Armando Barreno, representante de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasán), asegura que las acciones del Ejecutivo son muy lentas y esto se refleja en que en agosto se presentó un plan de acción para atender a los afectados, pero en la reunión del jueves se presentó la misma estrategia.
“Se puede pensar que están tratando de dilatar todo para recurrir a la última acción, el Estado de Calamidad y que es la que la sociedad civil menos queremos”, explicó el activista.
Barreno también lamentó la baja ejecución presupuestaria de los ministerios de Agricultura y Desarrollo Social, con 34 y 30 por ciento de gasto en seguridad alimentaria y nutricional, respectivamente, cuando deberían estar por lo menos en el 50 por ciento.
Lea también: Senadores de EE. UU. envían carta a Mike Pompeo por políticas de Jimmy Morales
“La sociedad civil pide que se agoten los procedimientos ordinarios ante un temor de que la ejecución de recursos no sea eficiente en un Estado de Calamidad”, explicó Barreno.
Por su parte, Noemí Racancoj, quien también fue parte del Conasán, como representante de la sociedad civil, explicó que la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), como ente rector, tiene un plan de contingencia ante la canícula, ya que es un fenómeno que ocurre todos los años.
“Pero lamentablemente todo lo dejan a última hora. Decretar un Estado de calamidad no es una opción, porque ellos deben prever todos los eventos que se desarrollan en el año. La medida no es recomendada porque se debe considerar el contexto del país en cuanto a la corrupción”, indicó la activista.
Según Racancoj, establecer un Estado de Calamidad “es una estrategia del Ejecutivo para quitarse la responsabilidad porque tienen que tener planes de prevención”.
Andrea Aldana, defensora del Derecho a la Alimentación, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, estima que el Ejecutivo debía tener planes para atender a los afectados por el evento climático y la escasez de alimentos que ocurre cada año, pero debido a la falta de planificación, el Ejecutivo deberá recurrir al Estado de Calamidad.
“El problema es que no hay un plan sostenible, que permita que no se llegue a estas situaciones año con año. Se sabe que va a ocurrir, pero no se ha logrado plantear una estrategia o buscar intervenciones sostenibles para los efectos”, afirma la experta.
Para Aldana, la situación debe resolverse pronto en favor de los afectados. “El tiempo preocupa porque pasan los meses y se ven los efectos de la canícula prolongada, pero no se han atendido a las familias”, señala.
Los afectados
Barreno asegura que en el campo “la gente está tratando de subsistir”, pues utiliza los medios que tiene a su alcance para poder obtener alimentos.
Además, hay otra preocupación para cuando llegue la asistencia alimentaria y es que los alimentos no tienen pertinencia cultural, señala el representante de la sociedad civil.
Racancoj tiene otro panorama. “En el área rural mucha gente recibe remesas, y lo más importante ahora es educar a las personas sobre cómo satisfacer sus necesidades alimenticias”.
La activista señala que, además, el próximo año habrá un impacto mayor debido a que podría registrarse escasez de alimentos, de los cuales algunos precios ya se están elevando.
Lea también: Unas 43 mil familias guatemaltecas están en riesgo por sequía
Entre el 29 de julio y 12 de agosto el precio del quintal de maíz se incrementó y llegó a los Q154 quetzales (US$29.58), según la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación.
Según una evaluación de esta entidad, en esa fecha el aumento era anormal pues todavía existía “suficiente maíz en los principales mercados para cubrir la demanda nacional.
Análisis
Atrasos en la compra de alimentos a través de un contrato abierto es lo que según las autoridades impide comenzar a dar ayuda a las familias afectadas por el evento climatológico, por lo que entre el lunes y miércoles de la próxima semana se instalará una mesa técnica para analizar si procede o no decretar el Estado de Calamidad.
Esta mesa técnica estará sujeta a la respuesta que de la Procuraduría General de la Nación sobre el uso de un contrato abierto para la compra de alimentos, pero además, la cartera de Agricultura no cuenta con la disponibilidad presupuestaria para comprar esos productos de otra forma.
Lea también: Ejecutivo necesita Q600 millones para atender emergencia por sequía prolongada
El vicepresidente Jafeth Cabrera, quien presidió el jueves la reunión del Conasán, afirmó que el Estado de Calamidad sería la última opción para atender la emergencia y aseguró que no ocurrió ningún atraso intencionado para llegar a este punto.
“Estamos esperando los tiempos administrativos, lo que pasa es que la Ley de Contrataciones nos ha tenido atados y esto ha atrasado los procedimientos”, indicó.
Según Cabrera, será en octubre cuando se tengan los efectos de la canícula prolongada.
Desde agosto, se informó que se necesitaban por lo menos Q300 millones para atender la emergencia, por lo que se solicitó una ampliación presupuestaria en el Congreso; después, se anunció que las entidades vinculadas a la seguridad alimentaria aportarían para atender la emergencia.
Durante la reunión anterior del Conasán, efectuada el 16 de agosto, también se mencionó que sería necesario un Estado de Calamidad, pero después lo descarto y durante estos dos meses, el ministro de Agricultura, Mario Méndez Montenegro, afirmó que todavía se está a tiempo de atender a las familias, pues los efectos se verán a finales de septiembre y en octubre.
Contenido relacionado
> TSE ordena iniciar cancelación de Encuentro por Guatemala
> La CSJ rechaza recusación de Felipe Alejos y lo multa por plantearla
> Congreso se tensa en discusión sobre prohibir el rock y el reguetón
