En total los fondos para atender la emergencia sanitaria de la covid-19 suman Q14 mil 37647 millones. Se distribuyeron entre diez ministerios, secretarías y otras entidades públicas. Solo las dependencias del Ejecutivo administran Q11 mil 176.47.
Los recursos se invierten en los programas sociales o en bienes que sirven para hacer frente a la pandemia, como insumos médicos. Sin embargo, según reporta el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), ocho ministerios tienen una ejecución por debajo del 50 por ciento.
Entre estos resalta Cultura y Deportes (MCD), que dispone de Q15 millones para apoyar a los artistas que dejaron de laborar debido al confinamiento. A la fecha el ministerio no ha ejecutado un solo centavo de este fondo y tampoco tiene presupuesto comprometido.
El programa se anunció en septiembre, a seis meses de que se declarara el inicio de la pandemia en Guatemala. Se pretende contratar a artistas para que se presenten en el programa Escena Cultural que se transmite por Canal de Gobierno. El monto podría ser de Q3 mil, si es una presentación individual, o Q20 mil, si se trata de una agrupación.
Desde un inicio el gremio artístico advirtió que el proceso para calificar como beneficiarios era engorroso y requería de papeles que harían el trámite burocrático.
Al ser consultado, el viceministerio de cultura informó a través de comunicación social que recién el 21 de octubre se inició con la firma de los convenios de apoyos y en el lapso de una semana se comenzarán los desembolsos para los artistas.
Otro caso similar es el del Ministerio de Gobernación, que tiene Q80 millones asignados, pero solo ha invertido el 11.76 por ciento. Consultados sobre los atrasos en la ejecución, las autoridades de la cartera se limitaron a responder que “los procesos (de compra) llevan tiempo, según lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado”.
Hasta la fecha los recursos se han utilizado para la compra de mascarillas, trajes de bioseguridad, guantes, medicamentos, alcohol, gel para manos, cloro, termómetros, jabón, equipo médico, servicio de desinfección en las instalaciones, caretas fáciles, entre otros suministros.
Las unidades ejecutoras a cargo de las adjudicaciones son la Dirección General del Sistema Penitenciario, Subdirección General de Salud Policial y la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), que tiene a su cargo el programa de dotación alimentaria para hogares rurales con un presupuesto de Q350 millones, reporta 8.52 por ciento de los fondos de emergencia.
Al respecto, el ministro José Ángel López explicó las últimas semanas que los alimentos se compraron a través de un convenio con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), tal como lo ordenaba el decreto 12-2020.
López dijo que ya se trasladó la totalidad del dinero al PMA para la compra de más de Q506 mil, pero ello no se refleja en el Sicoin porque aún no se ha hecho la liquidación.
“En otras palabras nuestra ejecución financiera es del 100 por ciento, pero en Sicoin no se registra de esa manera porque cuando se hacen compras a través de convenios esto (la ejecución se refleja) hasta la liquidación de estos”, justificó López.
Ineficiencia y corrupción
Enrique Maldonado, investigador asociado de Diálogos, explicó que una de las razones por las que a las entidades se les dificulta ejecutar presupuesto es porque los funcionarios no saben utilizar la Ley de Contrataciones del Estado. La responsabilidad de capacitar a las unidades ejecutoras de cada dependencia es de la Dirección de Adquisiciones del Estado a cargo del Ministerio de Finanzas, pero la cobertura de estas enseñanzas es baja.
Además, muchos procesos de compra estaban viciados por corrupción. Eso impidió que las adquisiciones se hicieran con celeridad.
Otro aspecto para destacar, según el entrevistado, es la calidad del gasto. En el segundo reporte ¿A quién no llega la ayuda? de Diálogs se evidenció que los programas no siempre se invertían en la población más necesitada.
En el caso del programa Apoyo a la Agricultura Familiar que ejecuta el Maga se evidenció que, al 27 de julio, se había beneficiado a 48,375 personas. Sin embargo, departamentos como Escuintla, donde la tasa de morbilidad por desnutrición aguda en niñez menor de 5 años es de hasta el 29.7 por ciento, solo concentraban el cinco por ciento de beneficiarios.
Karin Slowing, extitular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), coincide con que en las instituciones no hay personal calificado ni que conozca la Ley de Contrataciones. Los funcionarios a menudo llegan a sus puestos por clientelismo y ello se refleja en la mala ejecución presupuestaria, menciona Slowing.
Aunado a lo anterior, este año hubo cambio de administración y hubo cambio de personal en las entidades que, probablemente, no está al tanto de los procedimientos para las adquisiciones públicas.
De momento, los ministerios que tienen mayores porcentajes de ejecución son Desarrollo Social, con el 78.21 por ciento y el Ministerio de Economía. Este último tiene a su cargo programas como el Bono Familia, que desde el Congreso y sociedad civil han sido señalados por corrupción y una mala selección de beneficiarios.
De tal cuenta, no solo se cuestiona la baja ejecución, si no el hecho que la ayuda no llega a la población más vulnerable.
