Este año el Congreso de la República le asignó un presupuesto de Q500 millones al TSE para la preparación y organización del proceso electoral 2023. De esto, han erogado Q35.5 millones, los cuales equivalen al siete por ciento.
Otros Q110.8 millones ya fueron comprometidos por la, según consta en reportes del Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Finanzas. Estos últimos eventos no figuran de momento en el portal Guatecompras, dado que se trata de compras directas por excepción.
Al consultar al TSE qué adquirirá con dicho presupuesto, se limitó a informar por medio de su oficina de comunicación social que el 90 por ciento de lo comprometido es para adquirir “insumos electorales y algunos materiales para arreglar mobiliario” para la Dirección Electoral. El resto sería equipo de cómputo, pero no se especificaron más detalles.
“Entre esos insumos electorales regularmente están los que se entregan a cada junta receptora de votas, como lapiceros, crayones, almohadillas, entre otros. Además de reparación de mobiliario que también se hace (atriles y mesas), por poner algunos ejemplos. Son procesos de compra que desde este año se han estado adquiriendo y que también el próximo, previo a la elección en junio, se deberán adquirir”, informó el TSE.
Opacidad
Estas compras por excepción han sido objeto de críticas por parte de tanques de pensamiento y organizaciones de sociedad civil, ya que, a diferencia de las cotizaciones o licitaciones, no facilitan la competencia entre empresas proveedoras.
Además, el TSE no publica en el portal Guatecompras los bienes o servicios que requiere, sino hasta que ya fueron adjudicados, lo cual limita la transparencia en estos procesos.
Irma Palencia, magistrada presidenta del TSE, ha justificado que el Congreso de la República, en la Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2022, le autorizó al TSE aplicar el artículo 44, inciso f, de la Ley de Contrataciones del Estado. Este faculta al órgano electoral a realizar de manera directa adquisiciones públicas vinculadas a eventos electorales, pero la condición es que éstas se realicen el mismo año en que se celebran los comicios. Este no es el caso, ya que las elecciones serán durante el ejercicio fiscal 2023.
Para expertos en adquisiciones públicas, el TSE no debiera hacer compras bajo esta modalidad, sino realizar cotizaciones cuando el monto es superior a los Q90 mil o licitaciones cuando se superan lo Q900 mil, tal como lo regula la LCE.
“El tribunal está haciendo un uso incorrecto de la excepción que está contemplada en el artículo 44 de la LCE. La ley es clara cuando dice que (las compras por excepción) se pueden hacer únicamente durante el año electoral. Ellos podrían hacerlas a partir del 1 de enero próximo, pero ahorita no”, dijo Marvin Flores de Acción Ciudadana.
Considera que los magistrados podrían enfrentar responsabilidades de tipo administrativo y deberían ser sujetos a una sanción por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC). Si además de eso, se detectara que hay una sobrevaloración en ciertos bienes o servicios podría haber incluso una responsabilidad penal, explicó el entrevistado.
Por su parte, Guatemala Visible expresó que, aunque el TSE pueda no estar obligado legalmente a usar el portal Guatecompras, debiera hacerlo en aras de la transparencia.
“El TSE, como entidad autónoma, no está obligada a utilizar el sistema de Guatecompras. Sin embargo, en la carta pública de fecha 10 de noviembre, Foro Guatemala y otras instituciones sugieren que, a pesar de no estar obligados, el TSE si debe utilizar Guatecompras”, manifestaron.
Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), comentó que es lamentable que una institución pública interprete de manera antojadiza la legislación para justificar compras que a todas luces son ineficientes y atentan contra las buenas prácticas.
“El hecho que apliquen el caso de excepción en un año no electoral porque así se decidió en el presupuesto me parece una excusa. Las buenas prácticas y el deseo de hacer compras efectivas y transparente debiesen motivar a las autoridades del TSE a aplicar modalidades competitivas. Son con presión competitiva se adquiere el mejor servicio al mejor costo. Escudarse en malabares interpretativos de las leyes es poco transparente, sospechoso e inefectivo”, dijo Flores.
Desisten de equipo biométrico
Recientemente, el TSE informó que desistió del equipo biométrico que pretendía adquirir para identificar a los votantes el día de la elección. Esta decisión la tomaron los magistrados luego de cuestionamientos de diversas organizaciones académicas, religiosas y de sociedad civil, que calificaron la compra de onerosa e innecesaria.
“Estamos viendo la incorporación de un aparato biométrico que pueda hacer toda la verificación de las personas que se presenten a votar”, explicó el 14 de julio pasado el magistrado Rafael Rojas, cuando aún era presidente del TSE.
Fue la primera vez que se conoció el tema del sistema biométrico, lo que generó dudas ya que este proceso de conteo estadístico puede hacerse cotejando los propios datos del Registro Nacional de las Personas (Renap), apuntaron en aquella ocasión las organizaciones sociales.
Las dudas aumentaron cuando los eventos de licitación se abrieron paso de manera inadvertida y sin un anuncio por parte de las autoridades electorales.
