Este derecho se encuentra amparado por una ley que la organización promovió y respaldó desde su promulgación en 2008, por considerarla “una herramienta esencial para exigir al gobierno debida transparencia y rendición de cuentas”.
Señala que la iniciativa 5792 para reformar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) crea la Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública, organismo que estaría subordinado al Congreso.
El actual organismo encargado de velar por el cumplimiento de la referida ley es la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, expresaron que desde que la organización empezó a fines de la década de 1990 un movimiento para incorporar leyes de acceso a la información pública en los países latinoamericanos, distinguió que deberían tener las siguientes características de implementación.
Entre estas organismos autónomos, para evitar intereses políticos o de los funcionarios de turno; principios de apertura y transparencia; régimen de excepciones previamente establecidas; proceso expedito de entrega de información; infraestructura necesaria, y responsables con independencia para hacer cumplir la ley.
Hace énfasis que aquellos lineamientos de la SIP quedaron establecidos en una conferencia internacional con líderes de congresos nacionales, en la que se interpretó y se fundamentó, entre otros temas, el tercer principio de la Declaración de Chapultepec, que establece que “las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público”.
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Canahuati, presidente del Grupo OPSA de Honduras, y Jornet, director de La Voz del Interior, Córdoba, Argentina, remarcaron la importancia de que las solicitudes de los ciudadanos sean tramitadas por organismos autónomos que puedan dar garantías de ecuanimidad.
Agregan que “tal como está” el sistema actual es eficiente, como lo demostró un informe reciente de la Procuraduría que situó en 86 mil 715 los pedidos de información pública en 2019, muy superior a las 11 mil 289 solicitudes del primer año de funcionamiento.
“La ley está funcionando –dijeron los directivos de la SIP– y una reforma debería estar destinada a hacerla más operativa y eficiente, nunca a debilitarla”.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
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El miércoles 18 de noviembre, el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, escribió en su cuenta de Twitter que el acceso a la información pública es la herramienta que garantiza la fiscalización y apuesta por la transparencia.
Resaltó que ninguno de los tres poderes del Estado debe tomar decisiones sobre su funcionamiento. “Fortalezcamos la institucionalidad ya existente de ese necesario contrapeso”, enfatizó.
El acceso a la información pública es la herramienta que garantiza la fiscalización y apuesta por la transparencia. Ninguno de los 3 poderes del Estado debe tomar decisiones sobre su funcionamiento. Fortalezcamos la institucionalidad ya existente de ese necesario contrapeso. pic.twitter.com/j9oHXEDkTt
— Willy Castillo Reyes (@GuilleCastilloR) November 18, 2020
