Lo necesario, a criterio de Gabriel Orellana, constitucionalista, es definir la ruta legal con la que los diputados van a recomendar o no este pago. El experto estima que algo primordial sería que la mesa de trabajo legislativa solicite un dictamen u opinión técnica a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y a la Contraloría General de Cuentas (CGC).
“Ningún presidente está facultado para hacer ofertas como si el dinero o el presupuesto de la nación fuera de su caja chica personal, este punto en realidad le conlleva varias aristas de tipo jurídico que bien podrían comenzar si hay o no una obligación ya prescrita, si es que existiera. Entonces lo que yo veo es que el Gobierno no ha tomado en serio, al menos desde mi perspectiva, un problema que tiene tantas aristas”, comentó.
Pero esta solicitud nació antes que la pandemia del covid – 19 tocará a las puertas de Guatemala, lo que traído complicaciones de todo tipo a nivel nacional, con hospitales prácticamente colapsados, pruebas diagnósticas que parecen ser insuficientes y la necesidad constante por comprar vacunas para inmunizar a la mayor cantidad de guatemaltecos.
Ello sin contar que aún existen secuelas por las tormentas tropicales de finales del año pasado, lo que podría complicar, aún más, la solvencia gubernamental para dar un pago de esta magnitud a un número aún no definido de militares retirados.
“Faltaría ver también de que manera el Congreso autorizaría ese supuesto pago, en el caso de que lo aprueben, porque podría ser en pagos fraccionados en distintos ejercicios fiscales, para ponerle un ejemplo, o bien podría estar sobre la base de crear alguna fuente de ingresos para cubrirlo, pero aquí lo que yo veo lamentable es que no ha habido una evidencia de buena fe en estas ofertas, me refiero a seriedad, porque ha sido sencillamente andar entreteniendo a la población”, añadió el experto.
Otra de las eventuales complicaciones que impedirán este resarcimiento es el artículo 155 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que estipula que a ningún guatemalteco o extranjero podrá reclamar una indemnización por daños registrados durante conflictos militares o civiles.
La eventual inconstitucionalidad que representa la ley es otro de los puntos a estudiar, además de los parámetros legales que estipula el propio presupuesto nacional, que tendría que ser aprobado antes del próximo 30 de noviembre.
“Aun cuando se discuta la inconstitucionalidad o no tenemos que ver el punto de las normas del presupuesto si facultan o no hacer esta disposición, yo creo que el punto de par, cualquiera que sea la decisión, será ver como se permite o no, conforme a las normas constitucionales del presupuesto hacer semejante erogación, ese para mi es el punto fundamental”, añadió.
Orellana resalta que es necesario que los diputados de la Comisión de Finanzas soliciten las opiniones jurídicas, tanto de la PGN como de la CGC, para establecer una ruta legal antes de comprometerse con los veteranos militares.
A favor
Para Jorge Vega, representante de los veteranos en situación de retiro, ya solventaron todas las dudas legales que podría impedir que el Estado otorgue a los retirados del Ejército el pago requerido por sus servicios durante el Conflicto Armado Interno.
La iniciativa de ley, además de solicitar un pago promedio de Q120 mil por cada uno, también busca que se les pueda apoyar con una casa, terrenos para trabajo así como un seguro de vida y gastos médicos.
La semana pasada los veteranos entregaron una serie de enmiendas para la iniciativa de ley en cuestión, donde eliminan la palabra “indemnización” y la sustituyen por “compensación”, para evitar que el 155 constitucional sea un impedimento para la ayuda económica.
“Ya con eso esperamos que no tenga ningún error, porque muchos medios están interesados en que esto no se realice, así como gente mal agradecida que hoy gozan de tanta libertad y democracia en el país, pero ahora se les olvida que fuimos nosotros quienes la defendimos y pelamos y ganamos para que el país este como este, ellos se oponen a que seamos recompensamos como se le dio a la otra parte, al grupo de terroristas se les dio mucho más de lo que estamos pidiendo y lo andan haciendo difícil”, resaltó Vega.
El representante resalta que todas estas peticiones se hicieron antes de que la pandemia llegará a Guatemala, pero considera que el Estado podría solventar estos requerimientos, que afirman son legítimos, ayudándose de los resultados que ha dejado la Ley de Extinción de Dominios, que permite el decomiso de bienes de procedencia ilícita.
“Todo lo del narcotráfico, lavado de dinero y esas fincas que han recogido, tierra para darle a los veteranos y poderlas trabajar es de lo que más hay. Eso sí está en posibilidades, le han recogido bastante al narcotráfico, incluso dinero, que la verdad yo no sé ni que lo hacen porque es para cubrir cosas y emergencias así como estas, causas merecidas”, amplió el veterano.
De momento las 14 asociaciones de veteranos del Ejercito afirmaron por medio de Vega sentirse confiados del trabajo que están haciendo los diputados en el Congreso, debido a que ya se comprometieron con un dictamen favorable a favor de esta iniciativa que aseguran tendría que ser tomada en cuenta para el proyecto de presupuesto 2022.
“La intención del veterano de guerra es que no pase de este año sin nuestra iniciativa de ley, que sea aprobada así en noviembre con el presupuesto ya aparezcan nuestros veteranos, porque si no aparecen va a haber un despelote porque yo le pido a Dios que los diputados si cumplan, muchos diputados están comprometidos”, concluyó.
Para el próximo miércoles los militares en situación de retiro tendrán una nueva reunión con la Comisión de Finanzas del Legislativo, en ella esperan acordar la cantidad de personas que serían beneficiadas con esta propuesta de ley, datos que serían cruzados con los registros históricos del Ministerio de la Defensa.
