Prensa Libre consultó al Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación que confirmó que dicha asociación no existe.
El pasado lunes, Francisco Calmo De León, quien se identificó como el presidente de ese grupo, afirmó que “si para el 28 no hay una resolución no habrá votaciones y no habrá nuevo presidente”.
Además, amenazó con atacar con bombas a los policías que intenten detenerlos el día de las elecciones, pues sus conocimientos como exmilitares les permite crear estos artefactos.
Por esta situación el Ministerio Público (MP) abrió una investigación de oficio en la Fiscalía contra Delitos Electorales, confirmó Óscar Schaad, jefe de esa unidad.
“El delito que se está investigando es coacción contra la libertad política, regulado en el artículo 216 del Código Penal”, afirmó el fiscal.
Respecto de si los manifestantes habrían incurrido en algún delito al haber negociado con entidades del Estado a nombre de una organización inexistente, Schaad dijo: “Se tendrá que determinar dentro de la investigación ya que la persecución penal es personalísima. No se puede adelantar más siempre que la investigación se encuentre en curso”.
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Julio Solórzano, presidente del Tribunal Supremo Electoral, condenó las amenazas de este grupo e hizo un llamado a la reflexión.
“Ninguna de estas propuestas es viable, al contrario, es de lo más negativo que puede ocurrir, no solo por el proceso electoral, sino por la convivencia humana, no necesitamos esta clase de posiciones para reclamar los derechos que ellos aducen tener”, declaró el magistrado.
No impide negociación
Sergio Flores, comisionado Presidencial del Diálogo Nacional, confirmó que los supuestos militares retirados no tienen legalmente constituida una asociación y que el 21 de mayo estuvieron en la sede de la Comisión para informarse de cómo pueden constituirla.
“Al no estar legalizados tendrán problemas cuando se intente implementar las acciones que están solicitando. Si ellos se presentan como asociación deben estar legalmente constituidos porque para todos los beneficios que buscan se necesita personaría jurídica”, dijo el funcionario.
Expuso que el hecho de que no sean asociación no impide que se forme una mesa de diálogo con ellos. “No es tan necesario, nosotros nos sentaremos con ellos a dialogar porque son los actores de un conflicto”, precisó.
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Recalcó que la mesa de diálogo sigue convocada para el martes 28 de mayo, y en la misma participarán los ministerios de Defensa y Finanzas, así como el Fondo de Tierras, Instituto de Previsión Militar y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh).
Fernando Lucero, vocero del Ministerio de Gobernación, considera que el grupo “hasta este momento no” representa una amenaza real a la seguridad del país.
Y en cuanto a la amenaza de que utilizarían bombas en contra de policías el día de las elecciones para impedirlas, señaló que “de concretarse —las amenazas— se aplicarán todos los protocolos disponibles en ley para garantizar el desarrollo del evento democrático de elecciones”.
Denuncian que hay manipulación
Orlando Blanco, jefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), afirmó que como bloque creen que “hay un aprovechamiento de la situación porque se ha generado una supuesta crisis de movilización de exsoldados”.
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“Vemos que se creó una expectativa por parte de algunos grupos que querían incidir en el evento electoral al llamar a la gente a organizarse para que supuestamente tuvieran un beneficio, pero a la par de esto va el interés político de algunas agrupaciones”, puntualizó Blanco.
El congresista afirmó que las organizaciones políticas podrían estar vinculadas con esta situación son Valor, Visión con Valores (Viva) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) ya que “buscan la forma de capitalizar este movimiento de exsolados”.
“Vamos a acudir a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se garantice la seguridad y obligue a los ministerios de Gobernación y Defensa para que presten la seguridad y los comisiones puedan desarrollarse tranquilamente”, afirmó Blanco.
Luis De Lión, secretario de Comunicación del partido Valor, fue consultado sobre este señalamiento y respondió: “No tenemos ninguna relación con ese movimiento y ni siquiera hemos convocado a nuestros partidarios por el tema de la CC con Zury Ríos”.
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“No tenemos por qué hacer una movilización, no tenemos ninguna relación o vínculo con estas manifestaciones donde personas hacen diversas peticiones y de las cuales nos hemos enterado por los medios de comunicación”, afirmó De Lión.
Aníbal Rojas, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y miembro de la bancada Viva, también respondió que “cada quien tiene su opinión, sobre todo en un proceso electoral”.
“Sin duda algunos van a querer tomar partido de esto y aprovecharlo, pero en el caso nuestro lo que nos interesa es escucharlos y lo que queremos que quede claro es que no se puede amenazar el proceso electoral”, contestó Rojas.
Prensa Libre intentó obtener comentario del partido FCN-Nación, por las declaraciones de Blanco, pero el diputado Javier Hernández, jefe de bancada y secretario general del partido, no respondió a las llamadas telefónicas, ni a un mensaje que se le envió a su celular.
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