diputados quieren una comisión.
- Limitan el alcance del Consejo Nacional de Justicia.
