Las tres dependencias nacieron los propósitos de fomentar la lucha contra la corrupción desde el Ejecutivo, estrechar los vínculos con gobiernos locales y Ejecutivo y velar por que se cumplan las prioridades presidenciales.
Están adscritas a la Secretaría General de la Presidencia (SGP), aunque manejan un presupuesto propio que solo pueden gastar en funcionamiento, explica Leyla Lemus, titular de la SGP.
Las tres comisiones tienen a su cargo 61 personas. En julio, el pago de sueldos y honorarios alcanzó Q1 millón 201 mil 155. Centro de Gobierno es la más costosa en su planilla. Tiene 24 trabajadores, incluidos cuatro asesores 0-29. La nómina de julio fue de Q494 mil 355.
Le sigue la Comisión contra la Corrupción, con 21 trabajadores, que representa Q409 mil 475 al mes. La Copresam tiene 16 empleados, por quienes se erogó Q297 mil 325, según información pública a julio.
Cada oficina tiene un presupuesto propio, que es de Q8.5 millones para Centro de Gobierno, Q11.5 millones para la Comisión contra la Corrupción y Q5 millones para Compresam. Ese dinero no pueden emplearlo más que en pago a personal e insumos de oficina, aseguró Lemus. Para octubre, deberán proyectar lo que no ejecuten y colocar ese excedente a disposición del Estado, adelantó la Secretaría General.
¿Son necesarias?
Luis Linares, analista político de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), considera que ya existen instituciones en el Estado que pueden desarrollar las funciones de al menos dos comisiones: Centro de Gobierno y Copresam.
Para cumplir las funciones de la primera, por ejemplo, está el gabinete de Gobierno, “es ahí donde el presidente pide cuentas y lleva el pulso de funcionamiento de cada ministerio”, explicó Linares.
Centro de Gobierno nace después de las reformas a la Comisión de Gestión Estratégica, que se creó en el 2017. Su objetivo general es “coadyuvar en la coordinación, acompañamiento, asesoramiento y verificación en materia de planificación, gestión y ejecución institucional para el cumplimiento de prioridades presidenciales, así como informar a autoridad superior ejecución de las mismas (sic)” y cómo “modernizar” el Organismo Ejecutivo.
Lo mismo sucede con la Copresam, que tiene entre sus responsabilidades fortalecer la comunicación y coordinación entre el Ejecutivo y gobierno municipal, así como fomentar las relaciones del Gobierno e instituciones regionales, departamentales, municipales y comunitarias. Estas funciones las podría desempeñar la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, que tiene a su cargo la Coordinación del Sistema de Consejos de Desarrollo, manifestó Linares.
“Estas comisiones no sumaron al presupuesto de la Presidencia ni de la Secretaría, operan con ahorros de otras instituciones de la presidencia. Y le insisto: ellos no ejecutan programas, no ejecutan proyectos (…) Su producto solo de gestión”
Leyla Lemus, titular de la Secretaría General.
Rubén Hidalgo, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), mencionó al Instituto de Fomento Municipal o a Segeplán, que pueden brindar asistencia técnica a los alcaldes, afirmó.
“El trabajo de coordinación está ya diluido en muchas instituciones del Gobierno, pero ante la débil cultura de cooperación y trabajo intersectorial se hace lo fácil, que es tratar de centrar el trabajo en una institución. La existencia de estas dos comisiones no tiene fundamento. Estos recursos podrían ser aprovechados en otros gastos”, cuestionó Hidalgo.
Linares añadió: “Las comisiones en general son solo un medio para nombrar a allegados que no se logran acomodar en ningún cargo público; entonces, se crean esas comisiones”.
En el caso de la Comisión contra la Corrupción, el problema no es que duplique funciones, sino que depende de la Presidencia de la República y no goza de independencia, como en su momento lo tuvo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), comentó Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
“Muchos, equivocadamente, creyeron que la Comisión contra la Corrupción era una sucesora de la Cicig, pero queda claro que no es ni la sombra. A pesar de ello, creo que de las tres ha hecho el trabajo más legítimo; pero es débil, no tiene independencia, porque está debajo del presidente”, expresó Barrientos.
Además, señaló que los alcances que pueda tener la comisión que dirige Óscar Dávila, exfiscal del MP, es que no tiene el alcance de supervisar entidades del Estado ajenas a la Presidencia, como las municipalidades.
La secretaria Lemus argumentó que el presupuesto de esas comisiones sale de ahorros de otras dependencias del Estado. Es decir, no implicaron cargas al presupuesto de la Presidencia ni de la unidad que ella dirige.
Según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), a la fecha Copresam ha ejecutado el 17.70 por ciento de su presupuesto, contra la Corrupción 20.70 y Centro de Gobierno 40.32. Las comisiones tienen vigencia cuatro años, a partir de los acuerdos de creación.
Centro de Gobierno: “No hay duplicidad”
- Miguel Martínez, director de Centro de Gobierno, respondió, por escrito, que egresó de la Usac como ingeniero químico y tiene experiencia en liderazgo y participación en grupos. Comentó que fue asesor en las comisiones de Cultura y Juventud del Congreso. Acredita experiencia en empresas privadas sobre microrredes de sistemas energéticos renovables y pasantías en el Ingenio Pantaleón. Sobre el gasto en funcionamiento, dijo que lo forman “expertos de alto nivel que apoyan en el monitoreo” de los ministerios para que las ejecuciones sean eficaces. Entre los logros, mencionó que gestionaron donaciones privadas y cooperación internacional. Apoyan en la habilitación de nuevos centros de atención permanente, dijo. Negó que se dupliquen funciones de otras instituciones. “No coordinamos ni participamos en ningún gabinete específico de gobierno, ya que los mismos son coordinados por Vicepresidencia”, explicó.
Contra la corrupción: “Fui claro con el presidente”
- Óscar Dávila, comisionado contra la corrupción, dijo que, según acuerdo, tiene la facultad para denunciar hechos anómalos, sin importar quién sea el involucrado. Ya han presentado siete denuncias en el MP y una en la Contraloría. Durante la pandemia, han detectado compras fraccionadas. Ya recomendaron frenar eso, aseguró. Actualmente, trabaja en una política pública contra la corrupción. “Estamos coordinando temas administrativos con Segeplán para su formulación. Hemos tenido reuniones con sociedad civil y sector empresarial, entre otros. Esta política servirá de mucho, y aunque tenemos carácter temporal —la Comisión—, esto queremos institucionalizarlo, para bien de la población”, explicó. Si en algún momento el Ejecutivo quisiera limitarle sus funciones, está anuente a denunciarlo, aseguró. “Yo fui muy claro y específico con el señor presidente al momento de mi designación”, manifestó.
Asuntos municipales: “Alcaldes no nos conocían”
- Luis Ruano, titular de Copresam, dice que los objetivos de la Comisión no se cumplían antes de su existencia. “Antes, había un vacío entre las municipalidades y el Gobierno Central. Nosotros hemos servido como hilo conductor”, afirmó. Destacó como logro haber dado acompañamiento a comunas que necesitan gestiones ante ministerios que antes no se atendían o tardaban las respuestas. Sobre las dudas de munis sobre cómo seleccionar la lista de beneficiarios de programas sociales, Ruano dijo que atendieron a 45 municipalidades. Añadió que como esa entidad es nueva, algunos ediles no la conocían. “Los ayudamos y orientamos con los listados de la economía informal y con el programa de dotación de alimentos. Hicimos una gira nacional en mayo, y tuvimos asistencia de arriba de 85 por ciento de municipalidades”. Trabajamos con alcaldes, para que no se sientan solos”, explicó.
