El presidente guatemalteco declaró al abogado colombiano persona no grata y pidió su expulsión inmediata del país por coaccionar a los diputados y manipular a los magistrados y jueces a través de los medios de comunicación, aunque el Constitucional dejó en suspenso provisional esta decisión.
La fiscal dijo a los medios de comunicación que el comisionado colombiano podría seguir con su trabajo si el Presidente da marcha atrás en su decisión, que es, a su juicio, “inconsistente”, y avanzó que si Velásquez dimite ella seguirá como fiscal general, lo que generó aplausos entre el personal del Ministerio Público (MP).
Cuestionada por la posibilidad de que el Gobierno decrete un estado de prevención en el país, Aldana mostró su confianza en que esto no se produzca y recordó que la libertad de expresión, de manifestación, es una libertad del pueblo que “fortalece la democracia de un país”.
La decisión del presidente Morales de declarar non grato al titular de la CICIG ha provocado manifestaciones en las calles de Guatemala, además de la renuncia de la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, y de varios de sus viceministros, así como del comisionado para la Competitividad, Enrique Godoy, y de la vicecanciller Ana María Diéguez.
“No deberíamos desviar nuestra atención (…). Hay que luchar porque nuestros partidos sean transparentes”, dijo la fiscal durante la conferencia de Prensa.
Asimismo, y por motivos que se desconocen, Morales destituyó a su canciller, Carlos Raúl Morales, y al vicecanciller Carlos Ramiro Martínez, quienes habían recibido la orden presidencial de cumplir con los procesos para que Velásquez abandonase Guatemala.