Fischer y Fratti, acreditados como integrantes de la organización Guatemala Inmortal, llegaron la mañana de este viernes 24 de noviembre a la cita. Llevaban copia de la denuncia por escrito y otros materiales digitales, que les entregaron a la comisión, presidida por el diputado Enrique Montano.
“Nosotros comparecemos y ratificamos la denuncia que presentamos ante el Ministerio Público, la cual ya fuimos a ampliar la licenciada Karen Fischer y yo ante la Fiscalía”, dijo Fratti para formalizar la intervención, durante la cual explicaron los fundamentos para asegurar que hay delitos que perseguir.
Fischer fue más allá y sí aseguro que “se presume que existe un fraude electoral”. Y se puso la denuncia porque “hay una preocupación de muchos guatemaltecos, desde antes de la primera vuelta”.
No obstante, en la fase de preguntas de los comisionados, Fratti subrayó: “el fraude al que se refiere el Ministerio Público hace dos días, es el fraude al erario público, es el fraude a los dineros del Estado por la compra con sobreprecio, a ese fraude nos estamos refiriendo y es el que consta en la denuncia, a nada más”.
Fratti aseguró que el TSE contrató a la empresa Datasys para prestar el servicio de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), una herramienta de tecnología para enviar los resultados electorales y copia digital de las actas, sin embargo, según el denunciante, el Tribunal no supervisó el proceso y no lo tuvo bajo su control.
“Se brinda esta responsabilidad a una empresa que no se audita”, dijo Fratti, recordando ante los pesquisidores que “no se puede delegar la función pública a una empresa”.
El denunciante explicó que, a su criterio, el TSE no solo compró el sistema para la transmisión de datos, sino también delegó todo el control y supervisión, y a pesar de que hubo problemas técnicos e incumplimiento en algunos aspectos de la empresa, los magistrados no denunciaron ni ejecutaron las fianzas de cumplimiento.
“Nosotros pensamos que las Juntas Receptoras de Votos hicieron el trabajo lo mejor posible, pero quien debe analizar las actas en el sistema es el TSE”, insistió Fratti sobre las responsabilidades que tenía el Tribunal, no obstante “se brinda la responsabilidad a una empresa extranjera que no se auditó”.
Antecedentes
La denunciante Karen Fischer reconoció que ha presentado más denuncias contra el TSE, además de la que ahora llevó a los magistrados a una pesquisidora en el Congreso.
Explicó que la denuncia, presentada el 24 de agosto pasado, y su consecuente ratificación la han hecho por la preocupación que existe por un supuesto fraude electoral y porque “todo se llevó de una manera anómala”, en relación con la gestión de las elecciones generales pasadas.
“Fue una oferta sobrevalorada por Q148 millones, mientras que la otra empresa ofertó por menos de dicha cantidad y existen antecedentes como en el caso del Estado de Puebla, en México, donde el mismo sistema fue adquirido por MXU$50 millones -unos Q20 millones-.
La denunciante también subrayó que, como síntomas de las irregularidades en el TSE, “nadie quiso aplicar al cargo de director de informática del TSE”, algo que pudo obedecer a que “lo hicieron para evadir la responsabilidad penal, porque en las elecciones pasadas, el director y subdirector de informática terminaron en prisión”.
¿Apagón del sistema?
Fischer también habló sobre un apagón del sistema en los comicios de junio, una contingencia que no fue reportada.
Según la denunciante, el 20 de junio se cayó el sistema informático alrededor de las 9.30 y comenzó a recibir actas a través del Trep alrededor de las 12.05 de la medianoche; sin embargo, durante toda la noche se transmitieron resultados a través de medios de comunicación y redes sociales, por lo que antes de comenzar a recibir las actas oficiales de las Juntas Receptoras de Votos, ya se sabían los resultados.
“En la denuncia que obra en el expediente aparecen los nombres de quienes presentaron las primeras 10 actas del Distrito Central. Eran voluntarios que llegaron a preguntar qué hacían”, expuso Fischer.
La abogada denunciante también cuestionó la contratación de tres personas, asesores del TSE, originarios de El Salvador, Colombia y México. Según Fischer, los tres abandonaron el país cuando trascendieron las primeras denuncias y el TSE no ha explicado en qué asesoraban. Tampoco justificó el origen de varios viajes a distintos países, los cuales le costaron al Estado Q9 millones en viáticos durante la presidencia de Irma Palencia.
Agregó: “Yo conseguí el informe migratorio de estos tres personajes extranjeros que se esfumaron y también presenté el informe migratorio de la expresidenta Irma Palencia, dejemos que todos esos viajes fueron pagados con los impuestos, sino encima de todo, no justifican esos viajes. Hubo viajes a El Salvador, Panamá, México, son Q9 millones en viáticos en dos años”.
Durante la jornada de hoy, el encargado de informática del TSE, Jorge Santos, rechazó las versiones de los denunciantes, negando que se diera un “apagón” en el sistema utilizado en las votaciones. “No se fue el sistema, siempre estuvo funcionando”, agregó el informático mostrando a los diputados gráficos del funcionamiento del TREP en las pasadas votaciones.
Nuevo amparo
La Comisión Pesquisidora del TSE, recibió una notificación por una nueva acción de amparo que presentó la magistrada Irma Palencia, expresidenta del TSE previo, durante y después de las votaciones del 2023.
En la notificación que la comisión dio lectura, se les pidió un informe, trámite habitual para este tipo de acciones legales, para que la Corte pueda tener los antecedentes necesarios para tomar una decisión. La CC decidió de manera reciente no otorgar un amparo provisional a la magistrada Palencia, esta sería una segunda acción legal a su nombre.
Para el próximo lunes la Comisión Pesquisidora citó a los magistrados del TSE, y se espera que la próxima semana la Contraloría General de Cuentas (CGC) rinda un informe sobre los hallazgos localizados en el contrato del TREP y sobre el uso que se le dio a los recursos destinados para la planificación y ejecución de las votaciones.
