En octubre del 2017 la CC ordenó que se le renovara la visa al comisionado sin mayor restricción, debido a que la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel y una viceministra habían condicionado la emisión del documento. Por lo que consideran que el presidente Jimmy Morales y el Consejo Nacional de Seguridad están violando esta resolución al negarle el ingreso al territorio nacional.
El dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), Daniel Pascual, indicó que están a la espera que la Corte de Constitucionalidad dictamine contrario a lo planteado por el presidente y se permita el ingreso del comisionado Iván Velásquez.
“Creemos que ya hay un antecedente del año pasado, cuando Jimmy Morales lo declaró no grato, y eso podría ser la base para resolver estos amparos, habiendo ya este antecedente. Por lo que creemos que habría un amparo favorable para que ingrese de nuevo Iván Velásquez”, dijo Pascual.
El dirigente campesino manifestó que, a pesar de las acciones del presidente, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres ya confirmó al comisionado al frente de la Cicig, aunque le pidió que lo hiciera fuera del país.
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Jorge Santos, de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), dijo: “Nuestra acción va en el sentido que la Corte de Constitucionalidad tiene en sus manos la defensa del orden constitucional del país”.
“Tradicionalmente la gente conoce que un golpe de Estado se da cuando se saca de manera violenta al presidente de la República, y lo acontecido, con el mensaje del presidente del viernes y la decisión de no permitir el ingreso al comisionado Velásquez, son precisamente un rompimiento al orden constitucional, ya que la intención es no querer acatar una resolución de la CC”, dijo Santos.
Añadió que en octubre del año pasado hubo una resolución que amparó al procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, donde obliga al mandatario que debe respetar el mandato de la comisión y permitirle hacer su trabajo y eso no lo está respetando.
Esperan resolución
Edie Cux, de Acción Ciudadana, señaló que la decisión del presidente de no prorrogar el mandato de Cicig y no permitir el ingreso del comisionado atenta contra la institucionalidad del país ya que se vulnera el acuerdo de la Comisión.
“La Corte debe resolver lo más pronto posible para restituir esos derechos que se han vulnerado. Además, creemos que Iván Velásquez no es una amenaza para el país, sino para los mismos grupos que ha señalado y ha denunciado la Cicig y el Ministerio Público. Incluso en el contexto que estamos el mismo presidente es el que está amenazando la seguridad nacional”, manifestó Cux.
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Mientras tanto, el procurador Jordán Rodas indicó que la CC resolverá las ejecutorias del amparo que le fue favorable en agosto de 2017 y que las acciones planteadas por el presidente denota que hay un riesgo de retroceder al pasado. “Otro Serranazo no lo queremos vivir en el país”, dijo.
“El país no es una monarquía. Es una república con división de poderes y nadie puede decir que no va a acatar órdenes legales. El estado de Derecho es acatar lo que resuelva la Corte, estemos de acuerdo o no”, aseguró Rodas.
Piden renuncia presidencial
En conferencia de prensa, Nery Barrios, de la Unidad de Acción Sindical y Popular (Uasp), señaló que rechaza la medida del presidente Morales al no querer ampliar el mandato de la Cicig. “Esto viene a dar un duro golpe a Guatemala, ese retroceso del cual ya la Cicig había implementado para investigar y capturar y atacar a la corrupción guatemalteca”, dijo Barrios.
“Este duro golpe para el país es un golpe de Estado técnico”, añadió Barrios, quien también anunció que se están planificando varias actividades en todo el país, como presión para que el mandatario revoque la decisión de no ampliar el mandato de la Cicig después del 2019.
“Pedimos la renuncia del presidente porque creemos que no está dentro de sus cabales, creemos que tiene una demencia y no está apto para seguir gobernando a Guatemala”, dijo Barrios.
Sin resolver acciones
Los magistrados de la CC no conocieron las ejecutorias de amparo solicitadas. Pero si dieron tramite a cuatro de cinco amparos presentados que buscan dejar sin efecto la decisión del presidente que no renovar el mandato de la Cicig.
Este martes fueron presentadas cinco acciones: Anibal García, Helen Mack, Alfonso Carrillo, Acción Ciudadana y el ´´ultimo presentado por Ramón Cadena, Brenda Lara Markus, Daniel Pascual y Walter Cuc.
En los primeros cuatro amparos la Corte ordenó que en término de 48 horas las autoridades impugnadas deben remitir un informe circunstanciado. Las autoridades impugnadas son el presidente jimmy Morales; el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart; ministro de la Defensa, Luis Ralda; ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel; secretario de Inteligencia Estrátegica, Mario Duarte; el procurador general de la Nación, José Luis Donado y el Director General de Migración, Carlos Morales.
Amenaza a la democracia
Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz guatemalteca, djo que las decisiones del presidente Morales “desafían la institucionalidad democrática y la autoridad moral y política de las Naciones Unidas”.
Menchú aseguró, durante un discurso en el debete de Asamblea General de ONU sobre la cultura de paz, que Guatemala vive “un proceso de remilitarización de las instituciones públicas y el poder civil” que amenazan la democracia y que van contra los pueblos indígenas y otros ciudadanos.
“Continúan las prácticas de las dictaduras del pasado, la represión, militarización y criminalización de las defensoras y defensores de los derechos humanos y asesinatos de líderes sociales, especialmente indígenas, que defienden la Madre Tierra”, expresó.
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